El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado hoy en Mislata la mayor inversión de FP: 1.200 millones de euros, que se repartirán entre las comunidades autónomas. Se trata de una inversión que mañana aprobará el Consejo de Ministros.

Ha sido históricamente –en este país– la hermana pequeña, la opción de quien no valía para la Universidad. Pero la crisis de 2008 la sacó del ostracismo y la situó como una alternativa más y, en ocasiones, mejor. La Formación Profesional (FP) crece cada año y este curso va a pasar por primera vez del millón de estudiantes. Muchos de sus títulos tienen una empleabilidad del 100% y, de todos los jóvenes en situación de desempleo, solo el 13% tiene un título de la FP.

Y de repente, sin apenas tiempo para reaccionar, la Xunta anunció que esas clases dejaban de ser presenciales. Está sucediendo en más centros de FP y, por el momento, solo en Galicia. Profesorado y sindicatos entienden que lo que se esconde detrás de los cambios es una puerta a la FP privada, que ofrece esas mismas especialidades, autorizada por el Gobierno autonómico, y siempre de manera presencial

La oferta en centros privados ha crecido en torno a un 30% más que la de los de titularidad pública. En CC OO exigen un aumento de la oferta pública para garantizar la igualdad de oportunidades.

Ante una financiación pública insuficiente y muy dispar en función de cada comunidad autónoma, el sector privado se hace fuerte en un ámbito formativo en pleno ascenso, alimentado por la necesidad del alumnado y sus familias de conquistar un hueco en un mercado laboral hostil a la juventud. La comunidades que más sufren este desajuste de la oferta pública son la Comunidad de Madrid, seguida a distancia por Cataluña y Andalucía. La "garantía de un contrato posterior” de los centros privados abre un nuevo eje de desigualdad ante la incertidumbre.