El Tribunal de Cuentas debe comunicar a finales de junio a una cuarentena de ex altos cargos del Govern las fianzas que les reclama por el dinero que presuntamente considera que se desvió para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat. Según una estimación realizada por su abogado a partir del expediente individualizado remitido por el tribunal contable, 4,5 millones de euros es la fianza que el tribunal reclamará al secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017.

El Tribunal de Cuentas reclama más de 5 millones de euros por la promoción exterior del proceso independentista catalán. No es la única cantidad que se pide, pues otro expediente señala otros casi cinco millones de euros, por lo que la suma total se acerca a los 10 millones. El Tribunal de Cuentas no está coordinado con el gobierno español , sino más bien al contrario. Para entender bien qué es lo que está pasando, es importante saber qué es el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, quien lo compone.

El jueves pasado, en su último pleno, varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron a su presidenta, María José de la Fuente, por la renovación del órgano fiscalizador, cuyo su mandato de nueve años concluye el 17 de julio. Y la presidenta reconoció que “no sabía nada”, según fuentes del tribunal. De la Fuente envió en abril un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, requiriendo el relevo en tiempo y forma de los 12 consejeros del tribunal, pero no obtuvo respuesta.

En 2013, el Tribunal Supremo -con el respaldo del Constitucional- alertó de la peligrosa politización del Tribunal de Cuentas, en manos de cargos designados a dedo por el PP -sobre todo- y por el PSOE, en lugar de los funcionarios de carrera que corresponderían a una institución saneada. Actualmente, este Tribunal cuenta con once miembros. Siete de esos once consejeros, presididos por María José de la Fuente (PP), son del Partido Popular. Entre ellos el hermano del expresidente José María Aznar, Manuel Aznar.

La causa de Exteriores sobre el Tribunal de Cuentas analiza con lupa la acción de la Generalitat en el extranjero entre 2011 y 2017 y cuestiona viajes, conferencias y estudios que a su parecer tienen que ver con el Procés y suponen un gasto irregular. Un cuestionamiento en toda regla de lo que puede hacer el gobierno catalán que lleva al tribunal a reclamar más de cinco millones de euros a una treintena de ex cargos. Ahora bien, no siempre que el Tribunal de Cuentas ha analizado la acción exterior de Catalunya la ha cuestionado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En el Tribunal Supremo existe un malestar mal contenido, incluso estupor generalizado, con los últimos nombramientos para el Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el Partido Popular. Desde que se anunció que ambas partes se habían puesto de acuerdo para sacar adelante cuatro plazas de magistrado para el tribunal de garantías, las quinielas empezaron a funcionar. Diversos nombres salieron a la palestra y casi todos provenían del Tribunal Supremo.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ganado el derecho a pedir al Tribunal Supremo que bloquee su extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior dictaminó el lunes que podría haber planteado un punto legal que los jueces del Tribunal Supremo podrían considerar. El fallo significa que Assange puede solicitar al máximo tribunal del Reino Unido una audiencia, paralizando por ahora cualquier extradición desde el Reino Unido. Se le busca en Estados Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011. En dicie

Ya era bastante difícil revisar una sentencia en un tribunal federal de los Estados Unidos, y su tribunal supremo acaba de hacerlo aún más difícil el pasado lunes. En una decisión por 6 votos a 3 el tribunal dijo que dos personas sentenciadas a muerte no tenían derecho a presentar nuevas evidencias en un tribunal federal demostrando que habían tenido abogados ineficientes durante el juicio. Esta decisión aumenta las posibilidades de que gente inocente o no merecedoras de la pena sean encarceladas y ejecutadas.

El auto del Tribunal Constitucional por el que se prohibió al Senado, el pasado 19 de diciembre, continuar la tramitación legislativa de las dos enmiendas dentro de la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías establece que si las Cortes "rebasan los márgenes de la Constitución", el tribunal tiene "la irrenunciable responsabilidad" de "limitar la capacidad de actuación del legislador".

