Castedo, está imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Con la salida de Castedo, serán 21 los diputados de las Corts Valencianes que han dejado su escaño desde que empezó la legislatura.

Radio Alicante ha tenido acceso a las transcripciones de la grabaciones de 2008 y 2009 sobre el Plan Rabassa dentro del caso Brugal y en las que el empresario alicantino Enrique Ortíz y la alcaldesa de la localidad, Sonia Castedo, abordaban cuestiones relacionadas con el planeamiento urbanístico en la ciudad.

Radio Alicante ha tenido acceso a las grabaciones del causa sobre el Plan Rabasa, vinculado al caso Brugal. "Tres parcelas. Tíntamelas de azul" declaraciones de Enrique Ortiz a Sonia Castedo en el Plan Rabasa, caso Brugal

Las conversaciones interceptadas por la Policía recogidas en el sumario del caso Brugal y aportadas a la causa del Plan Rabasa revelan que el constructor Enrique Ortiz confiaba en que el entonces conseller de Bienestar Social en 2009, Juan Cotino –cuya familia tiene intereses en el sector de los geriátricos– le «llenase» las residencias en las que también participaba Ortiz.

La alcaldesa de Alicante, imputada en el 'caso Brugal', asegura que "hubo un momento que me daba vergüenza salir a la calle a pasear". Se muestra en una entrevista a favor del matrimonio gay y dice sobre el aborto: "Cada ser humano es dueño de su vida y de su cuerpo". Sobre el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado: "Tiene buena imagen" y "está bueno".

Una auténtica ciénaga llena del fango de la corrupción. En eso parece que se ha convertido el Ayuntamiento de Alicante ante la multitud de escándalos que salpican a técnicos municipales, las sospechas que existen sobre los regalos recibidos por varios ediles del PP, los procesos que afectan a los dos concejales de confianza de Castedo y el caso que sacude la línea roja de Alberto Fabra, en el que está imputada la propia alcaldesa de Alicante.

La situación para la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, es cada día más complicada. Su doble imputación en las piezas separadas del 'caso Brugal' relativas a presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Rabasa han llevado a la primera edil a una gélida soledad dentro del Partido Popular más que evidente.

El caso es que toma la palabra, Manolete, Manolete… Acusa una ronquera que pretendía ser reflejo de campechanía y, sin embargo, con el tiempo es más una flema de poder, una flema autosuficiente, una flema con convicción igual que la de Rita Barberá. La Castedo no es de las que intenta escupir el moco por la mañana, es más de restregarse la cara con la toalla sin arrepentimientos.

Alicante es hoy día el paradigma de la corrupción en España en gran medida por la negativa de su alcaldesa, Sonia Castedo, a dimitir. Castedo está imputada en dos casos de gran relevancia como son la elaboración del Plan de Urbanismo y la implantación de la multinacional Ikea en los terrenos de un empresaria con el que ha compartido "más que amistad" según revelan las grabaciones relacionadas por la Policía. Para romper este círculo infernal se ha hecho público en la ciudad un "Manifiesto contra la corrupción y por la dimisión de Sonia Castedo"

El Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante ha acordado el sobreseimiento provisional del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi en el marco del 'caso Brugal' y, por otro parte, ha decidido posponer la declaración de la actual primera edil, Sonia Castedo, y otras personas imputadas como el empresario Enrique Ortíz hasta que se resuelvan los recursos presentados.

Una juez ha acordado procesar a 35 personas dentro de la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos urbanos de Orihuela, entre ellos a los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina. En el Auto, la juez de Primera Instancia número 3 de Orihuela aprecia indicios de, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico influencias.

El pleno de Alicante aprueba por unanimidad una declaración institucional propuesta por UPyD contra la presencia de imputados en las elecciones.La alcaldesa de Alicante espeta a un concejal de Esquerra Unida que la ha calificado de zombie política que "la muerta viviente huele mejor que usted". Castedo está imputada por corrupción en los casos PGOU y Rabasa, derivados de la operación Brugal

Juan Cotino & familia, los escándalos en los que se ha visto envuelto en la Comunidad Valenciana apareciendo en los más famosos.

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

1 de cada 5, 70% y 3 de 4. No son las cifras de un problema matemático, sino el triángulo numérico que muestra con mayor claridad el poder omnímodo de Enrique Ortiz en Alicante: 1 de cada 5 euros del dinero público de los alicantinos es destinado a pagar las contratas de Ortiz; el 70 % del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del “Jefe” de la trama Brugal; y 3 de las 4 grandes contratas del ayuntamiento han sido otorgadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario.

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo ha asegurado que su imputación en dos de las ramas del caso Brugal por presunta corrupción urbanística no se refieren a ningún delito económico personal suyo. Se le atribuyen los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en la rama del Brugal sobre el presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana y de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la investigación sobre las presuntas irregularidades en el plan Rabassa.

España se escribe con B es una serie documental sobre corrupción política en España, donde cada episodio pondrá el foco en una Comunidad. El primer capítulo se centra en la Comunidad Valenciana donde se muestra el saqueo de una depuradora de agua pública (Caso Emarsa), la trayectoria política del Presidente de la Diputación de Castellón (Caso Fabra), el desvío de fondos de ayuda al Tercer Mundo (Caso Cooperación), la adjudicación fraudulenta de contratos de basuras (CasoBrugal) y la presunta financiación ilegal del Partido Popular (CasoGürtel)

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

La jueza del Brugal ha citado a declarar en calidad de imputada a la exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial, Mónica Lorente (PP), por un supuesto delito de tráfico de influencias en el marco de la investigación de las irregularidades en la adj

Diversas obras en Alcoi del empresario imputado en “Brugal” han terminado con sobrecostes o dejando un agujero millonario a las arcas públicas de los alcoyanos.

La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en la investigación del PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas urbanizables de la ciudad.

La diputada del PP en Les Corts Valencianes Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ha asegurado este jueves entre sollozos que se paga su vivienda y ha reivindicado que es “una persona normal”, que se compra la ropa en tiendas de oportunidades y en rebajas, y que no gasta lo que no tiene.La diputada se ha pronunciado así tras publicarse que el promotor Enrique Ortiz dio a su padre 174.000 euros en octubre de 2008 para pagar la vivienda que ella tenía en Alicante,

El 19 de enero se tendrá que sentar ante el juez por dejar sorda a una mujer supuestamente de un golpe; y hoy su nombre aparece relacionado con el ‘caso Brugal’. Es diputada autonómica y su participación en las próximas elecciones pende de un hilo pese a contar con el pleno apoyo de Fabra

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en el que pide a la Audiencia Provincial la nulidad de las intervenciones telefónicas policiales que dieron origen a la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa.

El alcalde de Alicante, Miquel Valor, ha anunciado este lunes que renuncia a seguir con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "dejar a un lado controversias" a un proyecto que se inició hace 14 años y por cuya tramitación están imputados los ex primeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.