Nueve meses después del registro y con casi diez años de lucha a las espaldas, los miembros de la PAH creen estar ante “un paso de gigante” para hacer realidad “el derecho a la vivienda en España”. Estos son los aspectos clave de la norma impulsada por la PAH: Dación en pago retroactiva. Alternativa habitacional. Modificación de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Aumento del parque público de vivienda. Pobreza energética.

cómo afectará la futura ley al mercado de vivienda

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España experimentó en el tercer trimestre del año una subida del 3,56% respecto al segundo trimestre de 2018, según el informe trimestral de precios de venta de Pisos.com. Sin embargo la subida salarial media pactada en convenio hasta agosto fue del 1,65%, Para lo expertos, “la creciente brecha entre el precio de la vivienda y los sueldos limita las opciones del comprador, que debe esperar a ahorrar más o decantarse por un producto por debajo de sus expectativas”.

Los habitantes de las islas Baleares son, de lejos, los españoles que más tienen que apencar para poder comprarse una vivienda en propiedad: 15,6 años, con todas sus mensualidades, pagas extras y prorrateos, para conseguir el soñado “pisito”, exactamente el doble que la media de los españoles, que “apenas” requieren de 7,6 años de trabajo para abonar su vivienda. En el otro extremo del espectro están los riojanos, que necesitan algo menos de 5 años (4,8) de su sueldo íntegro para poderse pagar una vivienda.

Los alquileres están en su nivel más alto desde 2012, habiendo alcanzado los 8,87 euros por metro cuadrado en 2016. Barcelona y Madrid son las ciudades donde más aumenta el precio, un 11,84% y un 6,26% respectivamente, algo que está motivado por el gran aumento de la demanda del alquiler, posiblemente potenciada por el auge de las viviendas turísticas y la buena marcha de plataformas que ofrecen las viviendas como alquiler turísticos mediante economía colaborativa.

El relator especial de asuntos de Vivienda de Naciones Unidas, Miloon Kothari, aseguró el viernes que entre el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda, debido principalmente a su alto precio. Tras pasar 12 días en varias ciudades españolas, Kothari expuso el viernes en rueda de prensa las Observaciones de Carácter Preliminar, previas a la elaboración de un informe más exhaustivo que entregará en un plazo de tres meses al Consejo de Naciones Unidas y al Gobierno español.

Según SotySolar, el perfil actual del autoconsumo eléctrico en España corresponde, en un 60% de los casos, a viviendas de entre 100 y 200m2. El 20% serían viviendas cuya superficie va de los 50 a los 100m2 y el 16%, a aquéllas de más de 200m2. “Respecto a la distribución de las viviendas que apuestan por el autoconsumo en nuestro país, el 73% de ellas tienen dos o más plantas”. El coste de una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo de una vivienda de 100m2 viene a rondar los 4.000€, que se rentabilizan de media entre los 5 y 7 años

Pablo Llarena vuelve a ser objetivo de los independentistas más radicales. Miembros de Arran, las juventudes de la CUP, han difundido un vídeo en el que muestran cómo acudieron de noche al portal del bloque de viviendas en el que, según ellos, reside el juez del Tribunal Supremo. Los radicales de Arran identificaron supuestamente la vivienda de Llarena, y acudieron allí de noche y encapuchados. Tras abrir varios botes de pintura, mancharon de amarillo -el color fetiche de los independentistas y por la libertad de los presos del procés- la puert

El abuso en la aplicación del IRPH en el caso de la vivienda protegida está blindado por el decreto que establece cada plan de vivienda, el cual regula la actualización anual del tipo aplicable basándose en este índice. Esto limita enormemente las posibilidades de recurrir en vía judicial, puesto que no sería litigar contra el banco, sino contra un decreto, en la actualidad con escasas posibilidades de salir adelante en la vía contenciosa.

La Guardia Civil ha encontrado dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda en Vecindario, en Gran Canaria, según han informado fuentes de la Benemérita, que fue avisada por los propios vecinos ante el olor que desprendía la vivienda.

España afronta retos importantes en materia de vivienda que, en la actualidad, se ligan de manera especial a la dificultad del acceso a la misma en régimen de alquiler. La reforma liberalizadora de 2013, además de no dar los resultados esperados en lo relativo al incremento de la oferta de vivienda y la moderación de los precios, ha situado al arrendatario de una vivienda como residencia habitual en una posición de debilidad que no responde a las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad con las que se debe dotar al inquilino de...

El envejecimiento de la población y la precariedad laboral, que amenazan el estado del bienestar y el sistema de pensiones en España, tienen también repercusiones inequívocas sobre el mercado inmobiliario: el incremento de la demanda de viviendas de menor tamaño y la inclinación de los hogares hacia los alquileres frente a la propiedad

El derecho al uso de una vivienda es una modalidad a caballo entre la propiedad privada y el alquiler. Los objetivos que persigue pasan por evitar la especulación con la venta de vivienda y velar por los intereses de la comunidad que la habita. De algún modo, defiende la vuelta a la cooperativa y que ésta no sea sólo un instrumento para la construcción del edificio, sino también para su uso. En el derecho al uso, la comunidad es la propietaria del edificio. Esta práctica es habitual en el norte de Europa o en Uruguay.

Las venta de viviendas batió un nuevo récord en 2018. Durante el ejercicio pasado se inscribieron en los registros de la propiedad 515.051 operaciones, la cifra más alta en una década, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone un incremento del 10,1% con respecto al año anterior cuando se registraron 467.6400 transacciones.

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Berlin planea celebrar un referéndum sobre la prohibición de grupos inmobiliarios que acumulen grandes números de viviendas en la ciudad y la posibilidad de nacionalización de las viviendas de alquiler privadas. Las casas expropiadas, que se cubrirían aproximadamente 200,000, se convertirían efectivamente en el equivalente alemán de las viviendas municipales, que se entregarán a las rentas sociales, en un intento por reducir el costo de la vida.

Los desalojos y la falta de vivienda son dos de los problemas más apremiantes en Barcelona. Desde 2014, el número de casos de personas atendidas por los servicios públicos en proceso de pérdida de vivienda ha aumentado en un 245%. Si bien al comienzo de la crisis, el común de los casos estaba relacionado con ejecuciones hipotecarias, actualmente la mayoría responden a la incapacidad de las personas para cumplir con los pagos de alquiler.