El frecuente nombramiento de los mismos administradores concursales por los mismos jueces, la celebración de cursos en los que magistrados y administradores comparten mesa y mantel, la falta de preparación de algunos profesionales para desarrollar su labor... Las sospechas de que el mundo concursal español también está afectado por graves casos de corrupción han llegado a oídos de los ministros de Justicia y Economía, que por vez primera admiten en un informe "prácticas" que han podido bordear "lo admisible".

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), la principal asociación en España que representa al colectivo, considera que el número de administradores concursales que existe en el país "es excesivo para una especialización y un funcionamiento correcto de la profesión", hasta el punto de que no son necesarios más de 500, cuando hay registrados más de 12.000.

El Gobierno ha decidido endurecer los requisitos para poder ejercer de administrador concursal, abriendo la puerta incluso a la exigencia de pruebas o cursos específicos, e introduciendo criterios de eficiencia en la determinación de sus retribuciones, que a partir de ahora podrían ser reducidas si el juez aprecia que los procesos se alargan indebidamente. Las enmiendas 'populares', que recoge Europa Press y que serán revisadas en primera vuelta por la Ponencia parlamentaria el próximo martes, amplían los artículos de la Ley Concursal, de 2003

De los 1.500 expedientes de 2007 se ha pasado a 10.000 concursos de acreedores anuales: Martinsa, Habitat, La Seda, y miles de empresas arruinadas con una gestión polémica de sus deudas. Cuando la crisis golpeó a España se encontró una normativa sobre concursos de acreedores con dos características en lo que a los administradores concursales se refiere, que han llenado de polémica, suspicacias y algún expediente el panorama concursal.

José Luis Ramos Fortea y Abraham García Gascón, dos de los administradores concursales que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por su presunta vinculación a una trama corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, han sido apartados por un juzgado de lo mercantil de Alicante por haber autorizado el pago de facturas falsas a otros supuestos miembros de la red y consentir el cobro de cheques con firmas manipuladas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso...

El Consejo General de Economistas de España ha mostrado hoy su satisfacción porque, por fin, los profesionales económicos (economistas, titulados mercantiles y auditores) van a poder invertir en sus actuaciones como administraciones concursales a través de LexNET. LexNET comenzó a operar en 2006, pero fue a partir del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, cuando se incrementaron las notificaciones electrónicas (casi un 24% en 2016 con respecto al año anterior) al extenderse su uso a los profesionales del ámbito jurídico.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene en el punto de mira al administrador concursal, economista y abogado Pedro Bautista Martín Molina, al que decenas de juzgados mercantiles han adjudicado ya 175 concursos de acreedores de empresas en quiebra. Martín Molina es la persona física que acumula más concursos en toda España -nada menos que 143-, cantidad a la que suma otros 32 a través de su sociedad Legal y Económico SLP., según han revelado a El Confidencial fuentes policiales y del sector.

Armón ofrece 14,2 millones de euros por las instalaciones, pero sólo admite quedarse con 20 trabajadores de los aproximadamente 120 que forman la plantilla. De hecho, los sindicatos preferían la alternativa de Gondán, que pasa por asumir al global de trabajadores. Los administradores, que han enviado hoy el documento con su resolución al juzgado, se decantaron por Armón porque aporta una cuantía más elevada que Gondán y porque su solvencia y el hecho de que ya cuenta con un astillero en Vigo.

Viajes Marsans, declarada en concurso necesario, cuenta con un activo por valor de 291 millones y un pasivo de 544,8 millones.

La retribución de los administradores judiciales se ve favorecida por la masa del concurso; así, cuanto mayor es la deuda, más alta es la cuantía a percibir. El Gobierno limitará a un máximo de 2,25 millones de euros la retribución total de los administradores concursales. En algunas suspensiones de pagos se han llegado a cobrar 20 millones de euros.

Sin embargo -siguen diciendo los administradores concursales, en su escrito de impugnación-, los pronunciamientos judiciales dictados con posterioridad a los textos definitivos han determinado finalmente que la calificación de las operaciones realizadas por AFINSA era puramente mercantil, lo cual hizo que la AACC consultara a una serie de expertos con el fin de que "se pronunciasen sobre las consecuencias del giro jurisprudencial sobre la naturaleza de los contratos, que en la actualidad es firme".

Jausas ha informado en un comunicado de que propone el "cese parcial" de la actividad empresarial de Unipost, porque "en sus parámetros actuales, no es viable y la única opción es su liquidación,

En diciembre, el administrador concursal Jausas había solicitado al juez solicitar la apertura de la fase de liquidación de Unipost.

Se mantiene la posibilidad de que inversores puedan adquirir la compañía propiedad de la familia Raventós.

Tras embolsarse 23 millones de euros durante el concurso, KPMG, Bankinter y la abogada Antonia Magdaleno sumarán casi 6 millones mientras liquidan los activos

La Asociación Profesional de Administradores Concursales en España (Aspac) cree que el caso Abengoa, en preconcurso de acreedores, puede poner de manifiesto las incoherencias de las últimas reformas legislativas en materia concursal. En una entrevista con Efe, el vocal de la Junta Directiva de Aspac Aticus Ocaña explica que los límites a la retribución del administrador concursal que se establecieron con la última reforma de la ley concursal han quedado en entredicho ante la magnitud de una eventual insolvencia de la firma andaluza.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha alertado de que de los 1.457 deudores concursales registrados durante los tres primeros meses del año, hasta 437 de ellos fueron declarados y concluidos en el mismo auto judicial, lo que significa que el 30% de los procesos correspondió a empresas "zombis" sin ningún tipo de activo. Aspac ha llegado a esta conclusión a partir de una extrapolación de las declaraciones a concurso registradas en Madrid y Barcelona al conjunto de España de la Estadística de Procedimiento Concursal

Análisis jurídico por parte del Juez Fernando Presencia de cómo el FROB se saltó la ley concursal en la intervención del Banco Popular y la ruina de más de 300.000 pequeños accionistas.

La nueva Ley Concursal, que incluye en un texto refundido las casi 30 modificaciones que ha sufrido esta norma desde su creación, entrará en vigor este martes, 1 de septiembre.Este texto refundido, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo, servirá de base para incorporar modificaciones en materia de transposición de directivas y otras reformas normativas, según señaló en su momento la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que casi la mitad de los morosos que aparecen en la lista publicada este lunes por la Agencia Tributaria se encuentran inmersos en procedimientos concursales, por lo que han alertado de que buena parte de los más de 7.000 millones que adeudan serán de “difícil cobro”.

De este modo, el Mercantil de Sevilla acuerda acceder al cambio del régimen solicitado por la administración concursal y "declara la suspensión de las facultades patrimoniales de la concursada, Abengoa, S.A., con expresa sustitución en las mismas por la administración concursal". Asimismo, resuelve que los derechos políticos y económicos de la concursada en sus filiales pasarán a ser ejercidos por la administración concursal.

Hay cambios de mucho calado tanto en los procedimientos como en algunos instrumentos puestos a disposición de las personas físicas y las empresas. Entre los más significativos, y tras la polémica del año pasado con el texto refundido de la ley concursal, está el de dejar al margen del perdón judicial las deudas de los empresarios y los consumidores con Hacienda y la Seguridad Social.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha incluido entre sus enmiendas a la ley concursal una que establece que si la fiscala general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. De salir adelante esta modificación, posibilitará que la actual fiscala general Dolores Delgado sea fiscala de Sala del Supremo cuando abandone el cargo.