Los tribunales han acordado al menos 978 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, según los datos recabados hasta el día 31 de marzo por el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Estas resoluciones han supuesto al menos 104 excarcelaciones, advirtiéndose de que algún órgano judicial no ha aportado esta información.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado para más adelante la toma de cualquier tipo de decisión sobre los efectos del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó el 22 de junio pasado a España porque el máximo tribunal de garantías inadmitió el recurso de amparo que interpusieron en 2020 seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La cercanía del proceso electoral induce a pensar que los magistrados dejarán que pase para no interferir.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid (CAM) contra el Real Decreto de Bachillerato que, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había interpuesto alegando "falta de contenidos, elevada carga ideológica y vulneración de derechos". Sin embargo, el magistrado ponente, José Luis Requero, asevera que el tribunal considera que “la CAM mal puede reprochar al anexo II una exhaustividad, que ahoga la posibilidad de ejercer sus competencias, cuando ha dictado el Decreto 64/2022

El máximo tribunal de Naciones Unidas rechazó el martes la solicitud de Nicaragua de ordenar el cese de la ayuda militar alemana a Israel y renueve el financiamiento a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza. La votación fue 15 a 1.“Basándose en la información fáctica y los argumentos jurídicos presentados por las partes, el tribunal concluye que, tal como están presentes, las circunstancias no son tales que requieran el ejercicio de su poder... para indicar medidas provisionales”, dijo Nawaf Salam, presidente del tribunal.

El Tribunal de Cuentas del Estado troceó durante años proyectos de obras en su propia sede para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas y evitar así tener que sacar a concurso público la contratación del proveedor de servicios. El beneficiario de las adjudicaciones a dedo fue Ángel Ortega, un empresario que había realizado obras para altos cargos del Tribunal de Cuentas, entre ellos Javier Medina, actual vicepresidente de la

El Tribunal de Cuentas del Estado adjudicó contratos a un empresario que realizó obras de reforma en los domicilios particulares del vicepresidente de la institución y consejero de fiscalización, propuesto por el PP, Javier Medina, y de su hermano, Enrique Medina, que fue gerente del tribunal hasta finales de 2012. La institución "troceó" las adjudicaciones para no superar el máximo legal y evitar los concursos públicos.

La ley francesa de 2011 que prohíbe portar el burka o velo integral en el espacio público es acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos, según dictaminó hoy la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

El Tribunal de Cuentas admite la proliferación de relaciones de parentesco entre altos cargos, funcionarios y eventuales que trabajan en el órgano de fiscalización del Estado, pero rechaza que existan “irregularidades” o “enchufismo” en las contrataciones porque se hacen por oposición y/o con publicidad. De todas formas, se compromete a someterse a una auditoría externa en la materia, a aumentar la transparencia y a revisar la composición de los tribunales que deciden sobre las plazas.

El descarado nepotismo practicado en el Tribunal de Cuentas y el feo asunto de la empresa Gowex y la inoperancia de la CNMV vuelene a cuestionar la neutralidad y eficacia de organismos que debieran estar por encima de toda sospecha. Relacionada: www.meneame.net/story/nepotismo-tribunal-cuentas-corrupcion-como-cualq

El presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda, negaba en su reciente comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado que se hubiera producido irregularidad alguna en el organismo, ni en la contratación de obras de conservación ni en la selección de su personal del organismo. Desmentía así la denuncia hecha pública recientemente por un medio de comunicación con todo tipo de datos y detalles, que señalaba que el Tribunal de Cuentas acogía en su plantilla cerca de un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la instituc

El Tribunal administrativo de Colonia (oeste) autorizó hoy a tres enfermos crónicos que sólo pueden paliar su dolor a través del cannabis a cultivar las plantas para su consumo propio y terapéutico en su propio domicilio, en una sentencia pionera en el país. El tribunal dio la razón a tres pacientes que habían recurrido la prohibición de cultivar plantas de marihuana. . Noticias, última hora, víde

El Tribunal Supremo ha prohibido a la Generalitat de Cataluña incentivar el voto mediante campañas institucionales y ha advertido de que una "verdadera democracia" debe garantizar un marco de neutralidad que permita al ciudadano decidir con "absoluta libertad", incluso la abstención. El alto tribunal analiza el artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el artículo 43.3 del Estatuto autonómico de Cataluña en el mismo sentido que lo hiciera la Junta Electoral Central cuando impidió a la Generalitat difundir víd

El tribunal internacional de Camboya condenó hoy a cadena perpetua a dos ex líderes del Jemer Rojo por crímenes contra la humanidad, en la primera sentencia contra la cúpula de un régimen que causó 1,7 millones de muertos hace más de 3 décadas.