El caso Villarejo se hace más grande a medida que transcurren los meses. Dos años después de las primeras diligencias ya hay casi medio centenar de investigados, dos grandes fortunas, dos partidos políticos y un banco en la palestra.

Se trataba del blog 'Spies in Madrid', con el que el exagente tenía intención de publicar noticias ocultando su identidad, y con la finalidad de "dar caña" a sus oponentes, tal y como apunta el propio Villarejo en el audio descubierto por la Policía durante el registro de la vivienda que el jefe del clan policial tiene en Boadilla del Monte (Madrid).

“Supe a finales de 2016 la operación que se estaba originando contra mí e incluso del magistrado escogido para dirigirla”, informa en una carta remitida al Juzgado.

La Audiencia Nacional investiga los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de un cantidad estimada en 10 millones de euros. En este caso, el objeto de las pesquisas policiales es el promotor inmobiliario José Pedro Iglesias Moure, del que no consta que haya sido imputado en la causa. Recurrió a Villarejo en diciembre de 2009 por intermediación del comisario jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca y le encargó un proyecto de "análisis e inteligencia con tareas de información

Cataluña es el mejor espejo para contemplar los distintos rostros del exministro,a quien por esos lares se le conocía como El Pato. La persona que sirvió de correa de transmisión entre el PP nacional y Convergència fue Fernández Díaz,un diputado cercano a las figuras del catalanismo. La máscara del ministro cayó y su amistad con los líderes catalanes saltó por los aires cuando se empezó a divulgar sus conspiraciones,con Daniel de Alfonso Laso,jefe de la oficina Antifraude en Cataluña y otros miembros de la policía patriótica..

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, pidió a comienzos de este año al CNI que descifrara los algoritmos endiablados . El Organismo descencriptó sin dificultad los dispositivos electrónicos de Rafael Redondo pero fue incapaz de descubrir qué contienen los aprehendidos directamente al comisario en los registros llevados a cabo en noviembre de 2017 debido a que el sistema de cifrado que salvaguarda a estos últimos documentos es aún más endiablado.

El exjefe de seguridad denuncia en un escrito al juzgado "maquinaciones" en su contra y ratifica su "plena colaboración" con la investigación.

La empresa del excomisario elaboró un informe en el marco de un litigio de la aseguradora con José María Ramírez Pomatta, que reclamaba 21 millones por su jubilación.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga si Bartolomé «Tolo» Cursach Mas, el rey del ocio nocturno de Palma de Mallorca, fue otro de los clientes del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, a quien habría pagado al menos medio millón de euros por el proyecto bautizado como «Swimming Pool», según la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ABC.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado por terminada la investigación de dos piezas de la macrocausa sobre los ilícitos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. En comparación con otros proyectos, como los instados por BBVA o Iberdrola, parecen encargos menores. Pero son las piezas 2 y 3 las que pusieron sobre la mesa el modus operandi que se repetiría en el resto de la causa: desde los informes hasta la fuente de los datos privados, pasando por la facturación fraccionada y las maniobras de intoxicación informativa.

El instructor y la Fiscalía anticorrupción consideran que el exdirector general de la empresa petrolera guineana Gepetrol Cándido Nsué Okomo y Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de Constancia Mangue Nsué Okomo, la esposa del dictador, Teodoro Obiang, contrataron al excomisario José Manuel Villarejo a cambio de 5,3 millones de euros.

Si el caso Gürtel ganó peso cuando Bárcenas hizo llegar sus papeles al juzgado (negando al principio que fueran suyos, ¿se acuerdan?), el caso Púnica gana datos ahora que Majarliza le ha llevado al juez sus papeles. En los que reflejó las comisiones que fue pagando a los políticos con los que trataba (o mejor, con los que traficaba favores) en los municipios de su ámbito geográfico: por supuesto en Valdemoro, patria de Paco Granados (ahijado político de Esperanza Aguirre), pero también de Getafe, de Pinto...

El juez asegura al partido ultra su presencia el día que declarará como testigo el abogado cuya denuncia por la financiación de Podemos investiga otro juzgado.

Fuentes jurídicas cercanas al proceso advierten que, sin los chats que demuestren la supuesta relación “estrecha” que había entre el fiscal y los abogados de Podemos, sobre todo en el caso de la letrada de la formación morada Marta Flor, el caso se cae y todo apunta al archivo de la investigación judicial y del expediente abierto sobre Stampa, si bien siempre será la fiscal general, Dolores Delgado, quien tenga la última palabra.

Hacienda envía al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un 'modelo' que refleja todas las grandes compañías de España que requirieron los servicios del comisario jubilado entre 2011 y 2012. Aparecen muchas otras grandes compañías de España, y otras no tan conocidas, lo que, de acuerdo a lo que explican las mismas fuentes, pondría encima de la mesa del juez García Castellón que no existían obstáculos para que cualquier persona física o jurídica pudiera contratar los servicios de Villarejo.