Las direcciones burocráticas de ambas centrales han sido dos apoyos clave para aprobar la Ley Iceta y la reforma laboral, dos de las condiciones de la UE para el desembolso de los fondos.

Las seis grandes empresas constructoras y de servicios, que se enfrentan en bloque a la inhabilitación para contratar con las administraciones españolas por varios casos de amaños, pujan por llevarse casi la mitad de los fondos Next Generation tras haberse hecho con el grueso del mercado en España y Latinoamérica.

La amenaza filtrada en las últimas semanas se ha concretado. Y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el primer reparto a las comunidades autónomas de los fondos covid-19 de la UE por parte del Gobierno al considerar que se ha "excluido a Madrid".

La Comisión Europea sigue al detalle el rastro del dinero destinado a reconstruir las economías de los países miembros tras la pandemia. Por el momento, el único país de la Unión que ha recibido los fondos es España, donde ya han llegado 10.000 millones. Y cada movimiento relacionado con el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está teniendo una vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades comunitarias.

La compañía naval española lidera el proyecto EDINAF, para trabajar en la arquitectura IT de los nuevos buques digitales El Fondo da su apoyo a la European Patrol Corvette (EPC) en la que Navantia participa junto a Fincanteri y Naval Group

Son varios los puntos que abordará este jueves el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, pero hay uno que resulta especialmente incómodo para la corporación. Es el relativo a las presuntas irregularidades que se han cometido durante la tramitación del Proyecto HAZ, que está financiado con fondos NextGen y que se dedica a la formación de 40.800 estudiantes en competencias digitales dentro de la corporación. El plan cuenta con un presupuesto de 76,9 millones de euros, que se le asignaron a la corporación tras la publicación...

El multimillonario primer ministro checo, Andrej Babis, se enfrentaba el sábado a nuevas presiones por sus negocios después de que un documento legal de la UE indicase que tiene un conflicto de intereses por los vínculos con empresas agrícolas que recibieron fondos europeos. El documento, al que tuvo acceso Reuters, podría agitar aún más la política del país centroeuropeo, donde se llevaron a cabo protestas masivas el pasado 23 de noviembre después de que el gobierno en minoría sobreviviera a una moción de censura por un presunto fraude

Según un informe publicado este martes por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) España fue el país de la Unión Europea que más irregularidades acumuló en el uso de fondos europeos regionales y agrícolas entre 2014 y 2018, con un total de 10.995 casos, que representan el 22% de todos los identificados en el bloque comunitario y con mucha distancia del segundo Estado con más casos irregulares, que es Rumanía con 5.563.

De hecho, no solo no se empleó el 67% de los recursos disponibles, sino que el 31% de los proyectos exigidos seguían sin siquiera comprometerse. Esto se traduce en que, hasta comienzos de 2020, nuestro país había sido incapaz de movilizar 12.084 millones aportados por la Unión Europea, en el marco de diversas líneas de actuación valoradas en 17.264 millones.

Ecologistas en Acción y otras 30 organizaciones de Europa han denunciado ante la Comisión Europea el proyecto MIREU (Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa). Entre sus objetivos estaba crear una base de datos sobre la aceptación social de la minería, y compartir conocimientos y experiencias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados proyectos. En España el proyecto ha mapeado 25 estudios de casos de conflictos mineros y recogió información sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas opuestas.

La propuesta del líder de la oposición, Pablo Casado, de consensuar la creación de una Agencia para la reconstrucción que coordine el reparto de los fondos procedentes de la Unión Europea no fue acogida con firmeza en La Moncloa ayer, miércoles.

Una lluvia de inversiones por valor de 750.000 millones de euros va a regar la economía europea durante los próximos años. Es la cuantía del fondo de recuperación europeo, la herramienta aprobada por la UE en ulio y que supone un decidido e inédito paso al frente para responder de forma colectiva ante la dura crisis económica desatada por la pandemia.

