Alicia fue desahuciada por su hipoteca en 2012 y había obtenido un alquiler social de 400 € por un piso en el que viven ella, sus hijos y nieto. En mayo le venció el contrato de alquiler social y el banco le comunicó que el piso pertenecía al fondo Oaktree Capital. Desde entonces, continúa en la vivienda peleando porque le renueven el contrato. Alicia es una de las víctimas de un fenómeno cada vez más frecuente: personas que, tras un primer desahucio, optaron al alquiler social y se enfrentan ahora a un nuevo desahucio.

A continuación, desglosamos cuánta vivienda en alquiler social y asequible se ha hecho en cada comunidad a lo largo los últimos años. Hay que tener en cuenta que administraciones como Galicia, Euskadi, Catalunya y Andalucía tienen un calendario electoral diferente. A todas las comunidades se les han hecho las mismas preguntas: cuántas viviendas en alquiler se han hecho en esta legislatura y cuales están ya previstas para la próxima.

Las socimi Primero H nace con vocación de alquiler viviendas con rentas sociales a personas vulnerables. El pasado 4 de marzo, asistí a la presentación del proyecto de socimi Primero H, promovido por Fundación Red de apoyo para la Integración Sociolaboral (Fundación RAIS), bajo la marca de acción Hogar Sí. Intervinieron Marian Juste Picón, como Presidenta de la Fundación, persona con larga experiencia en gestión social, tanto desde la esfera de la acción Pública (en Chile) como desde la empresarial, siendo actualmente también directora de Posi

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece a los propietarios de apartamentos turísticos ilegales en el distrito de Ciutat Vella condonarles parte de la sanción si los ceden a la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de Vivienda de Barcelona para destinarlos a alquiler social.

Después de ignorar durante años las peticiones de las personas que han sido desalojadas de sus casas por desahucio, el Gobierno regional se acuerda ahora ellas. ¿Tendrá algo que ver que dentro de dos meses hay elecciones? El Gobierno de Murcia ultima ahora con diversas entidades financieras la firma de un convenio para crear una bolsa de viviendas de alquiler social para personas que hayan sido desahuciadas.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, prevé mantener encuentros la próxima semana con las alcadesas de Barcelona y Madrid. El organismo estudia ampliar su cartera de viviendas destinada a alquiler social y crear una nueva con 500 locales comerciales. Tanto Ada Colau como Manuela Carmena han mantenido ya reuniones con representantes de entidades financieras y fondos de inversión en las que la cuestión de la vivienda ha sido el tema que ha centrado esos encuentros. "Queremos que nuestro legado en el Ayto sea garantizar el derecho a vivienda"

En un frío escrito, la Junta de Andalucía le hace elegir entre su vivienda de alquiler social o un miembro de su familia: su perro.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, negocia con la Sareb, el "banco malo", la compra de viviendas para sacarlas en alquiler social. Formarían parte de las 20.000 viviendas que el Gobieron quiere poner a disposición de los colectivos más necesitados en los próximos 4-6 años. Ábalos ha descartado este jueves que el Gobierno vaya a fijar un precio tope para moderar el precio de las viviendas en alquiler y ha confirmado su intención de elevar de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler.

El Ejecutivo de coalición PNV-PSE gestiona 23.000 viviendas, 8.000 de ellos de propiedad pública, por los que los inquilinos pagan una renta media de 226 euros. Se gestionan a través de la empresa pública Alokabide para ofrecerlos en el mercado del alquiler, que en el País Vasco ronda las 115.00 viviendas. Unos inmuebles, los gestionados públicamente, mientras que el precio medio en el mercado libre se sitúa en los 651, cantidad se eleva en las tres capitales, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de transporte, movilidad y vivienda, en el que se incluyen las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 80 años, entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La proposición del ala morada del Gobierno de obligar a los grandes tenedores a destinar el 30% de sus propiedades al alquiler social podría traer un alud de demandas al Estado

El Gobierno autonómico va a poner en marcha cinco experiencias piloto, una en cada provincia, para transformar edificios públicos en desuso en vivienda de alquiler social en municipios afectados por la despoblación.

Países Bajos, Austria, Alemania y Suecia. Hay que mirar a Europa Central y Europa del Norte para vislumbrar las regulaciones al alquiler más destacadas del continente: limitar las subidas en las zonas densamente pobladas de grandes ciudades y promover parques de vivienda destinados al alquiler social. En Austria, el 24% de viviendas son de alquiler social, una cifra que se dispara al 60% en su capital, Viena. Países Bajos limitará los alquileres a 1.100 euros mensuales a partir de 2024, lo que afectará a unas 300.000 viviendas.

Cataluña expropiará los pisos vacíos de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. El Govern ha aprobado este martes iniciar el proceso para quedarse las viviendas, la gran mayoría de grandes tenedores, situadas en 14 municipios que están declarados "con demanda fuerte y acreditada" según la ley 4/2016, es decir, donde hay familias en lista de espera de las mesas de emergencia.

El Ayuntamiento de Madrid quiere incrementar su parque de vivienda social en alquiler. La decisión fue tomada el pasado mes de septiembre en el consejo de administración de la EMVS, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha iniciado la campaña de 'marketing' para atraer la atención de particulares y empresas... Eso sí, no vale cualquier inmueble, sino que debe tratarse de pisos "libres de cargas y gravámenes, arrendatarios, ocupantes...precaristas". Es decir, tienen que estar vacíos. Por ellos, el ayuntamiento pagará entre 65.000 y 160.000 euros

El Gobierno autonómico logra que Caja Rural de Teruel, Bantierra y CaixaBank aporten 46 viviendas para destinarlas a arriendos sociales; Mare Nostrum, Bankia, Santander, BBVA, Sabadell, Popular (adquirido por un euro por el Santander), Laboral Kutxa e Ibercaja no han cedido sus inmuebles. La mayoría de las entidades que no han respondido a la iniciativa mantienen acuerdos con fondos de inversión e inmobiliarias para alquilar sus casas o venderlas con rebajas.

Los Mossos desalojaron a Ruth Rebeca y sus hijos menores del piso que ocupaba en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, pero la presión vecinal, mediática e institucional ha conseguido que les den un alquiler social. Este viernes por la tarde el BBVA ha aceptado que vuelva al piso con un alquiler social y ha reconocido que nunca debió practicarse el desalojo, puesto que se trata de una familia vulnerable. Ruth Rebeca ha pasado en pocas horas de ser la cara de la crueldad de los desahucios a un nuevo símbolo del 'sí se puede' de la pandemia

El País Vasco ha creado un parque público de 25.000 viviendas en alquiler con políticas defendidas a largo plazo.El hito llegó en 2015 cuando se aprobó una ley que establece que la vivienda es un derecho subjetivo de todos sus ciudadanos

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) se ha propuesto paliar el drama de cientos de familias sin recursos que no pueden acceder a una vivienda al actual precio de mercado, mientras que existen cientos de casas vacías en la ciudad. Para conseguir que los propietarios alquilen su casa vacía de este modo, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para sensibilizar a los propietarios y que ha llamado silencio incómodo.