Abderrahim Ougra, que había sido cuarto en la prueba disputada en Malpartida de Plasencia, se esfumó y está ilocalizable desde entonces

Ha quedado demostrado que Antidopaje en España ha olcultado positivos mediante tres procedimientos. Uno, dilatar los plazos de notificación hasta que prescriban; dos, realizar los controles con una persona, en lugar de con dos como manda la reglamentación, para poder anularlos posteriormente por defecto de forma. Tres, recomendando al Gobierno no redactar la Ley de Pasaporte Biológico para que todos los positivos internacionales que se detectasen por ese sistema no pudiesen ser sancionados en España, paradójicamente, hasta que no hubiese ley.

Cuando el abogado Alberto Yelmo (Madrid, 1986) denunció las irregularidades que iba descubriendo en el Antidopaje español, desde la cúpula de la institución intentaron su inhabilitación como abogado. El problema era que no solo había encontrado represalias contra los trabajadores de Antidopaje ni casos de irregularidades, lo que había detectado eran patrones. Métodos para encubrir a deportistas que se dopaban mediante defectos de forma. Un problema que se remonta a la época de Lissaveztky y afecta tanto a PP como a PSOE.

Los organizadores de la polémica prueba máster de Villena quieren defender la limpieza de la mayoría de los inscritos a su prueba al señalar que no retiraron por ir dopados sino por no tener el suficiente nivel para seguir a los mejores.

Antes de que el purismo exacerbado analice este artículo como una promoción de la compra de dopaje es necesario aclarar que este reportaje es, solo y llanamente, una representación de la realidad. Los medicamentos y sustancias dopantes están, a pesar de un buen número de prohibiciones, al alcance de la mano o a golpe de un clic en el incontrolable mundo de internet. Cuando se habla de dopaje, en la mente pululan las bolsas de sangre, los laboratorios clandestinos o la compra en el inframundo del mercado ilegal, pero solo basta comprobar la...

Guillermo Jiménez salió de la política hace 20 años. Y no ha vuelto. Así de largo ha sido el castigo por no aceptar las presiones de un alto cargo del PP, que le instó a cerrar la investigación del ‘caso Manzano’, tras las descarnadas denuncias de dopaje del exciclista del equipo Comunitat Valenciana, cuando era director general del CSD.