La representación de Luis Medina Abascal ha solicitado al juez que expulse al Ayuntamiento de Madrid del caso Mascarillas, en el que está personado como acusación particular. La defensa del investigado considera que el Consistorio está denunciando unos hechos que en su momento no le parecieron en absoluto irregulares. “Ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación”, recoge el escrito presentado por el abogado de Medina, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los argumentos

El empresario Alberto Luceño ha alegado ante el juez del caso de las mascarillas que no puede atender la fianza de cuatro millones de euros que le impuso el magistrado, más allá de los bienes y cuentas ya embargados, aunque se compromete a atender esa solicitud "tan pronto disponga de patrimonio. En un escrito remitido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 47, al que ha tenido acceso Efe, la defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado "la imposibilidad del Señor Luceño de atender a la fianza…

Durante 17 meses de investigación secreta, en la que ni juez ni acusaciones populares podían participar, la Fiscalía Anticorrupción intentó delimitar el caso mascarillas dejando fuera al Ayuntamiento de Madrid. Con la presentación de su querella el pasado 1 de abril y su admisión a trámite acabó el proceso prejudicial y comenzó la verdadera causa, pero la intensa instrucción del magistrado Adolfo Carretero en estas seis semanas no ha movido un ápice a Anticorrupción de las conclusiones que sacó en marzo de 2021.

El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha abierto juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el denominado 'caso mascarillas', una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de Covid-19.

Todo empezó el pasado 21 de febrero con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro, exsecretario general del PSOE y diputado José Luis Ábalos, y otras 19 personas por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en los peores meses de la pandemia a comienzos de 2020. Desde ese momento, no han cesado de sucederse nuevos detalles del caso que han implicado a políticos y empresarios y que han derivado en la suspensión de militancia de Ábalos y su paso al grupo mixto.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha decidido no imputar en el procedimiento abierto por presunta estafa a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. El instructor le mantiene su condición de testigo, pese a la petición de algunas imputaciones, e insiste en que fue engañada por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ya que le ocultaron el cobro de sus "desmesuradas" comisiones por valor de seis millones de dólares.

Tanto Podemos como Más Madrid, personadas como acuación popular en el caso mascarillas -por el pelotazo de casi seis millones de euros logrado por los empresarios Luis Medina y Antonio Luceño al vender al Ayuntamiento de Madrid material sanitario en plena pandemia- rechazan que deba darse por concluida la instrucción sin despejar las dudas sobre una posible responsabilidad de cargos municipales.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha rechazado la petición de la defensa de Luis Medina de expulsar de la causa al Ayuntamiento de Madrid, donde actúa como acusación particular, esto es, como perjudicado por los delitos que se atribuyen al propio Medina y a Alberto Luceño.

Las acusaciones sopesan pedir la declaración de Matilde García Duarte después de que Carlos Martínez-Almeida declare ante el juez que recurrió a ella, en lugar de a su primo, porque son amigos

Ahora el juez recuerda que esos emails no tienen valor probatorio si no lo ratifica ante el instructor, instando "al que dice ser San Chin Choon", según la providencia a la que ha tenido acceso Radio Madrid, para que señale las fechas en las que puede comparecer. El juez remarca que no se enviará otra comisión rogatoria a Malasia, "al haber sido contestada la primera sin respuesta positiva", ni tampoco se va a realizar ninguna videoconferencia por ser necesaria la "inmediación personal" con los traductores del Tribunal.

San Chin Choon, el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, la empresa malasia en el centro de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el Caso de las Mascarillas, asegura a EFE que la operación fue “limpia” y que se encuentra en Kuala Lumpur (Malasia), desde donde dice colaborar con la Justicia. El empresario en una conversación telefónica en malayo que su parte “está clara” –el suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes por los que el consistorio pagó 11,9 millones de euros– y dice haber respondido a las preguntas

Conrado Domínguez organiza e inaugura unas jornadas sobre derecho e investigación en las que intervendrán los máximos responsables de los tribunales que habrán de juzgar o revisar la causa, desde el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta una vocal del Constitucional, pasando por Manuel Marchena, el todopoderoso presidente de la Sala de lo Penal del Supremo

Para el PSOE el "hilo" que une a la dirección nacional del PP con el PP balear es "irrefutable" y deslizan que jugaron un papel decisivo. "La trama quería que la reclamación decayese, y la reclamación decayó. Son hechos, al igual que la aparición del Sr. Tellado en el sumario es también un hecho irrefutable".

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha descartado investigar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un delito de tráfico de influencias y le cita el próximo 12 de mayo como testigo en contra de la solicitud de Podemos y Grupo Mixto.

El juez Adolfo Carretero ha rechazo la petición de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al proveedor malayo que nutrió de productos sanitarios a Luis Medina debido a que este país flagela a sus presos, lo que supone "un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial".

Carretero atiende así una diligencia solicitada por la acusación popular de Podemos exigiendo al Ayuntamiento que “informe sobre si existía en el año 2020 un correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario, y caso afirmativo, se especifique la dirección concreta, el modo en que se publicitó, así como se aporten al procedimiento los correos remitidos a dicha dirección desde los correos electrónicos de los investigados (...) con los archivos adjuntos que se hubieran adjuntado a dichos correos

Luis Medina declaró ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, preguntado sobre en qué términos pactó las comisiones con su socio, que lo hicieron por tercios entre él, Luceño y la empresa fabricante de Malasia. "Se dividía en tercios, un tercio para mí, para él y para la empresa de Malasia. Eso es lo que sabía. Ayer por la tarde me entero lo que este señor se llevó", comenta. "Yo del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal", subraya.

El ayuntamiento madrileño, por mucho que proclame su inocencia, no supo o no quiso reaccionar ante el abuso flagrante que Luis Medina y su llamémosle «socio» Alberto Luceño le plantearon: comprar un producto a un precio seis veces superior al valor de mercado y, además, defectuoso en buena parte. La intermediación suponía el 80 por ciento del total del precio. Actuó el ayuntamiento como corruptor al prestarse a esta barbaridad. Es pues, responsable de lo ocurrido, ya veremos si además es también culpable.

Recalca que los delitos pueden suponer penas de hasta 23 años de cárcel, lo que lleva a un posible un riesgo de fuga.

Un correo electrónico aportado a la causa desvela que Elena Collado, la responsable de compras que gestionó el contrato con los comisionistas, informó a la coordinadora general de la Alcaldía de que Luceño y Medina habían renunciado a "todo tipo de comisiones". Acabaron llevándose seis millones de euros.

El juez instructor del caso Mascarillas, que investiga el frustrado contrato que suscribió el Servicio Canario de Salud (SCS) con una empresa dedicada a la compraventa de vehículos para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, el próximo 2 de noviembre.