La deuda de las administraciones públicas subió en 22.473 millones de euros en marzo, mes en el que se decretó el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus, según las cifras publicadas hoy por el Banco de España. De este modo alcanzó un nuevo máximo histórico de 1,224 billones de euros, lo que su

Considera el sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega que este “programa” es un paso hacia el desmantelamient de la universidad pública. “La Xunta pisa el acelerador encargándole a la Fundación Empresa Universidade (FEUGA) y a una consultora externa un proceso masivo de liquidación de los títulos presenciales con el fin de que en el curso 2021-2022 la mayoría de ellos sean semipresenciales, impartiéndose toda la docencia teórica online”. Algo que “va de la mano” de la puesta en marcha de la primera universidad privada en Galicia.

Los usuarios, familiares y trabajadores de las residencias y de los servicios de dependencia, junto a los pensionistas, convocaron las "marchas cívicas" en defensa de unos servicios sociales "plenamente públicos" y como homenaje a las víctimas del coronavirus. Los colectivos integrados en la Alianza Galega polos Servizos Sociais Públicos para Maiores e Dependentes (Agssp) hacen un llamamiento a participar en este evento el próximo jueves 11 de junio en las siete principales ciudades gallegas, entre ellas A Coruña.

El peso del sector público en el Producto Interior Bruto es relevante en buena parte de las economías desarrolladas (rango 10-50% aproximadamente, según Mauro et al., 2015). En el caso de España, la contratación pública supone en torno al 10% del PIB y, dentro de este, el peso de la construcción de infraestructuras y las obras en general supone el 4% de la contratación total de la Administración.

Un grupo de quince medios independientes ha enviado hoy a la Secretaría de Estado de Comunicación y a diferentes partidos políticos una petición formal para impulsar una reforma de la Ley Acuerdo Marco de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005. En los últimos años, esta norma ha sido utilizada por muchos medios de comunicación para obtener campañas públicas y privadas falseando sus datos de audiencia con diversos métodos ilegítimos, y ha sido incumplida por administraciones de todos los colores políticos...

La totalidad del equipo ministerial del Gobierno de Malta está siendo investigado por un posible mal uso del erario público, después de que se destapase que cuatro ministros utilizaron fondos para promocionar sus cuentas privadas de Facebook.El comisionado de normas del Parlamento de Malta, George Hyzler, reveló en mayo a través de una investigación que los ministros de Infraestructura, Ian Borg; de Medio Ambiente, Aaron Farrugia; de Economía, Silvio Schembri; y el de Finanzas, Edward Scicluna, utilizaron incorrectamente recursos públicos

La crisis del coronavirus está dejando un agujero notable en las finanzas públicas españolas. El desequilibrio generado entre ingresos y gastos ha llevado a la deuda pública a alcanzar niveles no vistos en dos años, tras ascender al 99,2% del PIB (con datos de PIB de 2019), frente al 95,5% con el que cerró el año pasado. En términos absolutos vuelve a alcanzar un récord histórico.

En su intención por manifestar la necesidad de “reforzar la Salud Pública”, cuyas políticas “no han tenido la atención necesaria durante los últimas años”, Salvador Illa comentó que, con ello, se pretende “lograr un sistema preventivo y no solo curativo, que genere salud y no solo Sanidad”. En este aspecto, “es necesario desarrollar la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011”, la cual prevé la creación del citado Centro Estatal, con el fin de impulsar “la vigilancia, la evaluación de impacto en salud o la preparación y...

Representantes de decenas de organizaciones sindicales, sociales y vecinales se han dado cita este jueves, 25 de junio, a las 11 de la mañana, en la Puerta del Sol de Madrid, frente a la sede del Gobierno regional, en una acción-protesta por los recortes acometidos estos años en la sanidad pública madrileña.“Defender la salud como derecho” es el lema de esta concentración en la que los impulsores leerán y distribuirán un manifiesto con una tabla de propuestas y demandas que buscan “proteger, dignificar y mejorar la sanidad pública”.

Una familia de El Puerto de Santa María pidió plaza en hasta cinco centros públicos y se le asignó un colegio religioso. Un caso similar ocurrió en Vejer, mientras la coordinadora de la escuela pública denuncia la falta de plazas públicas en la capital.

Un total de 22 familias se quejan de no haber podido elegir colegio público para sus hijos. Seis continúan sin plaza y el resto han sido enviadas a colegios que se encuentran a 16 kilómetros de sus hogares. Aseguran que, durante las reclamaciones, les recomendaron tres colegios concertados como alternativa.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que "negar" una sanidad y una educación pública y gratuita es "negar los derechos humanos" y ha subrayado que los recortes son la expresión de "las políticas de clase"."Los recortes son la expresión de las políticas de clase y de los intereses económicos dominantes sobre la vida de las personas. Esto no es tema de política de derechas contra política de izquierda. Negar una sanidad y una educación pública y gratuita es negar los derechos humanos"

El autor rechaza la tesis de que a mayor gasto de la Administración, sin tener en cuenta la deuda pública, mejora la economía de un país, y alerta de nuevas crisis y más paro si se sigue esta receta.

En 2019, la Junta de Castilla y León invirtió un total de 12.644.586,6 euros en publicidad y campañas institucionales en medios de comunicación, frente a los 11.467.009 de 2018. Según los datos hechos públicos este sábado en el Portal de Transparencia de la Comunidad, el grueso fue a parar a los medios de comunicación impresos, 7,8 millones de euros, seguido los medios exclusivamente digitales, que recibieron 2 millones de euros, y de las radios, con 1,6 millones de euros en radio.

Gráficos y datos que salen del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Dicho informe se publica semestralmente y los datos que vais a ver son los correspondientes a Enero de 2019.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la parte de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de octubre de 2018 (OMS), que contiene la regulación de Madrid Central y las demás “ordenaciones permanentes”. La resolución judicial basa la anulación en un defecto de tramitación: la falta de cumplimentación suficiente del trámite de información pública. El proyecto inicial de la OMS se sometió al trámite de información pública y la modificación se introdujo en el proyecto definitivo como consecuencia de una alegación.

Dos conocidos elementos de la ultraderecha valenciana implicados en las agresiones del 9 de Octubre de 2017, buscados por su foto desde 2018 e identificados por Público en 2019, han sido finalmente imputados por la Justicia valenciana, elevando a 29 el número encausados por aquellas acciones violentas. El miembro de España 2000 Antonio Alemany Solsona, de 66 años, y el abogado de corruptos del PP y con 21 causas judiciales abiertas por amenazar a jueces, Luis Miguel Jiménez García, de 43 años, se incorporan al listado de imputados por las…

Tres mutuas ofrecen a más de 2 millones de funcionarios y sus familiares atención sanitaria privada pagada con fondos públicos. Muface tiene acuerdos con aseguradoras como Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV, cuyos proveedores son Quirón, Vithas, HM y otros grupos hospitalarios. Los mutualistas pueden elegir si quieren recibir atención en la sanidad pública o en la privada, aunque sólo pueden cambiar cada seis meses. Los defensores del modelo destacan la "satisfacción" de los usuarios, mientras los detractores denuncian que drena recursos públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia su intención de eliminar el sistema de pensiones de más de 900.000 empleados públicos mediante el desmantelamiento de estas prestaciones a partir del día 6 de octubre. Este nuevo sistema de pensiones provoca, de momento, reacciones dispares. La idea es derivar las competencias de Muface, Isfas y Mugaju a la Seguridad Social, de forma que las competencias de la Seguridad privada pasen a manos de la Administración pública.

En España hay 2.597.712 empleados al servicio de las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Por administraciones, los empleados públicos se distribuyen del siguiente modo: Administración del Estado: 512.767 trabajadores, el 19,74 % del total. Administración de las Comunidades Autónomas: 1.514.126 trabajadores, el 58,29 % del total. Administración local (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares ) 570.819 trabajadores, el 21,97 %.