Eso sostiene la Consejería de Educación, que considera la agresión de un estudiante un «riesgo inherente» a su profesión. El departamento que dirige Sonia Gaya rechazó así las pretensiones de un profesor atacado en un instituto de Jaén. El menor fue condenado a un año de libertad vigilada, pero también a pagarle al docente una indemnización de 1.580 euros que nunca abonó y que la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) reclamó a la la Junta de Andalucía, con el mismo éxito que en el caso de la familia del alumno.
