La Junta de Andalucía ha pedido a la juez Mercedes Alaya que se aparte de la investigación de los cursos de formación, al considerar que la remisión a la Guardia Civil del testigo clave, el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, vulneró el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que solicita que declare la nulidad del auto de 7 de marzo de 2014, por el que se abren estas diligencias, y se envíe la causa al decanato de los juzgados de Sevilla para su reparto.

La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir "vulneración del principio de juez natural"... Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros

La Junta de Andalucía ha pedido la nulidad de la causa que la jueza Mercedes Alaya sigue sobre el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por esta administración, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. En un escrito dirigido a la instructora del juzgado número 6 de Sevilla, los servicios jurídicos de la Junta esgrimen la petición de nulidad en la vuln

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado el escrito en el que el exdirector general de Trabajo.

La jueza Mercedes Alaya niega cualquier tipo de relación entre su marido, Jorge Castro, y el administrador judicial del Betis Francisco Estepa. Según apunta la Cadena SER, la magistrada argumenta en sus anotaciones que "la imaginada relación está basada en bulos periodísticos". El citado medio ha aportado los documentos que demuestran que Estepa fue abogado del marido de Alaya, en la época que Jorge Castro estuvo imputado por cuestiones referente a su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez.

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro dentro de la tercera fase de la operación 'Madeja', en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.

Los agentes de la Unidad Central Operativa se han personado la mañana de este martes en la institución provistos de cajas de cartón. El despligue para esta investigación se está desarrollando en varias provincias de Andalucía e incluso en otras comunidades autónomas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro dentro de la tercera fase de la operación 'Madeja', en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño.

Se trata de un jefe de Sección de Fomento, detenido en el marco de la tercera fase de la “Operación Madeja”, y que ha sido trasladado posteriormente a Sevilla a petición de la jueza Mercedes Alaya que instruye el caso.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado esta mañana una treintena de detenciones en el marco de la operación 'Madeja' contra la corrupción municipal en varias comunidades, entre ellas Extremadura. La operación se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes y carreteras. Junto a las detenciones se han producido numerosos registros en 12 provincias, uno de ellos en la Consejería de Fomento de la Junta.

La juez Alaya detiene a un jefe de ADIF sospechoso de un soborno con Viagra. La tercera fase de las investigaciones iniciadas con el escándalo de Mercasevilla destapan en Zaragoza uno de los aspectos más ruines de la corrupción. Aquí no solo se paga con dinero. Hay quien se vende (parece ser) por unas píldoras contra la impotencia.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado las 32 detenciones previstas en el marco de la operación Enredadera contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios, infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones.

La UCO detiene a una treintena de personas en a 'Operación Enredadera' que ha permitido desmantelar una trama que sobornaba a funcionarios y empleados públicos para conseguir contratos de distintas administraciones. La juez Alaya dirige el dispositivo que se ha desarrollado en trece provincias y que salpica de modo especial al Ministerio de Ana Pastor y a la empresa pública.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 90.000 euros de un exgerente de ADIF en Sevilla...

Nueva ofensiva de la Junta de Andalucía contra la juez Alaya el mismo día que Susana Díaz hablaba de transparencia parlamentaria. Si durante todo el caso de los ERE, la actitud de la Junta ha sido cuando menos confusa hasta el punto de pedirse su apartamiento de un caso en el que parecía estar de parte de los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento.

Solicitó su baja el miércoles por la tarde, justificando su decisión en el hecho de "no perjudicar a nuestra organización en este recorrido judicial que tengo pendiente". No obstante, ha apuntado que se muestra convencido de "su inocencia y honestidad", que volverá a solicitar su alta como militante al término de los procesos. La noticia de su baja se produce el mismo día que se conoce que la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE y del caso Mercasevilla, ha imputado a Rodrigo Torrijos en la operación Enredadera.

La juez Mercedes Alaya está dispuesta a tirar de todos y cada uno de los hilos surgidos de la 'Operación Enredadera' contra el amaño de contratos públicos. Entre ellos, del primer indicio dentro de la causa que apunta a una supuesta financiación irregular de una formación política. En este caso, Izquierda Unida (IU). Y todo ello gracias a la documentación intervenida recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sevilla.

La jueza Alaya asegura que la empresa Fitonovo pagó al PSOE cantidades de entre 30.000 y 60.000 euros durante cuatro años y que IU cobró 155.000 euros entre 2010 y 2011.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la empresa Fitonovo tenía "en nómina" a "multitud" de funcionarios "corruptos" que habrían recibido durante varios años "contraprestaciones sustanciosas" por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa "que han reportado a la empresa pingües beneficios".

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

La juez Mercedes Alaya ha cumplido con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.