La Consejería dirigida por Elena Cortés concluye la reestructuración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, que gestiona 80.000 viviendas públicas, reduciendo un 75% el número de directivos. Había uno por cada diez empleados.

El Ayuntamiento de Madrid va a sacar un concurso para ceder en derecho de superficie del suelo municipal por 35 años, para que los inversores privados puedan construir esta tipología de vivienda. Para Mariano Fuentes, delegado del área de Desarrollo Urbano, “las administraciones no tienen el músculo suficiente para poder acometer las grandes necesidades en materia de vivienda a las que se enfrenta la sociedad. Es esencial contar con otros actores indispensables, la iniciativa privada, ya que necesitamos la colaboración público-privada”.

El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de transporte, movilidad y vivienda, en el que se incluyen las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 80 años, entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El vicepresidente y titular de Vivienda del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y el arzobispo de Pamplona / Iruña y Tudela, Francisco Pérez, han firmado hoy en el Palacio Episcopal de la capital navarra un convenio inédito hasta ahora por el que la Iglesia católica ha optado por ceder un número de viviendas de su patrimonio actualmente en desuso para que puedan ser arrendadas por medio del programa público de alquiler social que gestiona la sociedad pública Nasuvinsa.

Medidas dirigidas a impulsar la recuperación del sector inmobiliario (63,680 millones de euros) facilitando la "digestión" del inventario de viviendas construidas sin vender y financiar la adquisición de inmuebles por entidades públicas para proporcionar casas a precios asequibles. El subgobernador del Banco Popular de China explicó que mediante este mecanismo de préstamo se pretende alentar la compra por empresas públicas de viviendas "a precios razonables" para destinarlas a la adjudicación o arrendamiento como viviendas asequibles.

Amnistía Internacional publica un nuevo informe en el que insta a la Administración Pública a paralizar los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. Los desahucios han sido el mejor ejemplo de cómo la crisis económica se ha cebado, desde su inicio en 2008, con las clases medias y bajas del país. Sólo entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.557 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España. Si se abre la horquilla y se elimina la condición de vivienda princi

Son muchos los factores entorno a la gentrificación. Por lo que respecta a Vivienda y Urbanismo, hace años que se están tomando medidas. Porque incluso las obras de mejora en equipamientos públicos que pueda realizar el ayuntamiento pueden tener unos efectos gentrificadores.

El Gobierno autonómico va a poner en marcha cinco experiencias piloto, una en cada provincia, para transformar edificios públicos en desuso en vivienda de alquiler social en municipios afectados por la despoblación.

La Ley por el derecho a la vivienda ya ha completado todo su periplo legislativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el texto de la nueva norma, que en su disposición final novena establece la entrada en vigor para “el día siguiente” al de su publicación. Es decir, que la ley estará activa a partir de este viernes (26 de mayo).

El 22 de mayo se publicitaron cuatro operaciones para subastar parcelas por 11 millones que se resolverán con el nuevo equipo de Gobierno. Los terrenos están diseñados para vivienda protegida y de mercado libre, tanto en régimen colectivo como casas unifamiliares. Madrid convoca concursos también a última hora para la gestión del mobiliario urbano durante 12 años y la compra de cascos para la Policía .

La concesión será a 50 años, las viviendas deberán estar construidas en 36 meses y los adjudicatarios no estarán obligados a pagar un canon por el uso de suelo público. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio a principios de semana luz verde a la licitación de 46 parcelas distribuidas por toda la región, sobre las que, gracias a la inversión totalmente privada, podrán construirse 6.646 viviendas que deberán ser destinadas al mercado de alquiler, pero a precios asequibles.

La Comunidad de Madrid y el sector inmobiliario han sellado este lunes un pacto regional por la vivienda para movilizar a todos los recursos disponibles públicos y privados con el fin de reactivar esta actividad tras la pandemia del coronavirus, crear empleo y facilitar el acceso a la vivienda.

“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

En España, la llamada “protección oficial” no es otra cosa que el diferencial de interés que un banco cobra a las personas que compran una vivienda calificada como “protegida” frente a otra en el mercado libre. Es un sistema de redistribución de la riqueza en el que el Gobierno negocia con los bancos para que rebajen una parte del porcentaje de interés. Esa parte la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Estamos hablando de dinero público. Ese que escasea. Habrá que elegir entre compra o alquiler. No hay dinero para ambas a la vez.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a la venta 5.756 metros cuadrados de suelo público distribuidos en diez parcelas de seis distritos. Todas tienen carácter de uso residencial libre en régimen de vivienda colectiva, lo que significa que los compradores podrán iniciar promociones inmobiliarias para edificar pisos a precios de mercado y sin ningún tipo de protección. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a la venta espacios municipales de diferente tamaño con una edificabilidad mayor de 1.000 m2 por considerar que esta superficie "permite la...

La Comunidad de Madrid prepara la enajenación de un terreno de 776,21 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas, junto a Santa Eugenia, con la excusa de " incidir en el mercado inmobiliario"

El Gobierno ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda para afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos del texto final del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor este domingo, pese a estar incluida en el texto inicial.

¿Por qué todo el mundo quiere vivir en Rivas Vaciamadrid? Quizá todo el mundo es una exageración (como mucho los madrileños), pero lo cierto es que este municipio situado al suereste de la región de Madrid presenta la mayor demanda relativa de vivienda de toda España con bastante diferencia, superando a municipios con gran renombre en la Comunidad de Madrid (por su elevada renta per cápita y privilegiada situación) como Tres Cantos, Majadahonda o Las Rozas. Las búsquedas de vivienda en Rivas en los portales inmobiliarios se han disparado.

La creación de un parque público de vivienda en alquiler es uno de los principales objetivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que este lunes, además de impulsar la nueva Ley la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, ha hecho hincapié en la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo del 50% para esta tipología dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.