En el año 2013, consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael, fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo 7 meses en prisión, sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba. En la noche del 16 de enero, sujetos irrumpieron en su casa y la asesinaron.