Ocho exdirectivos de Caja España y Caja Duero declararán mañana, miércoles, y el próximo viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como imputados por la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes durante 2009 y 2010 con el objeto de capitalizar ambas entidades, fusionadas actualmente como Banco CEISS. Los primeros en declarar este miércoles serán los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso, así como los exdirectores generales de las dos entidades.

La cúpula en pleno de Caja España y Caja Duero ha sido citada como imputada por la Audiencia Nacional para los próximos días 22 y 23 de octubre por emitir preferentes y deuda subordinada para capitalizar las entidades a costa de los clientes.

La antigua cúpula de Caja España y Caja Duero, está declarando ante la Audiencia Nacional por la venta de preferentes, ha asegurado que vendían estos productos de alto riesgo financiero porque “los clientes las solicitaban”. En sus declaraciones ante el juez Eloy Velasco, reconocieron que era una manera de competir con otros bancos que ya estaban comercializando este tipo de productos. El juez les imputa por delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar los precios.

El juez Eloy Velasco ha archivado la causa abierta contra las excúpulas de Caja Duero y Caja España por la emisión de preferentes, al descartar que fueran concebidas ante la necesidad de capitalizarse y considerar que se colocaron bajo la demanda de los propios clientes y con el aval de los supervisores.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones irregulares anteriores a 2010 correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros. El coordinador general del PP, Fernando Martinez Maillo, fue consejero de la entidad entre 2006 y 2010.. El dirigente conservador ya está imputado por administración desleal de esta caja de ahorros en un juzgado de León.

El caso de Caja España-Duero será uno más, que se sumará a la larga lista de irregularidades de la banca española, pero por desgracia también quedará como muestra de una evidente falta de control institucional para la que se llega demasiado tarde. A lo largo de las últimas semanas la entidad Caja España-Duero ha sonado mucho debido a que se han hecho públicas presuntas prácticas irregulares, como varios préstamos autoconcedidos al ex-presidente de la entidad, Santos Llamas, por 79 millones de euros. Por otro lado se sigue una causa por maniobra

Finalmente, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, no será investigado ni juzgado por el caso de Caja España en el que se le señalaba por un presunto delito de administración desleal. Las investigaciones apuntaban a que, en 2009, Maillo dio el visto bueno junto a otros 13 exconsejeros, a las refinanciaciones millonarias de los préstamos concedidos al entonces presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas. Sin embargo, el juez ha tenido que archivar el caso pues, ha pasado tanto tiempo...

Aunque el Banco de España había elevado, a cierre de 2015, a casi mil millones de euros el coste de la fracasada fusión bancaria autonómica en un informe oficial, la cuenta final para el erario público y los ciudadanos será mucho menor, tras los ajustes por los ingresos obtenidos por la venta del Banco Ceiss (Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria) a Unicaja Banco, la devolución de ayudas, los intereses y los fondos de respaldo.

La posible existencia de tarjetas de crédito opacas en las cajas de ahorros de Castilla y León con un modelo similar al destapado en Bankia se mueve aún en el terreno de la indefinición. Un exconsejero de Caja España, Miguel Ángel Álvarez, ha reconocido la existencia de "este tipo de tarjetas". "La utilicé para gastos muy normales dentro de mi actividad en la caja y en su momento la devolví al no darle uso". Defiende, no obstante, que no hay "nada que esconder", ya que no se trataba de ningún medio de pago opaco.

El secretario general de UPL, Eduardo López Sendino, ha querido denunciar hoy en rueda de prensa la existencia de tarjetas opacas similares a la entidad Bankia en Caja España Duero, “por eso exigimos desde UPL que tanto el banco de España como el FROB, sometan a la entidad a los oportunos controles para determinar qué personas han ostentado este tipo de tarjetas y el importe de su uso”.

La Audiencia Provincial de Asturias obliga a Caja España a devolver el dinero a un afectado de las cláusulas suelo a lo largo de la vida de su hipoteca. Otros jueces de instancias inferiores también están fallando en la misma línea al considerar que el Tribunal Supremo no incluyó este requerimiento en su fallo porque no había sido solicitadoSi la tendencia continúa, el problema de las cláusulas...

