Varios grupos deportivos y senderistas se encontraron con que un camino público, el camino público municipal de La Manezuela, que da acceso al paraje natural del Arroyo de Gargantafría, había sido cortado con rejas y cerrado con candados, en su tramo que pasa por una finca, la finca Los Huertos, dedicada a actividades de caza. Dichos grupos deportivos y senderistas dieron aviso inmediato a la Asociación Sevillana por los Caminos Públicos, que a su vez denunció el hecho a las autoridades y emprenderá acciones de protesta.

Hace unos días, cuando un grupo de senderistas de Ecologistas en Acción transitaban por el mencionado camino público, guardas de la empresa Breña del Agua S.L., propiedad del magnate belga Marnix Galle, le requirieron a que se dieran la vuelta, argumentando que era un camino privado. Los ecologistas siguieron el recorrido al tener pleno conocimiento del carácter público del camino, personandose la Guardia Civil a requerimiento de los guardas.

En España hay un millón de kilómetros de caminos públicos, pero muchos de ellos se están privatizando. Grupos ecologistas luchan para impedir que estos senderos de toda la vida desaparezcan. Antes los caminos permitían el transporte entre municipios, ahora sirven para pasear y hacer deporte.

Ecologistas en Acción llevó a cabo una marcha en la Sierra del Labradillo (Cádiz) para reivindicar los caminos públicos. Al frente de la marcha, Juan Clavero, activista al que recientemente, en otra marcha similar, tendieron una trampa, introduciéndole droga en su coche. La marcha contaba con todos los permisos de la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo los senderistas, en un tramo del camino, se encontraron con una valla de espino que cortaba el paso de la vereda y con varios guardas rurales que quisieron impedir el paso de los mismos.

La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado la absolución en primera instancia de Manuel Trujillo, activista integrante de la plataforma A Desalambrar de Córdoba que fue juzgado por cortar unos alambres de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del camino público de El Bañuelo. Ahora, tras el recurso interpuesto por la propiedad de la finca que cruza dicho camino, la Audiencia ha condenado a Trujillo “como autor de un delito leve de daños”.

El adelanto electoral ha tenido sus víctimas colaterales y una de ellas ha sido la importante ley de caminos públicos. Y lo ha sido debido al incomprensible boicot del grupo parlamentario socialista, que ha retrasado los trámites parlamentarios a sabiendas de que en otoño se acabaría la legislatura. No estaban interesados en que se aprobara esta ley… y lo han conseguido.

Un activista de A Desalambrar se enfrenta el 22 de febrero a la acusación por un hecho que califica de "simbólico" sobre "una alambrada ilegal que no debería estar ahí".

Cada vez que se ha organizado una marcha para demandar la apertura de este camino público, la Guardia Civil no sólo no actúa contra los guardas privados que impiden el paso por esta vía pecuaria, sino que denuncia a los senderistas.

El propietario de la finca Las Albarradas y varios de sus empleados han impedido de forma violenta el paso de las 400 personas que han participado en la marcha por la reapertura del camino público del Salto del Cabrero, cerrado hace 5 años a su paso por esta finca.

Este domingo, integrantes de la plataforma ecologista A Desalambrar, que trabaja desde hace dos décadas por el tránsito libre en los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba, habían organizado una de sus rutas reivindicativas por la barriada periférica de Santa María de Trassierra. Al finalizar la misma, han hallado cuatro de sus vehículos vandalizados, con las ruedas pinchadas, además de inscripciones rayadas donde se podía leer la palabra 'Vox' e intermitentes rotos

Fin al litigio de Can Juncadella: el TSJC hace abrir al público el tramo entre cala Morisca y cala Canyelles que un expresidente de Kazajistán había cortado para uso particular. | Dentro del tramo cortado para uso particular del expresidente de Kazajistán, el multimillonario Nursultan Nazarbayev, había una finca de lujo. Can Juncadella fue construida en el espacio protegido del macizo de Cadiretes y no dejaba pasar a los excursionistas , que se habían enfrentado más de una vez con la seguridad privada de la finca.

Coincidiendo con la vuelta a la actividad deportiva en Hornachuelos los propietarios de la finca Pajares han aprovechado para impedir el paso por la Cañada Real Soriana, una de las grandes vías pecuarias de España que transcurre desde Soria hasta Sevilla y protegida como bien público desde tiempos de Alfonso X y deslindada desde 1916.

La Guardia civil ha incoado un expediente sancionador contra un guardia de Grazalema acusado de "conducta gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil", cuando lo único que hizo fue participar, de paisano y en su tiempo libre, en una ruta por una vía pecuaria.

La vía pecuaria de 53 metros de anchura estaba bloqueada a su paso por la finca La Atalaya, propiedad de la empresa Agropecuaria de Algar S.L., que instaló dos cancelas, en la entrada y salida. Esta situación fue denunciada ya en 2018 por Ecologistas en Acción a la dirección del parque natural y a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, que no hicieron nada para solucionar esta flagrante ilegalidad. Tras numerosas reiteraciones, por fin se nos informó que se había exigido a la propiedad de la finca La Atalaya que garantizase el paso