El Gobierno gallego afirma que tiene 108 planes escogidos pero que no los hará públicos hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos que deberán tirar de la economía en los próximos años. Se trata de proyectos impulsados por un número indefinido de empresas que tampoco se han dado a conocer y que han sido seleccionadas por la Xunta en una comisión interdepartamental interna.

El 'chute' de dinero europeo se deja notar en varias partidas, como la transición ecológica, el turismo (que recibirá 1.300 millones, frente a los 899 de 2018) o las políticas de vivienda y fomento de la edificación. Son un total de 2.253 millones frente a los 473 de 2018, lo que supone un aumento del 368%.

Caída del PIB histórica. Subida histórica de la tasa de ahorro, del déficit, de la deuda. Desplome del consumo: histórico, cómo no. La tentación de desayunar cada mañana con un nuevo fenómeno histórico devalúa ese término, pero la economía española ha sufrido dos reveses memorables en 10 años. El país de aquel arrogante milagro económico se despertó en 2010 con el estridente pinchazo de una superburbuja. En 2020 la crisis fue de una naturaleza distinta: un shock externo, la pandemia.

Mientras que Deloitte se limitó a dar fe de que la empresa cumplía con los requisitos legales, una pequeña consultora (Daiwa Corporate Advisory) aportó un informe para justificar que la aerolínea merecía el rescate por el estado de sus cuentas y el carácter estratégico para España de su negocio. Las ayudas de Estado que está repartiendo la SEPI serían ilegales de no estar arropadas legalmente por el 'Temporary Framework'. Se trata del mecanismo impulsado por la Comisión Europea con el fin de dar “la máxima flexibilidad a los estados."

El presidente del PP acusa al Gobierno de querer "comprar votos con el bono para los nuevos votantes de 18 años" con una medida que sale del presupuesto nacional y no europeo, y que ya está implantada en países como Francia o Italia

Nada más anunciarse el plan de "rescate" europeo contra la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, los socios comunitarios que tienden a ser más responsables en materia de estabilidad presupuestaria comunicaron sus miedos ante el despilfarro de recursos que podría ocurrir en otras demarcaciones del Viejo Continente donde el rigor fiscal brilla por su ausencia.

La Comisión Europea avala el segundo pago a España, al tiempo que se muestra preocupada por la sostenibilidad de las pensiones, reforma que se evaluará para el desembolso del cuatro tramo, dentro de 12 meses.

María Jesús Montero ha decidido dar un giro a la supervisión del seguimiento y control del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. El Consejo de Ministros ha nombrado este martes a Jorge Fabra como nuevo director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Fabra sustituye en el puesto a Rocío Frutos, nombrada en 2021 cuando se puso en marcha toda la maquinaria del Gobierno para acelerar la llegada de los fondos europeos que permitieran la recuperación económica tras la Covid-19.

Reynders además se refirió al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional y consideró que los cuatro nombramientos son "importantes" aunque estaban pendientes desde junio y que el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un "elemento esencial de estado de derecho".

El Gobierno creara un programa de financiación, llamado Espacio Audio, para “potenciar, dinamizar e internacionalizar” la industria dedicada al audio en español y en las lenguas cooficiales, en la que se incluyen los podcasts, pero también la música, audiolibros, entre otros formatos. Espacio Audio se enmarca en el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, que movilizará una inversión de 160 millones que provienen de la segunda fase del Plan de Recuperación, que fue solicitada a la Comisión Europea y serán administrados por el ICO.

La Comisión Europea está analizando si las últimas reformas del Código Penal diseñadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están de acuerdo con las reglas europeas, especialmente la reducción de penas a la malversación, porque podrían afectar «a la defensa de los intereses financieros de la UE», según ha reconocido el comisario de Justicia Didier Reynders en un debate sobre la situación en España en el pleno del Parlamento Europeo. Por lo que respecta a la rebaja del delito de sedición, Reynders explicó que se trata de una competencia exclu