La candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, aseguró que tiene la intención de deshacerse del "gasto superfluo" de la administración autonómica. En ese sentido, concretó la medida en la eliminación de las "agencias sin sentido" que se han creado esta legislatura, como por ejemplo la Agencia Valenciana Antifraude o la Agencia Valenciana de la Innovación, cuya eficacia cuestionó.

El concurso de privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aprobado y adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 fue un cúmulo de irregularidades de principio a fin que culminó con una adjudicación a empresas que no habían presentado la mejor oferta a unos cánones que perjudicaron -continúan haciéndolo- a las arcas de la Generalitat y con unas tarifas -las más caras de España- que los valencianos soportaron entre 1998 y 2014, año en el que el Gobierno de Alberto Fabra decidió bajarlas.

El Ministerio de Economía ha puesto sus ojos en lo que considera un foco inmenso de fraude y corrupción, como son las cerca de 1,5 millones de sociedades zombis. Con ello, se pretende eliminar a las empresas que hibernan en los Registros Mercantiles, con años de inactividad y soportando deudas que se comen todos sus beneficios cuando vuelven a operar. Estas sociedades pueden ser revividas para operaciones delictivas en cualquier momento, por lo que se pretende combatirlas, mediante la reforma de la Ley de Medidas de Prevención del Fraude.