Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha pedido este lunes a España que rechace dos proyectos de reforma que, a su entender, "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", indican. En cuanto al Código Penal, precisan que el texto "incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada de la ley".

El pasado diciembre, el Congreso aprobaba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el rechazo en bloque de toda la oposición. El Gobierno insiste en que es la respuesta a 'una demanda creciente de la ciudadanía española' aunque no haya datos objetivos que lo avalen. Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces Para la Democracia, nos hace una valoración.

Lo hará después de haber incluido todas las observaciones esenciales formuladas por los órganos consultivos. Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam han mostrado su rechazo por la medida. El Consejo de Ministros ya tramitó el pasado 29 de noviembre el anteproyecto.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge un buen número de infracciones susceptibles de ser cometidas durante las formas de protesta que han inundado las calles durante la presente legislatura. Este cuestionario pretende ser una guía práctica acerca de las multas contenidas en el anteproyecto, al que aún resta por incorporar nuevos informes de los ministerios de Justicia y Hacienda, recomendaciones del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos y las modific

El origen del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana puede situarse en el discurso del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona en 2012. En él definía la situación provocada por el 15-M y otras movilizaciones como de “incivismo”, concepto que incluía conductas tan opuestas como los “incendios forestales provocados” –un delito– y los “piquetes sindicales”. Ante este panorama, proponía “una respuesta coercitiva mas eficaz”. Este proyecto es el ejemplo paradigmático de ella. Los derechos individuales saltan en pedazos..

Jorge Fernández Díaz aseguró en el Congreso que las protestas con altercados han sido 72 en tres años, mientras que el PP las eleva de 1.000. Las consignas del partido a sus cargos para defender la norma se escudan en que han resultado heridos 865 ciudadanos y 618 policías y guardias civiles y cifra el coste en 47,5 millones de euros. El documento define la ley como "garantista y democrática"

Partidos políticos y organizaciones civiles formalizaron con la firma de un documento su compromiso con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana si llega a aprobarse. El compromiso a derogar la ley ha sido formalizado con la firma de un documento por representantes de Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV y Podemos en un acto celebrado ayer en el Ateneo de Madrid.

La Ley de Seguridad Ciudadana, o "Ley Mordaza" tal y como la denominan sus detractores, ha cumplido dos meses. Este corto período de tiempo ha dado para mucho más de lo esperado. Pero sobre todo para generar muchas más polémicas de las que cualquiera podría imaginar. Fotos en redes sociales, llamar "colega" a un agente, o jugar al parchís a altas horas de la madrugada han provocado sanciones en aplicación de la nueva ley.

Un periódico sueco, Svenska Dagbladet, escribe un artículo de opinion donde politicos, juristas y profesores suecos explican y piden que se detenga esa ley. En la entradilla en la edición sueca se lee: "España está en camino de aprobar una ley que es incompatible con una sociedad democrática y abierta. La ley abre el camino a represivos usos del poder y deben parar." También enlaza auna recogida de firma para la petición. www.thepetitionsite.com/takeaction/118/707/055/

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este miércoles que ha modificado "algunos aspectos" de la futura Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que pudieran ser de dudosa constitucionalidad, atendiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.

La Ley de Seguridad Ciudadana española, motejada ley mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron 2 años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea

Las infracciones más graves alcanzarán multas desde 30.001 a los 600.000 euros de importe. Si se llega a aprobar esta normativa sustituirá a la normativa de 1992, conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta.

Una novedad es que perder tres veces o más el DNI en un plazo de 3 años será infracción leve. Será infracción grave la demanda de servicios sexuales cerca de zonas infantiles, como parques o colegios.

Lorena Ruiz-Huerta es abogada y activista de No Somos Delito. Tras criticar la actuación de la Policía en el programa de TV Salvados fue denunciada por injurias y calumnias. Para esta integrante de la Asociación Libre de Abogados, “la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana supone la defunción y el entierro de los derechos de participación democráctica”.

Movimientos sociales convocan concentraciones en diferentes puntos del Estado contra el proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del Partido Popular.

La Ley de Seguridad Ciudadana se ha aprobado hace dos días en la Cámara Alta, un día después de la reforma del Código Penal, gracias a la mayoría absoluta del PP.

Aunque fue un compromiso de la anterior legislatura, y no salió adelante al no conseguirse un proyecto de consenso entre las fuerzas progresistas, Pedro Sánchez no incluye la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en su programa para el 23J.

PowerPoint que ha dado el gobierno (no han dado texto). Relacionado el texto donde se refieren www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc2

La manifestación no autorizada ha conseguido un escaso seguimiento, como reconocían los organizadores, que sin embargo conseguían una amplia difusión en las redes sociales.

El Gobierno del PP dio luz verde en julio al proyecto de ley tras siete meses de consultas con organismos y entidades sociales, después de que el texto original llegara incluso a ser calificado de "inconstitucional" por los jueces. Sin embargo, las modificaciones no han sido consideradas suficientes y se prevé que salga adelante con los únicos votos a favor de los diputados del Partido Popular.

El Frente Cívico Jurídico eleva su petición a aquellos que cuentan con legitimación (Defensor del Pueblo, Diputados y Senadores) para la presentación inmediata de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El colectivo civil llama a los movimientos sociales a sumarse a esta solicitud ante el Defensor del Pueblo.