El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección del Parque Natural, no puede convertirse en un premio a los culpables El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que, a cambio de 1.400 millones para medidas de desarrollo socioeconómico y obras hidráulicas en la provincia de Huelva y en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), PP y Vox se comprometen a retirar la ley de regadíos que iba a regularizar pozos ilegales que llevan años regando cultivos de frutos rojos

Considera que el Gobierno andaluz busca regularizar por la puerta de atrás de terrenos que deben ser forestales, utilizando la Ley de Simplificación Administrativa que se aborda esta semana en el Parlamento.

Según WWF, con la modificación de esta norma, "los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal. La ministra, preocupada, hablará con Juanma Moreno. Paralelamente, se retrasa el acuerdo entre ayuntamientos para repartirse 70 millones en inversiones.

Por no perder fondos europeos. Es la razón del Gobierno para eximir de evaluación de impacto ambiental (EIA) a modernizaciones de regadíos de más de 100 hectáreas (las obligadas por ley). El Ministerio de Agricultura, en declaraciones a lamarea.com, rechaza que sea una exención, sino una “evaluación ambiental alternativa”. En 2024 ya se aplicó esta rebaja a 18 obras (1 de casi 7.000 ha, varias de 4.000). Se ampara en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que estipula "supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado”.

Aproximadamente 35 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente y regados con agua robada podrían estar saliendo hacia los mercados españoles y europeos ante la inacción de las administraciones. Esta grave situación se produce mientras el acuífero de Doñana se encuentra en una situación crítica. Pide a la Junta de Andalucía que cierre todas las hectáreas ilegales que son de su competencia. Además reclama al MITECO que multiplique sus esfuerzos para la clausura de todos los pozos ilegales que son de su competencia