Algunos como Forcadell no sabían que esta denuncia les iba a llegar tan pronto. El 10 de noviembre, Francisco Bayo Rodríguez, responsable de la sección de Sanidad del Sindicato Unión Sindical Obrera en Aragón, presentó una denuncia ante la Dirección General de la Policía de Zaragoza para denunciar un delito "compatible con conspiración para la sedición".

Josep Lluis Trapero envía un comunicado interno en el que ordena a todos los agentes del cuerpo que le remitan cualquier atestado sobre eventuales casos de sedición en Catalunya, para que sea él quien personalmente asuma "en todos los supuestos y sin excepción" las decisiones a adoptar. [...] "Esta cadena jerárquica se tiene que elevar necesariamente y en todos los casos hasta el comisario jefe", precisa Trapero en su escrito.

Ha enviado un comunicado a todas las unidades para dar directrices tras recibir la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pidió que le remitieran las actuaciones respecto a posibles delitos contra la Corona, contra las Instituciones del Estado y por delitos de rebelión y sedición. Noticias, última hora, vídeos y fotos de España en lainformacion.com noticias.lainformacion.com/espana/el-jefe-de-los-mossos-liderara-todas

¿Qué pasará si hay casos de sedición en Cataluña? Es decir, si los funcionarios no acatan la legalidad. Pues la Fiscalía ha pedido a los Mossos, que también son funcionarios, que actúen e informen a la justicia. Pero el comisario jefe, Josep Lluis Trapero, ha ordenado que cualquier investigación pase por él. Trapero es la misma persona que explicó la actuación de los Mossos en casos como el del empresario fallecido en el Raval al ser reducido por varios agentes o el del ciudadano senegalés en una redada en Salou.

Se trata de la primera vez que el Ministerio Público solicita que se impute a un cargo político en la Audiencia Nacional por sus declaraciones a favor de la resolución soberanista aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlament de Cataluña. Se trata del concejal del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), Joan Coma, quien en un pleno municipal hizo "referencias directas a la comisión de actos contra la legalidad".

En esta España a la deriva, con una clase política o sin ideas ni proyecto alguno excepto más gasto, más impuestos y más deuda, o, peor aún, con la intención de destruir todo lo existente y sustituirlo por una dictadura populista bolivariana, habría que estar ciego para no ver que unos y otros nos están arrastrando a un desastre político, económic

La actriz de 33 años y parlamentaria en 2013 por el Partido del Congreso hizo el comentario el domingo, días después de acudir a Pakistán a una reunión de jóvenes diputados asiáticos, lo que desencadenó un aluvión de críticas. "Pakistán no es el infierno. Nos trataron muy bien", indicó Ramya, en respuesta a unas declaraciones la semana pasada del ministro de Defensa indio, Manohar Parrikar, en las que este aseguró tras un choque fronterizo entre soldados indios y "terroristas" que "ir a Pakistán es lo mismo que ir al infierno".

El concejal de Vic, Joan Coma, ha salido en libertad tras declarar por un delito establecido en el Código Penal franquista de 1973. La Fiscalía ha pedido que se le retire el pasaporte.

La fiscalía acusa a 82 controladores aéreos de Baleares de un delito de abandono de funciones por el caos aéreo de 2010, pero no renuncia a solicitar 4 años de cárcel para cada uno por un delito de sedición. El Ministerio público acusa de forma principal a los controladores de un delito de abandono de funciones, por los que solicita una multa de 36.500 euros para cada uno y dos años de inhabilitación para ser controlador. Sin embargo, mantiene como petición alternativa cuatro años de cárcel para cada uno por un delito de sedición.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y la legión de dirigentes han elaborado un proyecto legal clandestino que pretende imponer en 48 horas la separación de Cataluña del resto de España se enfrentan a las gravísimas consecuencias personales de saltarse la ley.

La Guardia Civil ha comunicado al director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, su situación de investigado por la web del referéndum de independencia del 1 de octubre. Clotet, que ha declarado durante cerca de tres horas, ha abandonado el cuartel bajo la misma condición que el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, a raíz de su declaración este miércoles por la Guardia Civil.

La Fiscalía tipifica los incidentes ante la Consellería de Economía en Barcelona como un alzamiento "tumultuario" para impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales. Se trata del mismo tipo delictivo por el que van a ser juzgados 84 controladores aéreos en Palma de Mallorca por la huelga del puente de diciembre de 2010. Esta gravísima acusación no se aplicó siquiera en el caso del asedio al Parlament que obligó a los miembros del Gobierno de Mas a llegar a la Cámara en helicóptero

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por delito de sedición por los hechos ocurridos en Barcelona durante los días 20 y 21. Tras la detenciones de altos cargos y durante los registros en sedes de la Generalitat, se produjeron concentraciones y manifestaciones "llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes", según apuntó en su escrito el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.

El líder de la ANC ha sido citado a declarar por un presunto delito de sedición, junto al líder de Omnium y al mayor de los Mossos d'Esquadra.

El máximo responsable de los Mossos d' Esquadra, su director general Pere Soler i Campins, ordenó proteger a las personas implicadas en la logística del referéndum del 1 de octubre. Esta es una de las conclusiones que extrae la Guardia Civil en un nuevo informe que ha entregado a la jueza encargada de investigar si responsables de la policía autonómica, entre ellos el 'mayor', Josep Lluis Trapero, cometieron sedición por la actuación del Cuerpo el día de la consulta.

La Fiscalía estaría barajando citar al director de los Mossos, Pere Soler. Prisión sin fianza para los Jordis por "promover el asedio". Ingresan en prisión los líderes de la ANC y Òmnium.

La Guardia Civil ha advertido Òmnium que si durante el registro de la policía española de su sede promueve cualquier manifestación como las que hubo el 20 de septiembre durante una operación policial en la sede de la Consejería de Economía los responsables entidad serán acusados de un delito de sedición y, en este sentido, se detendrá a los responsables.

La causa por sedición contra el major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero podría sumar nuevos imputados. El juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) que investigaba la actuación de la policía catalana el 1-O se ha inhibido en favor de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a la que avisa de que existen indicios de criminalidad para imputar a ocho miembros de la cúpula de los Mossos, incluido su actual jefe, Ferran López.

El "Resumen de Actuaciones" de la Dirección General de la Guardia Civil sobre su cumplimiento de las órdenes judiciales para impedir el referéndum independentista en Catalunya reconoce: "En 11 casos que se confirma la apertura del punto de votación, pero la Fuerza optó por no acudir al existir tal número de personas concentradas en la puerta que hubiera requerido un uso tal de la fuerza que se habrían producido peores consecuencias para las personas allí presentes". Trapero, ha siso procesado por sedición.

La Fiscalía General del Estado baraja la posibilidad de reclamar a Alemania la entrega de Carles Puigdemont por delitos de sedición y organización criminal, según explican fuentes del procedimiento, que aseguran que la justicia española no abandonará la intención de convencer al ministerio público alemán para que aporte nuevas pruebas del delito de rebelión a los integrantes del tribunal de Schleswig-Holstein, los magistrados Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann, que rechazaron la extradición del expresidente catalán.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña canalizó las denuncias de ciudadanos de toda España contra los miembros del Govern por haber puesto en marcha el referéndum ilegal