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha declarado nula una cláusula suelo del 3,5% incluida en un contrato hipotecario suscrito con Caja España, al considerar que hubo falta de información a los consumidores, lo que supone la inmediata restitución de todos los intereses cobrados de más desde que operó este apartado, tras la bajada de tipos de interés.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a los 33 miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España-Duero en 2009, dentro de la investigación que lleva a cabo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera. El juzgado investiga una demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, que acabaron causando graves pérdidas a la entidad.

En la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH Burgos) hemos detectado que Caja España está ofertando a clientes con hipotecas que contienen ilegales clausulas suelo, ofertas por las que les rebajan los tipos de interés incluso en más de un punto. Hasta ahí todo correcto si no fuera porque esos “acuerdos” a su vez…

La sección sindical de CCOO en Unicaja califica de “amenaza futura” el ERE de Caja España-Duero.

La refinanciación de la deuda de las inmobiliarias de Santos Llamas impidió que, de acuerdo a la normativa, el presidente de Caja España cesara en su cargo. Entre 2006 y 2009 recibió créditos valorados en más de 70 millones de euros.

Trece de los catorce exconsejeros de Caja España investigados por un supuesto delito de administración desleal comparecen entre hoy y mañana en el juzgado de instrucción número 5 de León, acusados de la concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por un importe conjunto de unos 70 millones de euros.En total debían comparecer catorce exconsejeros entre los días 19 y 20 de febrero, si bien de esta citación ha quedado excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo...

Fernando Martínez Maíllo es uno de los consejeros de la caja de ahorros a los que la jueza citó a declarar como imputados.El tribunal aplazó, sin fecha conocida, las declaraciones para "dar más tiempo a las partes" en el procedimiento.La investigación pretende aclarar si cometieron una administración desleal que produjo un perjuicio millonario a la entidad financiera

Los ex consejeros justificaron la prórroga de los créditos concedidos a Llamas y a otros empresarios y argumentaron que actuaron dentro de la legalidad y de la propia normativa de la entidad y que no hacerlo hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos en la misma situación, con cantidades muy importantes pendientes de pago.

Abierta por un Juzgado de Barcelona a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el grueso de la investigación lo componen ocho operaciones de compra y venta de solares realizadas por una inmobiliaria desaparecida (Cipsa) en diversos municipios de Cataluña entre los años 2006 y 2007, tras llegar a acuerdos con Caja España y otras cuatro entidades financieras también desaparecidas y fusionadas.

La Sección Tercera de Audiencia Provincial de León ha desestimado los recursos del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, y otros trece investigados en el procedimiento abierto por la supuesta administración desleal de los ex consejeros de la antigua Caja España.

La Asociación de Afectados por las Preferentes de León afirma que hay materia suficiente para abrir diligencia por el uso de “tarjetas black” contra Martínez-Maillo y otros miembros del Consejo de Administración. Como saben, en el Juzgado Número 5 de León se instruye el Caso Caja España, en el que aparece como investigado (antes imputado) Fernando Martínez-Maillo, actual presidente de los populares zamoranos, coordinador general del PP nacional y alcalde de Casaseca de las Chanas hasta el sábado. Y ahora, su nombre aparece en boca de otros leon

El juzgado de instrucción número 1 de León ha emitido un auto en el que decreta el archivo del caso Caja España, en el que estaban implicados 14 exconsejeros de la entidad por la concesión de créditos millonarios al expresidente Santos Llamas. El magistrado, que sustituye a la jueza del número 5 que había llevado el caso hasta ahora, considera que los delitos ya estaban prescristos cuando se inicio la causa. Sostiene en su auto que habían transcurrido más de cinco años entre el consejo de administración que aprobó los créditos a Llamas

Es la segunda vez que IU amplia su denuncia judicial contra los antiguos responsables de ambas cajas, ya que el pasado mes de junio solicitó del mismo juzgado que se investigaran las pólizas de seguro suscritas por directivos de las mismas que siguen prestando sus servicios en el actual banco CEISS. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción nº 5 de León, que tiene abiertas diligencias por un presunto delito de administración penal relacionado con determinados créditos concedidos a consejeros de dichas cajas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados al consejo de la entidad a partir del próximo 25 de mayo, después de la demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción.