La jueza imputa a otras 15 personas entre los que se encuentran, además del exdiputado popular, el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, y el actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, así como a varios "intrusos"

Anula la imputación de Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano por la falta de precisión en los hechos relatados por la magistrada.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que suspenda las declaraciones fijadas para el próximo martes 29 de abril del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, han informado fuentes del Ministerio Público.

Hace una "motivación reforzada" de sus argumentos contra los ex directores generales de Presupuestos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La juez de los ‘ERE’, Mercedes Alaya, ha iniciado hoy el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes, entre ellas una en Luxemburgo, a la exministra Magdalena Álvarez para cubrir su fianza civil de 29,5 millones.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga, entre otras causas, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado este martes a la Guardia Civil "retener" el teléfono móvil a un periodista del diario La Razón porque creía, erróneamente, que le había grabado con dicho dispositivo.

Varios exaltos cargos se niegan a prestar declaración amparándose en la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la investigación está "agotada en sede judicial" por la presencia de personas aforadas. La jueza se ha negado varias veces dividir la causa o remitirla al Tribunal Supremo e insiste en que la instrucción se encuentra en la "recta final". Alaya esquiva la imputación de diputados o senadores.

La juez dice que Granado suscribió los boletines de adhesión de los tres “intrusos”, que eran conocidos del “conseguidor” Juan Lanzas, y de su propia esposa, quien “cobraría ilegítimamente rentas financiadas por la Junta de Andalucía”.

De los grupos políticos al programa 31L entre 2002 y 2009. La juez reclama los documentos "a la mayor brevedad posible". Son los informes popularmente conocidos como fondo de reptiles.

La magistrada acusa al exconcejal del PP en La Carolina, de haber sido incluido en el ERE de una empresa donde solo trabajó seis meses. Polo compareció ante la juez el pasado día 16 e intentó hacer valer dos sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

González de Lena [disclaimer: Fue director del Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y formó parte del equipo de José Antonio Griñan cuando éste ocupó la cartera de Trabajo] disecciona la instrucción del caso de los ERE con sólidos argumentos jurídicos, políticos y hasta filosóficos, aunque bien aderezados con ironía e ingenio. El artículo se publicó inicialmente en fabianoshoy.org.

La juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, considera "imposible" que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el resto de aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, quieren que se investigue el "origen de la filtración" de este documento por considerar que su publicación está provocando una "nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad".

La jueza califica el procedimiento empleado de "subversión del orden jurídico" Cree que se permitieron de "manera intencionada" una serie de irregularidades para favorecer a personas y empresas cercanas al PSOE, la Junta y los sindicatos

El secretario general de los socialistas ha prometido “limpiar de manzanas podridas la política” y se ha desmarcado de las declaraciones del preimputado por el caso de los ERE, José Antonio Viera, que aseguró que contaba con el apoyo de Sánchez.

Los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado este martes su preocupación por la filtración a los medios de comunicación del contenido de la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya en relación con el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el auto en el que la juez que investiga el caso de los ERE irregulares ordenaba "suprimir" y sacar del...

Es una situación ya recurrente en esta instrucción: la jueza no hace llegar ciertas actuaciones a las partes, éstas recurren la ocultación y la Audiencia les da la razón.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha comunicado la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los exconsejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno en un auto en el que considera que existen indicios "de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías" en presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1.650.000 euros al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet a cuenta de su imputación por las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40.317.001,21 euros a 24 imputados en la causa entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando también las fianzas civiles de 4.070.633 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, aunque su defensa ha presentado un escrito en el que pide una remoción de la nueva imputación y niega haber dado instrucciones al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en relación con las ayudas a Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.