Un juzgado de Manresa ha condenado al vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona y alcalde de Cercs, Ferran Civil (CiU), a un año de cárcel y a ocho...

El nuevo equipo de María Jesús Montero prorroga hasta fin de año el programa de detección de inmuebles irregulares activado por su predecesor en 2013.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron un operativo en diferentes puntos de la isla a primera hora del martes 13 de junio, entre ellos, en el interior del Ajuntament de Sant Josep, donde durante la mañana fue desalojado todo el personal del Consistorio, a excepción de los trabajadores del departamento de Urbanismo. Los funcionarios de esta área colaboraron con los agentes del Instituto Armado a fin de proporcionar toda la documentación relativa a varios expedientes que les fue requerida, según avanzó Periódico de Ibiza y Formentera.

El juzgado de lo penal nº11 de València va a sentar en el banquillo al alcalde de Benicolet, Mateo Prats (PP), y al exalcalde Antonio Pastor (GIBE) por un presunto delito de prevaricación continuada a raíz de las acusaciones de un empresario local que denunció la supuesta permisividad del ayuntamiento respecto a la construcción de alrededor de 60 edificaciones cuyas obras podrían haberse ejecutado en la localidad al margen de la normativa urbanística, algunas de ellas ligadas a familiares y conocidos de los dirigentes.

El cobro de una multa millonaria destapó la situación financiera en la que se encuentra el ex astro brasileño, solo tiene 24.63 reales (poco más de 6.5 dólares). La sanción económica, que data del 2015, asciende a 2.3 millones de dólares y le fue impuesta por la construcción ilegal de un muelle para atracar barcos y una plataforma pesquera en el lago Guaíba, Porto Alegre, que es una zona ambiental protegida.

Agentes de la Policía Nacional de La Línea han detenido a 21 personas por la construcción ilegal de viviendas de lujo, no autorizadas, en suelo especialmente protegido en este municipio gaditano. La intervención se ha llevado a cabo en la calle Cartagena, ubicada en el Polígono del Zabal, zona en la que han proliferado una gran cantidad de inmuebles que han sido edificados sin los permisos urbanísticos necesarios y en zonas de especial protección de la naturaleza.

Solo la determinación del Ayuntamiento de Granada, que siempre ha mantenido activo el expediente, ha conseguido que la edificación, levantada en suelo no urbanizable según el Plan Especial de la Vega, sea derribada.

El financiero Alfonso Fierro March, biznieto del banquero Juan March, y su esposa, Sabina Fluxá Thienemann, vicepresidenta ejecutiva y consejera delegada del grupo turístico Iberostar, han reformado de manera ilegal un ático de lujo. El consistorio madrileño llegó a ordenar la demolición de las obras en noviembre de 2013 y abrió expediente sancionador al financiero por realizar "obras sin licencia municipal", aunque en mayo de 2014 acabó decretando el sobreseimiento de las actuaciones.

La última tromba de agua ha vuelto a poner sobre la mesa la construcción irregular en los márgenes del río Guadalhorce, donde se registran cerca trescientas viviendas en zona inundable sólo en el término municipal de Cártama. Actualmente, hay una treintena de estos casos en la Fiscalía.

Fecha de la noticia: 28 de noviembre ||El presidente de la región de Campania exige la demolición de las casas levantadas «en el lecho de los ríos o que hayan sido construidas por la Camorra» [..] Algunas de las casas incluso habrían sido levantadas sin permiso de obra, aunque se beneficiaron de regulaciones posteriores pagando una sanción. [..] Resulta habitual que la mafia napolitana levante estas viviendas en las zonas donde controla por medio de sus constructoras, que utiliza para lavar dinero negro.

Veinte sentencias después y unos cuantos años de lucha contra el hotel edificado en la playa de El Algarrobico pueden irse al traste si la Junta de Andalucía no reacciona y ejecuta el dictamen que le otorgó en enero de este año la propiedad de los terrenos sobre los que está edificado. Ese auto fue declarado “firme” por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril y otorgaba al gobierno andaluz el derecho de retracto sobre los terrenos en que se levanta esa mole que invade el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.

El Algarrobico no será demolido en próximas fechas. La madeja legal en la que está envuelto el hotel de Carboneras (Almería) no parece que se vaya a desenmarañar con el paso dado por la Junta de Andalucía para hacerse con la titularidad del suelo donde está construido por 2,3 millones de euros. De hecho, la principal consecuencia de este paso es que se mantiene el estado de stand-by que el hotel arrastra desde hace años: la Junta puede derribar el edificio con la seguridad jurídica que desea para no tener que pagar una indemnización millonaria.

Alega que el edificio del barrio de Sampaio dispone de baños de hasta veinte metros

El Tribunal Supremo (TS) decide este miércoles si procede o no ordenar la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, en una deliberación en la que fijará si en casos como el de la polémica edificación puede "declararse jurisdiccionalmente" la nulidad de una licencia de obras una vez que ya han sido anulados los instrumentos normativos en los que se basó su otorgamiento.

El caso Boadilla, lleva a De la Mata a reconocer en un auto que existen en la causa elementos inciarios de que se utilizaran fondos públicos en la construcción de esta sede.. vinieron a mostrar como supuestamente la financiación pública y las irregularidades contables relacionadas con la Gürtel estaban ya tras la compra y/o adaptación de varias sedes del PP. Para empezar las de la propia sede nacional, en la calle Génova, pero también en otros lugares como Bilbao, Logroño, Palma o, también en Madrid, Pozuelo de Alarcón.

Entre los detenidos en Murcia está Fernando Berberena, ex concejal de urbanismo. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal le investiga desde que encontró en su casa una escultura valorada en 16.000 €, regalo de otro escultor al que también se le encargó, otra rotonda

Analizamos quién está detrás de la construcción del medio millón de viviendas ilegales que existen en España. Viajamos hasta Marbella, donde se han construido más de 18.000 viviendas ilegales. Allí, Fidel San Román, un afamado constructor y promotor condenado en la Operación Malaya, declara haber pagado tres millones de euros a Juan Antonio Roca con el fin de regularizar más de 1.000 viviendas construidas en suelo de uso público. Promotores, constructores y políticos. Recorremos España en busca de los responsables.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena de cuatro años y tres meses de inhabilitación impuesta al exalcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 28 años, el independiente Manuel Ruiz Lucas, por un delito continuado de prevaricación administrativa al “consentir” de manera “tácita” la construcción “indiscriminada” en la zona de Las Minas de 800 casas ilegales.

Se estima que en nuestro país hay más de 50.000 construcciones en cauces de ríos y en zonas en alto riesgo de inundación. Hay zonas con más riesgo de sufrir inundaciones, que se agrupan en la costa mediterránea y levantina, siendo las provincias más afectadas Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga y Tarragona. Para evitarlo, ''el primer paso es que no se sigan construyendo viviendas o edificaciones en dominio público hidráulico y en zonas inundables. Hay que parar las planificaciones urbanísticas irracionales e ilegales que lo permiten".

El expresidente de la Generalitat habría situado al frente de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios, a personas afines como Máximo Caturla o el marido de la socia de su mujer en una farmacia de València. Los investigadores del caso Taula aseguran que la constitución de la empresa pública se realizó expresamente para desviar fondos al partido y comisiones para particulares..

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno va a proponer al Parlamento una modificación normativa de la Ley para posibilitar la regularización de viviendas que se encuentran en un "limbo jurídico" porque ha prescrito el plazo para restituir la legalidad tras ser construidas en suelo no urbanizable. Díaz ha asumido este compromiso con el objetivo de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la administración no puede dar la espalda".