El ingreso mínimo vital (IMV) contará finalmente con un respaldo parlamentario casi total. El PP decidió finalmente votar a favor. Aunque hace días los populares ya dejaron claro que no se opondrían a la medida, la duda seguía siendo si se abstendrían o darían el sí al ministro José Luis Escrivá. El grupo de Pablo Casado votará a favor para que se tramite como proyecto de ley. La sorpresa fue mayor cuando la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás anunció en la tribuna que su partido finalmente optará por la abstención.

El ministro ha tachado de "ignorancia" esa acusación y ha recordado que las garantías de ingresos mínimos a nivel estatal se implementan ya desde hace muchos años en países como Reino Unido, Austria y Alemania, entre otros, por gobierno conservadores, y que era una política que reclamaban desde instancias europeas al Gobierno de España desde hace años.

Aunque el ministro Escrivá ha celebrado la "extraordinaria capacidad" de la Seguridad Social para gestionar las prestaciones, han sido muchos los usuarios que han denunciado las dificultades con las que se han topado al intentar solicitar este subsidio

Más de 400.000 personas han solicitado ya la prestación y los trabajadores de la Seguridad Social esperan que la cifra se multiplique en los próximes meses

La Seguridad Social ha recibido en apenas tres semanas 510.000 solicitudes para recibir el ingreso mínimo vital, una cifra "enorme" que ha sobrepasado las previsiones

El colapso de la Administración y los problemas con los requisitos dificultan que la ayuda del Gobierno se materialice para las familias que están ya al límite

Los datos que maneja el sindicato apuntan a que, de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 —4.148 de forma positiva y 28.481 han sido rechazadas—.

La situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos [...]

Raquel, de 44 años, se quedó sin empleo por culpa de la pandemia. Con una hija universitaria y pagando 300 de alquiler, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha vuelto a negar la renta mínima.

“Nueva Ley de Renta Mínima para ilegales en Aragón: ‘Todo inmigrante que se afinque en Aragón tendrá derecho a 522€/mes. Basta con que se empadrone con el pasaporte de su país de origen, ni siquiera tiene que regularizar su situación en España’”. Este mensaje que se difunde por Twitter hace referencia a un artículo del diario ABC que afirma en su titular que “Aragón aprueba por ley una paga de 522 euros al mes para los inmigrantes que se empadronen en la región”.

El Ejecutivo conversa estos días con las comunidades autónomas para finalizar su diseño. Previsiblemente llegará al Consejo de Ministros del 26 de mayo. Debería estar en marcha en junio, con la vista puesta en 100.000 hogares al arranque de su andadura. Estas son las claves confirmadas de la prestación, hasta la fecha.

Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha han corregido con contundencia las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre los posibles efectos nocivos que puede tener el ingreso mínimo en la proliferación de economía sumergida. "La configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte de la economía sumergida, que actualmente roza el 25% del PIB", indican los técnicos de Hacienda, sobre el diseño de la nueva prestación, cuya precisión podría, lejos de incrementarla, reducir [..]

Los sectores simpatizantes con el liberalismo están escandalizados por el hecho de que haya un gran número de personas que vaya a percibir una renta básica a cambio de nada. Es por eso que cada vez son más los que piden que a cambio de ese ingreso, los beneficiados realicen trabajos comunitarios de cualquier tipo, como limpiar el monte u otras actividades que beneficien a la sociedad. Sectores dentro del PP, Ciudadanos y, por supuesto, Vox, ven con buenos ojos la idea.

El polémico ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, al dictamen de Unidas Podemos, tiene un nuevo detractor en la figura del diputado de Ciudadanos (Cs) Marcos de Quinto, que ha subido el tono esta mañana en Twitter y ha llamado «payaso» al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

Denuncian "discriminación" del Gobierno por dejar fuera del IMV a los perceptores de pensiones no contributivas que cobran menos de 400 euros al mes.

Se ha hablado mucho sobre si los extranjeros tienen las mismas condiciones que el resto de españoles para acceder al IMV. En resumen, todas las personas extranjeras que quieran optar a esta ayuda deben haber residido el último año en España de forma legal, pero existen algunas excepciones: menores que formen parte de un hogar, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Vox ha señalado falsamente a las víctimas de trata para compararlas con “cualquier inmigrante que llegue en patera”

Me he pasado media madrugada buscando en nuestros viejos periódicos carpetovetónicos algún editorial que critique a la iglesia española por demandar el ingreso mínimo vital, también, para los migrantes sin papeles. Quería leer cómo en ABC, La Razón y El Mundo calificaban a los obispos de bolivarianos.

Desde mi experiencia preconstitucional –empecé a trabajar en esta materia antes de la llegada de la democracia a España– la inclusión en la Constitución del concepto “asistencia social” en lugar de “beneficencia”, una palabra utilizada en el franquismo, se produjo en el último momento, en el debate del Senado. Con eso quiero decir que se modifican las palabras pero no se cambian tan fácilmente las mentalidades. Y creo que eso ha llegado hasta nuestros días. Detrás de la asistencia social sigue existiendo una mirada franquista...

Unos 30.000 perceptores de RGI que tendrán derecho al cobro de esta ayuda no tendrán que realizar la petición porque el servicio vasco de empleo lo hará de oficio. En Euskadi supone más un cambio en el gasto que en la cobertura de la pobreza

La sobrecarga en la red telefónica por el enorme número de llamadas y la falta de un acuerdo con los alcaldes para poder tramitar presencialmente las ayudas ralentizan los trámites

La extrema derecha y sus simpatizantes han cambiado de táctica. Después de ver que el recurso de desprestigiar el ingreso mínimo vital (IMV) no surtió efecto (la medida no sumó ni un voto en contra en el Congreso y sólo Vox evitó hacerlo a favor), han optado por darle una vuelta más al tema y plantear que las personas beneficiarias de este tipo de ayudas no puedan tener derecho al voto.

Este tipo de denuncia gráfica es muy interesante, sencillo y eficaz.

Un extrabajador de Tragsatec denuncia que les obligaban a registrar los expedientes como pendientes de información pese a cumplir todos los requisitos. Fue despedido al poco de negarse. CC OO confirma el descontento de los trabajadores de la Seguridad Social con la gestión de las solicitudes

El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado.