El Consejo de la Transparencia estatal, el organismo que asegura que se cumplan los requisitos de transparencia y protege el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, se constituyó este mes de enero con una directora elegida por el Ministerio de Hacienda, Ester Arizmendi, y otros siete vocales propuestos por sus instituciones de procedencia. Como han denunciado repetidamente las organizaciones de la sociedad civil, tiene un error de base y es que el órgano depende del propio Gobierno -del Ministerio de Hacienda y...

El Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) son los dos órganos institucionales pendientes que el PSOE y Unidas Podemos sí pueden intentar renovar sin el concurso del PP, ya que su elección sólo precisa mayoría absoluta.

El Consejo de Transparencia ha dado la razón al ciudadano en el 63% de las reclamaciones resueltas en 2015, lo que supone un total de 254 iniciativas de las 410 presentadas en este período, según explica este organismo en un comunicado de Prensa.

El grupo popular ha hecho valer su mayoría para impedir la comparecencia de Esther Arizmendi en la Comisión de Presupuestos. Los socialistas habían solicitado su presencia en la cámara para conocer los planes de gasto en el organismo creado precisamente para luchar contra la opacidad en las instituciones. Susana Sumelzo (PSOE): "Los ciudadanos no se pueden permitir un Consejo de la Transparencia que que se gasta tres millones de euros al año y cuya presidenta no viene al Congreso para explicarnos en qué se lo gasta".

La Audiencia Nacional sentencia en firme que los sindicatos deben tener acceso a los expedientes que justifican la concesión de estas condecoraciones, que llevan aparejada una pensión: Interior y el Consejo de Transparencia se habían negado.

Un medio pregunta sobre la Abadía Benedictina y, para su sorpresa, las respuestas, cuando las hay, son vagas e imprecisas. El medio Infolibre ha querido comprobar ahora si los monjes benedictinos cumplen con las obligaciones legales incluidas en ese convenio de 1958, algunas tan peregrinas como que en el lugar tiene que haber en todo momento con "un mínimo de veinte monjes profesos y el correspondiente noviciado" o que la Abadía deber dirigir y adiestrar una escolanía de al menos 30 alumnos. También se obligaba a la Fundación de la Santa Cruz

El órgano que vela por el cumplimiento de la transparencia renuncia a auditar a las empresas subvencionadas, como ordena la ley, por falta de medios. En su último informe reclama al Gobierno, con el que mantiene varios pleitos, que lo dote de más plantilla y presupuesto para poder llevar a cabo sus funciones. El organismo lamenta que, tres años después de entrar en vigor, el 49% de la población española desconozca la ley y los derechos que reconoce..

Este 26 de abril hace un año de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibiera un sobre con una navaja con manchas rojas. En plena campaña de las elecciones madrileñas, que tuvieron lugar el 4 de mayo de 2021, fueron distintos los políticos, especialmente miembros del Gobierno, que recibieron amenazas. Entre ellos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el exvicepresidente Pablo Iglesias, pero también políticos de otros partidos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En ese contexto, en el que durante diversos…

La diputada del PP Pilar Cortés, que ha sido propuesta por su grupo para convertirse en la representante del Congreso en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha subrayado este jueves el carácter "independiente" de este órgano que se encargará de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen las administraciones y las prácticas de buen gobierno por parte de los representantes públicos.

Al menos ocho ministerios ningunean resoluciones del Consejo de Transparencia en las que obliga a los ministros a publicar sus reuniones. Argumentan que no existe mayor información que la que ya se publica, aunque Interior reconoce que existe una agenda oficial “no pública” que no se difunde porque no es “necesario, oportuno o conveniente”. Estas resoluciones responden a peticiones de información enviadas por eldiario.es a través del Portal de Transparencia

El organismo encargado de velar por la transparencia de lo público, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014, trabaja actualmente con la mitad del personal necesario para cumplir sus funciones, según ha señalado a Vozpópuli su presidente interino, Javier Amorós.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a entregar a lamarea.com datos referentes a las sanciones por abuso de poder o desproporción en el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, el CTBG ha estimado la reclamación interpuesta por este medio después de que el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska no diese respuesta a la Petición de Transparencia realizada el 6 de julio de 2021.

Los empleados públicos del Consejo de Transparencia se repartieron 219.000 euros en productividad y gratificaciones en 2016

La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, realizó ayer personalmente llamadas telefónicas a varios de los principales medios de comunicación de la Región para tratar de silenciar o minimizar las críticas del Consejo de la Transparencia al Gobierno murciano por “abuso de poder” y las denuncias de “represalias”.

El Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días hábiles al Gobierno para que publique el listado completo de personas autorizadas a viajar en el Falcon del presidente y el número de veces que estas personas han utilizado la aeronave desde que Pedro Sánchez es presidente. Una resolución del organismo recuerda que sólo el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor pueden declarar una materia como clasificada: "No parece justificado calificar como secreto el desplazamiento físico del Presidente".

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional ocultan el listado de migrantes muertos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 2000 hasta la actualidad y qué ocurrió con sus cuerpos. Interior debería haber entregado esta información a Maldita.es tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a este medio de comunicación, pero no lo ha hecho.

Tragsa ha sido la última compañía que rechaza facilitar la información pública que se le exige bajo el amparo de la nueva ley de Transparencia. RTVE se ha negado a informar de cuanto ha costado Eurovisión.

El organismo público que vela por que la Administración sea transparente da un mes de plazo al ministro de Industria para que aporte al Supremo toda la información sobre las reuniones y los asistentes que influyeron en la redacción del Real Decreto.

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Esther Arizmendi, ha fallecido "tras una larga lucha contra la enfermedad", según ha informado el organismo público en un comunicado, en el que expresa su "profundo dolor" por la muerte de su presidenta.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas encabezado por Cristóbal Montoro, ha llevado a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Según publica El Confidencial, la agencia ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del CTBG, en la que se instaba al organismo dependiente de Hacienda a facilitar la relación de sociedades extranjeras regularizadas gracias a la amnistía fiscal y su jurisdicción.

Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano. El plazo legal se cumplió el mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge este decreto. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha. Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales y una comisión. A los miembros de la Comisión no se les exige "reconocido prestigio". 2 de ellos tienen que pertenecer a un partido.

El ente público establece unas normas para informar sobre los salarios del personal directivo, eventual o de libre designación que dificulta conocer el desglose de los conceptos retributivos en la Administración General del Estado

El fallo del Consejo de Transparencia, con el número de serie RT/0290/2018, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente en funciones del organismo, Francisco Javier Amorós Dorda; es un varapalo de quince extensos folios que obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a detallar todos los gastos y facturas, una a una, con el nombre del beneficiario, sin ninguna interpretación y con datos parciales, como hasta ahora había hecho García-Page y siempre tras ser inquirido.