Varios diputados de Podemos han sufrido empujones y heridas en un altercado con miembros antidisturbios de la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso. Al menos Antón Gómez-Reino, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez, parlamentarios de Unidos Podemos en el Hemiciclo, han sufrido en persona las consecuencias de un breve enfrentamiento entre la Policía y algunos trabajadores de las fábricas de Alcoa en Galicia y Asturias, que se están manifestando en la Carrera de San Jerónimo para evitar el cierre y los despidos anunciados de sus fábricas.

La multinacional Alcoa sopesa la venta de sus fábricas de Avilés y Galicia, que llevan años en la cuerda floja. En la compañía reconocen que 'Alcoa está evaluando todas las opciones para las plantas de España', que emplean a unos 2.000 trabajadores.

Lo que fallan los empresarios de Alcoa en decir es que la multinacional se benefició durante 10 años de más de 1000 millones con la factura eléctrica en forma de ayudas pagadas por todos los consumidores a través de la propia factura. Es más, esta empresa es una de las principales beneficiarias de las subastas de interrumpibilidad convocadas por la Red Eléctrica de España. En estas subastas Alcoa cobró 142 millones en 2014, 121 millones en 2015, 125 millones en 2016, 150 millones en 2017 y 92 millones en 2018.

Miles de personas han salido este jueves a la calle para "parar los pies a Alcoa" y exigir que se retracte de su decisión de cerrar las fábricas de Avilés y La Coruña y de aplicar un expediente de regulación de empleo que llevaría al paro a los 686 trabajadores que conforman ambas plantillas. La manifestación, teñida de camisetas de color amarillo, ha contado con una amplia representación de los principales partidos y sindicatos, que marchan detrás de unas pancartas bajo el lema "Alcoa no se cierra".

El cierre de las plantas de la multinacional Alcoa en Avilés y Coruña resucita el debate: ¿para qué sirve un Ministerio de Industria?, ¿por qué el Estado solo rescata empresas cuando Florentino Pérez está de por medio?. Para el diputado Segundo González, la razón que hay detrás del cierre de Alcoa en España es la intención de la multinacional de trasladar la producción de aluminio a Arabia Saudí, donde la energía es mucho más barata.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha defendido este jueves las nuevas ayudas que aprobará este viernes en Consejo de Ministros de 91 millones a la industria electrointensiva como una forma de "hacer viable la producción de aluminio", sea en Alcoa o en "los proyectos que pueden venir en torno a Alcoa".

Liberty House es la empresa interesada en comprar tanto la planta de aluminio --amenazada por un ERE para 534 empleados-- como la de alúmina del complejo de Alcoa San Cibrao (Lugo). Alcoa les ha trasladado una carta del responsable de la sección de aluminio de Liberty House en la que manifiesta que la multinacional está "dispuesta a comprar las dos plantas y mantener el complejo unido y hacer un sistema integral en Europa de aluminio", con el que servir a las plantas que tienen en Dunkerque y Escocia.

El Ministerio de Industria ha requerido formalmente a Alcoa la devolución de 50 millones de euros en concepto de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2, una ayuda que recibe la industria electrointensiva para paliar su elevada factura de la luz. Tanto el Ministerio como la Xunta de Galicia han advertido en diversas ocasiones a Alcoa de que exigirían la devolución de las ayudas públicas recibidas si persistía en el cierre de su planta de San Cibrao (Lugo), para la que ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE)

Alcoa vuelve a intentar activar el ERE para la factoría de aluminio de San Cibrao. La semana pasada el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo declaraba nulo al apreciar «mala fe» por parte de la multinacional durante las negociaciones. Tanto los trabajadores, como la Xunta, como el Gobierno central celebraban la sentencia y esperaban que la empresa se sentase de nuevo a negociar un traspaso de la factoría al grupo inglés Liberty House o al Estado. Pero Alcoa ha decidido seguir litigando y ha iniciado ya el procedimiento para recurrir

La multinacional estadounidense Alcoa ha aceptado negociar con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), adscrita al Ministerio de Hacienda, la venta de la fábrica de aluminio de San Cibrao, pero si el comité de empresa levanta la huelga, que se prolonga desde hace tres meses. Así lo ha avanzado el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, en un comunicado enviado a la plantilla.

La plantilla de la fábrica que la multinacional Alcoa mantiene en Cervo (Lugo) ha respaldado ampliamente la propuesta de la empresa que supone la hibernación inmediata de las cubas hasta 2024 y garantiza los empleos. Un cese temporal de la actividad respaldado en votación secreta por el 69,68% de los trabajadores. No obstante, la decisión se ha adoptado con resignación y evidente malestar. La otra alternativa, el rechazo a la propuesta de Alcoa, podría suponer un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE); algo difícil de asumir...

Nuevo expediente de Hacienda a una multinacional, esta vez es al líder mundial del aluminio, Alcoa, a quien el fisco reclama 242 millones de euros. Hacienda considera que la compañía cometió fraude de ley al deducirse intereses de préstamos bancarios de forma inapropiada. La multinacional, asegura que cumple la ley y que defenderá sus intereses en los tribunales.

La multinacional del aluminio Alcoa ha hecho entrega hoy a los representantes sindicales de una carta en la que expresa su intención de aplicar un despido colectivo en las fábricas de Avilés y A Coruña, que atribuye a la imposibilidad de acceder a una energía a precios competitivos.

La multinacional Alcoa ha anunciado este lunes que negociará un despido colectivo que afectaría a las plantas de Avilés y A Coruña, ambas con con más de 400 trabajadores cada una.

Ya tiene Alcoa la nueva subasta diseñada a medida por Soria. Feijóo ha movido sus hilos en Moncloa ante la amenaza del cierre de su planta de Coruña. El poder del barón gallego no tiene fin: impuso la venta de NCG a Banesco y salvó a los astilleros de la guerra de Repsol con Pemex.

La compañía Alcoa ha informado este jueves que va a retirar el procedimiento de despido colectivo que anunció para las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) una vez se confirmen oficialmente los resultados de la subasta de los servicios de interrumpibilidad. No obstante, ha advertido que la solución es temporal y que las dos plantas siguen siendo vulnerables.

El presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, ha confirmado a los representantes de los trabajadores de la planta en A Coruña que no hay "una decisión tomada" respecto al futuro de las fábricas, según ha manifestado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho. La reunión ha tenido lugar en la planta coruñesa en el día en que los trabajadores han convocado una nueva protesta, en esta ocasión ante la sede de Red Eléctrica Española (REE) para reclamar "estabilidad energética" y rechazar el cierre.

La dirección de Alcoa, la tercera productora de aluminio más grande del mundo, ha trasladado este miércoles a su Comité Europeo la decisión de cerrar sus plantas en Avilés y A Coruña, que dan empleo a 300 y 400 personas, respectivamente, según han informado fuentes sindicales

La cláusula, que fuentes al tanto de aquel proceso califican de "secreta, nunca publicada", garantizaba un precio máximo de la energía para el proceso de producción de aluminio (electrolisis) y estipulaba que la SEPI se hacía cargo de la diferencia si la factura se disparaba. Relacionada: www.meneame.net/story/alcoa-sello-millonaria-disputa-hacienda-visperas

Alcoa aduce que el 40% del coste total de producción de sus plantas lo dedica al consumo energético. Aunque no cuenta que, desde su desembarco en España —en 1998, durante la primera presidencia de Aznar—, tras la compra de la empresa de participación pública Inespal por unos 400 millones de dólares, disfrutaron de los beneficios de la llamada tarifa G4 hasta el año 2008, plan que abarataba los costes energéticos a empresas con elevados niveles de consumo.