Con la incorporación de la nueva tarifa de luz, las compañías pueden aprovechar para realizar campaña de adhesión de nuevos consumidores con argumentos que pueden llevar a engaño.

El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Industria a difundir la relación de todas las reuniones internas y con compañías energéticas que sirvieron para diseñar el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico.

Compromís acaba de lanzar una campaña -Comencemos por el tejado- con la que apuesta por un nuevo modelo energético que se sostendría sobre dos pilares: (1) las instalaciones solares para autoconsumo ubicadas en "espacios e infraestructuras ya existentes", como los tejados o las cubiertas de las naves industriales y (2) las plantas de pequeño tamaño que aprovechen "superficies artificializadas", como los polígonos industriales, las balsas y canales de riego o los solares sin edificar. Creación de una compañía eléctrica pública...

Es lo que se escucha en las principales compañías eléctricas del país, que no salen de su asombro y no dudan en arremeter en privado contra la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) y su presidente, José María Marín.El motivo es la reunión off the récord que esta institución organizó con un grupo reducido de periodistas la semana pasada. Tras ese encuentro, los principales diarios generalistas y económicos publicaron el viernes varias informaciones que afectaban a las compañías.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) afronta la tercera gran pesquisa sobre el mercado eléctrico en los últimos diez años. [...] A la CNMC, con nueva presidenta -Cani Fernández- y nueva directora de Energía- Maria Jesús Martín- le ha caído otra vez la patata más caliente del debate energético: investigar si el espacio en el que se casan la oferta y la demanda de la electricidad puede ser manipulado por las grandes compañías, que operan como productoras y como comercializadoras.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, aseguró este domingo que el Reino Unido debe considerar la “renacionalización” de las compañías energéticas para atajar la escalada de precios. Según ha indicado el Gobierno autónomo de Edimburgo, el encarecimiento de la factura condenará al 36 % de los hogares en la región a un invierno de pobreza energética. Una de las posibles compañías afectadas, Scottish Power, es propiedad de la española Iberdrola. Las facturas pueden llegar a las 6.000 libras (7.071 eur) frente a las 2.000 libras de media.

La sociedad española lleva más de una década 'asegurando' los ingresos y la estabilidad financiera de 5 compañías eléctricas que no paran de abusar con sus recibos de la luz. Estos costes reconocidos por el gobierno de España en el BOE, son un fraude y es perfectamente demostrable.

La reforma eléctrica del Gobierno entra en su última fase, en la que está atrayendo fuertes inversiones hacia las grandes compañías. ¿En qué afecta al consumidor esta última parte de la reforma?

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presenta hoy ante la Comisión Europea una denuncia en la que solicita que España recupere el exceso de compensación aportado a las compañías eléctricas. Rel: www.meneame.net/story/asi-roban-electricas-gobierno-familias-espanolas

Todos los consumidores españoles pagarán los 168.000 euros que han defraudado los cuatro hoteles del Grupo Savoy de Lloret de Mar (Girona), enganchados de forma ilícita a la red eléctrica. Y esta es solo una pequeña parte del total de luz robada que se añade a las facturas de los usuarios cada año. Las empresas son responsables del 80% de los enganches, mientras que las familias con bajos ingresos efectúan menos del 1%.

En el programa de ETB Euskadi Movie se emitió un sketch que criticaba la recolocación de políticos en compañías eléctricas. Este sketch fue eliminado al subirlo a la plataforma Nahieran (televisión online de EiTB).

Hace poco, el redactor que escribe estas líneas hablaba con un buen amigo, ingeniero de profesión. “Cada vez pago más en electricidad, esto es insostenible”, le comentaba, mientras le enseñaba mi último recibo de luz de casi 200€. “Es porque quieres”, me dijo mi amigo ingeniero.

En plena escalada del precio de la energía, Teresa Ribera cierra una ronda de contactos con varios responsables de las grandes empresas eléctricas. Te contamos cuáles han sido las retribuciones de sus representantes en el último ejercicio. Con el sueldo más alto de las empresas cuyos responsables se han reunido con Ribera —a excepción de Acciona, que gestiona infraestructuras de renovables— se encuentra Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. En 2020, recibió una retribución de 12,2 millones de euros de la…

El borrador para el autoconsumo redactado el año pasado por el Gobierno español pretendía cobrar a particulares y empresas por la energía procedente de la instalación conectada en el interior de su red, una suerte de "impuesto al sol" como ya se le conoce en el sector de renovables.

La irrupción de Repsol y Cepsa en el sector eléctrico ha provocado una guerra de precios entre las compañías del sector, que buscan ofrecer las tarifas más económicas a sus clientes. En total, ocho empresas se disputan el liderazgo en un mercado ya de por sí cargado de protagonistas.(Cepsa, Gana, Holaluz, Gesternova, Repsol, Iberdrola, Endesa y Lucera).

La compañía pública, uno de los grandes consumidores de energía, establecerá en el contrato un sistema que impedirá que el suministrador eléctrico rompa al contrato como consecuencia de los vaivenes de los precios en el mercado.

Las compañías eléctricas se sienten inmunes y actúan con toda impunidad, para algo les han servido meter en los consejos de administración a tantos expresidentes y exministros, cuyos jugosos sueldos, han sido suficientemente compensados con los astronómicos beneficios que año tras año vienen obteniendo.

"Barcelona energía" no asume los criterios de los podemitas y aplica el "tarifazo" en hora punta.

Más allá de las declaraciones políticas sobre la subida del precio de la luz, España mantiene un sistema regulatorio que permite que se dispare el precio de la luz en función de las estrategias de las compañías eléctricas en el mercado mayorista y que -al contrario de lo que sucede en Europa- la subida se traslade al consumidor por el tipo de contratos que hay en España y que responden a la estrategia comercial de esas compañías.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, anunció ayer que "el próximo 4 de octubre el Govern aprobará la puesta en marcha de la compañía energética pública de Cataluña". La empresa, que suministrará electricidad de origen renovable, "servirá -ha dicho Aragonès- para hacer uso de todo el potencial generador de energía que tienen los edificios de la Generalitat de Catalunya". La futura empresa pública catalana gestionará las centrales hidroeléctricas a medida que vayan agotando sus actuales concesiones.

Hubo una vez, tampoco hace muchos año, que el sector eléctrico era de todos los españoles. O buena parte de ello. Pero poco a poco el capital privado fue comiéndose el terreno. Hoy, quienes manejan el sector eléctrico español son fondos de inversión extranjeros. Solo hay un reducto, un último bastión que aguanta.

El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, coinciden en reclamar una reforma de la fiscalidad eléctrica y “limpiar” la factura eléctrica para tratar de contener la escalada de precios. La petición se ha producido durante el encuentro organizado por ambas organizaciones sobre la formación del precio de la electricidad.

El Tribunal Supremo avala que las eléctricas paguen un impuesto adicional por los efectos contaminantes de la quema de carbón en sus centrales térmicas y de ciclo combinado. Lo ha hecho al respaldar la legalidad del tributo de emisiones atmosféricas de Aragón, que desde 2006 grava el lanzamiento a la atmósfera de dióxido de carbono y de óxidos de nitrógeno y de azufre desde este tipo de instalaciones.

El Gobierno ha abierto un procedimiento de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. Se trata del paso previo para que la Abogacía del Estado recurra esa orden ante el Tribunal Supremo. Es decir, que el Gobierno reconoce que aprobó una retribución que no debía y ahora quiere enmendar el error y tratar de que las eléctricas les devuelva un dinero que ya han percibido.