Voy a decirlo de otra manera: el gobierno andaluz solo ha podido recuperar 1,2 millones de euros de los 855 millones que, en teoría, iban destinados a ayudar a empresas obligadas a despedir o a prejubilar trabajadores. La jueza Mercedes Alaya es quien ha calculado esa cantidad de destino incierto. El mayor fraude de la historia de España sigue sin resolverse y encima no aparece el dinero. Es una de las peores noticia del año.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos entre otras macrocausas, ha logrado una de las cuatro nuevas plazas creadas en la Audiencia Provincial de Sevilla

El concurso de traslado no está resuelto oficialmente pero los servicios técnicos del CGPJ han decidido que, por su antigüedad, la jueza obtendría la plaza que había solicitado.Podría diferir su cese hasta que otro magistrado la sustituyera o que la sala de Gobierno del TSJA propusiera una comisión de servicio de seis meses prorrogables para concluir algunas de las macrocausas que instruye.La juez

Obtendrá con casi total seguridad, por su antigüedad, una de las cuatro plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia de Sevilla. Además de los ERE, la magistrada instruye otras macrocausas, como la de Mercasevilla o la 'operación Madeja'. El posible adelanto electoral en Andalucía no influirá en los cuatro aforados autonómicos imputados en la causa.

El Grupo Parlamentario Socialista propone a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. Mantendrán así su condición de aforados y no podrán ser llamados a declarar por la jueza, si bien la causa en lo que a ellos respecta ya está camino del TSJA, quien no moverá ficha hasta la constitución del nuevo Parlamento andaluz.

La juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Mercedes Alaya deja constancia en su escrito de que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos.

Alaya rastrea cuentas bancarias por su sospecha de financiación ilegal en el PSOE La juez detona la bomba de los cursos a las puertas de una campaña electoral en la que Susana Díaz deberá encajar los sobresaltos por esta investigación y los ERE

La juez expone que el PSOE de Andalucia se benefició del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos.La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el "beneficiario" del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos por parte de la Administración de la Junta de Andalucía "fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales".

Alaya embarga 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta.El Juzgado de Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un total de 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía a fin de cubrir fianzas de responsabilidad civil que suman un total de 3.677.450 euros.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar como imputada a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que antes de ingresar en un monasterio de Constantina (Sevilla) fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía. La monja, que lleva casi tres años en el Monasterio de las Jerónimas de Constantina y ha mostrado su disposición a acudir al juzgado con sus hábitos, es una de las 34 nuevas personas imputadas en la causa por la juez, que ya ha acusado en

Criminaliza, se contradice, deja indefensos a los imputados. El abogado de Griñán ha atacado sin piedad a la jueza Alaya. Ya vivió abucheos a la entrada del juzgado, aunque cuente 50.000 seguidores en twitter.

En teoría, la juez no podía –ni debía– conocer antes que las defensas ese informe, cuya importancia en la instrucción es jurídica y políticamente crucial, dado que su hilo conductor y sus conclusiones coinciden con la hipótesis central de la instrucción de Alaya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá este martes el macroconcurso de traslado para magistrados. Mercedes Alaya obtendrá previblemente una de las cuatro nuevas plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha suspendido las declaraciones previstas esta semana de 35 nuevos imputados por ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de no imputar a doce de ellos por prescripción de los posibles delitos. En una providencia dictada el pasado 20 de marzo y conocida hoy, la juez informa de que suspende las declaraciones de los imputados por un delito de malversación hasta que se resuelva la petición de la Fiscalía.

Entre los detenidos, el exdelegado de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas. A esta hora, registro en la Delegación Provincial de Empleo de Huelva. La operación la dirige la jueza Alaya. Se esperan cerca de 20 detenidos.

La juez Alaya adquirió, junto a su marido, una inmensa finca de 400.000 metros cuadrados en la localidad sevillana de Castillo de los Guardas. Esa operación fue declarada ante el notario en marzo de 2011 por un precio de 150.000 euros. Precio por debajo del valor del mercado que se situaría en unos 400.000 euros.

Alaya acusa a la Junta de crear "una red de clientelismo político" a juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado "una red de clientelismo político" a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

La juez de Sevilla Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos a los 16 detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil... La Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de más de seis millones de euros...

La 'Operación Barrado' de la Guardia Civil que ha destapado una red de "clientelismo político" en la Junta de Andalucía que propició un fraude masivo en los cursos de formación tiene como principales protagonistas a cuatro exalcaldes y seis antiguos concejales socialistas.

La juez Mercedes Alaya ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 119.964 euros impuesta al que fuera ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura de la Diputación de Sevilla Elías Oliver, imputado en la operación 'Madeja' que investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos públicos para la empresa Fitonovo

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha considerado este viernes “desproporcionadas” e “innecesarias” las detenciones “masivas” y acompañadas “de difusión mediática” al poder afectar al derecho a la libertad y a la propia imagen de quienes padecen esa detención, todo ello en velada alusión a la operación ‘Barrado’ contra el fraude en los cursos de formación financiados por la Junta desarrollada esta semana.

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.