El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo lleva varios días paralizado porque la Xunta no tiene dinero para pagar a un sustituto que supla a la jueza los días que tiene ir al médico a pasar la revisión de su embarazo. El juzgado lleva tres días sin titular y ha tenido que suspender varios juicios de malos tratos en los que se dirimían asuntos civiles. En los casos más urgentes, las víctimas tuvieron que esperar varias horas a que la jueza de guardia, el sustituto natural.

El expresidente de Caja Madrid y Bankia defiende en su declaración en la Audiencia Nacional que siempre creyó que su tarjeta 'black' era parte de su sueldo y que, como tal, los gastos ya eran declarados a Hacienda por la entidad. Cuando el fiscal Alejandro Luzón le pregunta quién le entrega la tarjeta al llegar a Caja Madrid, Rato asegura que fue el director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj. “Yo entiendo en ese momento que esa es una tarjeta que está englobada en mi remuneración y que es, por tanto, una tarjeta de uso personal”

'Unos sobres enviados a los Juzgados de lo Mercantil de la Gran Vía con un mensaje alertando de que contenían ébola obligó ayer a activar a los Técnicos Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional. Los cuatros sobres sospechosos, que iban dirigidos a los titulares de cuatro juzgados de lo Mercantil, llegaron ayer a mediodía a las oficinas judiciales situadas en el número 52 de la Gran Vía madrileña, han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.'

Un juez de instrucción de Madrid abrió una investigación para determinar si las supuestamente insuficientes medidas de prevención pusieron en peligro la vida del personal sanitario en contacto con el virus del ébola, informó este viernes la justicia madrileña. Menos de un mes después de anunciarse el contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, la primera infectada por el virus del ébola fuera de África, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid aceptó abrir una investigación sobre el caso.

El Gobierno español ha urgido a las autoridades paquistaníes a que lleven ante la justicia a los responsables del linchamiento de un matrimonio cristiano en el este del país a manos de una multitud que los acusaba de blasfemia. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España insta a las autoridades de Pakistán a "tomar todas las medidas necesarias" para llevar ante la justicia "a la mayor brevedad posible" a los responsables de este "cobarde acto de violencia que, además de truncar dos vidas humanas...

Según un juzgado de Palma un emprendedor no debe iniciar su negocio hasta que se resuelva su juicio por despido que puede demorarse 2 años, si quiere acceder al pago único de desempleo. La norma que incentiva el autoempleo exige que no te autoemplees durante al menos dos años...

Las ruedas de reconocimiento son un mecanismo importante en la identificación de muchos criminales. Noticias Cuatro les ofrece en exclusiva la primera grabación real de este tipo de identificaciones en un juzgado. Nuestra compañera Sandra Mir ha accedido en los juzgados de Valencia a una de estas ruedas, y ha estado al lado del agresor y de su víctima.

No es habitual escuchar a un juez de la Audiencia Nacional hacer declaraciones, por eso llama la atención que Eloy Velasco, el juez de la 'operación Púnica' lo haya hecho. Y lo ha hecho para quejarse de la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces. Pide economistas, interventores que ayuden en la ingente tarea de desentrañar la corrupción de cuello blanco.

Un caso grave de corrupción se paraliza dos años porque no hay escáner en el juzgado El episodio es digno de una comedia de Berlanga, y tan real como el colapso de los juzgados. Un juez de La Laguna (Tenerife) imputó el pasado martes cuatro delitos al candidato de Coalición Canaria (CC) al Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, entre ellos los de prevaricación y tráfico de influencias. Pero la investigación se ha retrasado más de dos años por la falta de un escáner en el juzgado con el

El Gobierno del Partido Popular ha apelado recurrentemente a la Ley de Amnistía para justificar la imposibilidad de juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Sin embargo, organismos internacionales y en defensa de los Derechos Humanos han señalado insistentemente que una ley de punto y final no puede encubrir las atrocidades de la Guerra Civil y la dictadura

La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado remitir al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid la denuncia presentada por CSI-F por la gestión de la crisis

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia ha multado con 1.502,53 euros cada quince días a la alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, que deberá afrontar estos pagos hasta que cumpla la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pavimentar un camino de acceso. El titular del Juzgado, Vitoriano Lucio Revilla, ha requerido al Ayuntamiento de Aguilar el inicio de las obras de pavimentación de este camino de acceso a Navas de Sobremonte antes del mes de noviembre.

Un juzgado de Tenerife investiga a un psicólogo por usar pruebas no homologadas para valorar a víctimas e imputados de violencia de género. Otra denuncia desvela la venta de informes psicológicos desde dentro de los mismos juzgados de Barcelona para satisfacer a clientes con posibles en lo que parece un asunto de corrupción.

El sacerdote de la diócesis de Valladolid Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación. El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.

Víctimas del accidente de Spanair sientan hoy en el banquillo a Mapfre después de 6 años de espera. La compañía de seguros fue demandada por los familiares de treinta fallecidos y uno de los supervivientes del siniestro, quienes reclaman 43 millones de euros tras considerar insuficiente la cuantía resultante de aplicar los baremos establecidos para este tipo de compensaciones.

Familiares y amigos aplauden a los detenidos del Frente Atlético a su salida de los juzgados

La Audiencia Provincial de Granada ha dictado una sentencia que prohíbe a los anunciantes utilizar las marcas de otras empresas como palabras claves o 'keywords' para mejorar sus resultados en los buscadores de Internet tras la demanda interpuesta por la empresa española Masaltos.com, según un comunicado remitido por la empresa denunciante.Esta sentencia ratifica la resolución del juzgado mercantil de Granada, que establece que el uso de nombres comerciales ajenos "vulnera los derechos de marca" de las empresas.

“Le quitaron a la niña por vía administrativa quince días después de que la vía judicial resolviera a su favor, sin que le permitieran ninguna defensa”, denuncia Judith Martínez, hermana de Nathalia. “Además, era un órgano incompetente porque vivían en Barcelona”, añade. En el proceso burocrático no intervienen jueces ni fiscales. Se hizo, dice Judith, “de forma técnica y anónima”, impidiendo que la respuesta de Nathalia, que desde que empezó el proceso no ha dejado de ejercer como pediatra en centros públicos, pudiera ser inmediata.

El informático fue acusado por espionaje industrial al pasar datos confidenciales de los clientes del banco suizo HSBC.

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha exigido este jueves la expulsión del sector de un trabajador que en agosto de este año apuñaló a su exmujer, también vigilante, mientras trabajaban juntos. A raíz de esos hechos, el hombre está imputado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y tiene una orden de alejamiento.

Colectivos profesionales y académicos denuncian que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende aprobar el Gobierno supone una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

“Con el Real Decreto, el primer mes de baja puede suponer una pérdida de unos 200 euros, con la normativa autonómica pierden hasta 450 euros”, explica Torre, quien señala el grave agravio comparativo entre trabajadores de diferentes comunidades autonómicas ya que, por ejemplo, mientras en los tres primeros días de incapacidad temporal, según la normativa estatal se cobra el 50% y según la regional no se cobra nada.