La Guardia Civil ha destapado una supuesta trama de corrupción y estafa en la que varias personas amañaban contratos de mantenimiento en el parque Warner. De momento, ya hay más de cuatro arrestados, y se espera que esta cifra suba en los próximos días. El 'modus operandi' de la trama consistía en adjudicar los contratos de mantenimiento a dedo, lo que generaba las correspondientes mordidas.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detuvo ayer al coronel Juan Antonio Maroto Gil, al teniente coronel Alberto Martín Altube, ambos mandos del Servicio de Contratación de la Dirección General de la Guardia Civil, y a un subteniente por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos. Junto a ellos se arrestó a otras cinco personas en el marco de la operación Grapa, que en 2017 destapó una red acusada de amañar contratos públicos tanto en la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Más de veinte personas, entre ellas un ex alto cargo del Gobierno valenciano cuya identidad no ha sido revelada, han sido detenidas en la operación policial de ámbito nacional relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios coordinada por un juzgado valenciano.

Políticos del PP como Daniel Ortiz,exalcalde de Móstoles y exdiputado del PP hasta que el juez le señaló. Alcaldes en activo como Borja Gutiérrez,primer edil de Brunete o el antiguo alcalde de Collado Villalba,Agustín Juárez,los dos hermanos Utrilla responsables en el ayuntamiento de Sevilla La Nueva o el socialista Jose María Fraile,exregidor en Parla. Y así hasta las 57 personas que en calidad de investigadas deben afrontar su responsabilidad penal en el amaño de contratos públicos con Cofely,la empresa de gestión energética que pagaba en b

El directivo de la sociedad estatal que fue despedido por denunciar las irregularidades aportó a la causa un informe con más obras bajo sospecha. La Guardia Civil analiza los expedientes en papel y soporte informático encontrados en los 16 registros

Agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado lunes a la sede de Arpegio, la sociedad pública del suelo que estuvo bajo control de Francisco Granados. Reclamaron nuevos expedientes del Plan Prisma, el programa de inversiones en municipios en el que el Ejecutivo regional invirtió cientos de millones de euros en la etapa que era controlado por el político hoy encarcelado. Una directiva de este organismo ya está imputada por supuestas irregularidades.

El Ayuntamiento de Parla preguntó al magistrado si debía hacer frente a las facturas que le presentaba la multinacional Cofely-GDF Suez. Velasco, con el apoyo de Anticorrupción, recuerda en un escrito que "los pactos de corrupción" que provocaron aquellas adjudicaciones "pueden originar los procesos de revisión o de suspensión" de dichos pagos aunque aún no haya sentencia sobre la trama liderada por Granados y Marjaliza.

El Ministerio Público se querella contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y otros miembros del organismo así como empresas del puerto por el supuesto amaño de contratos.

La empresa Neoturismo comercializó las tarjetas de Madrid Card y el abono turístico madrileño durante doce años antes de declararse en concurso de acreedores. En 2015 se convocó un concurso público a su medida para que siguiera comercializando el abono que se anuló tras ser impugnado por otro aspirante. Una empresa que quería competir denunció el amaño: el Consorcio desistió el concurso sin volver a convocarlo y la tarjeta dejó de venderse.

Corrupción a todo ritmo. La trama desmantelada en la 'Operación Púnica' dio muestras de una actividad incesante en los nueve meses que duraron las investigaciones de la Guardia Civil. En ese tiempo, la red presuntamente encabezada por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados y su amigo, el constructor David Marjaliza, consiguió cerrar tres de los contratos fraudulentos más sustanciosos: 72 millones con el Ayuntamiento de Móstoles, 54,6 millones con el Consistorio de Parla y uno de cerca de 40 millones con el de Collado Villalba

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la imputación del exconseller de Inmigración Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares por el supuesto amaño de contratos informáticos. En la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni.

Advierte a la Audiencia Nacional del hallazgo de una cadena de correos entre el exministro y exvicepresidente de OHL, Josep Piqué, el exconsejero delegado, Javier López Madrid, y otro directivo de la empresa, en los que apuntan a un posible amaño del contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, valorado en 771 millones de euros. Según los correos,contactaron con el entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González, para que mediara a su favor Josep Piqué niega a la SER que pretendiera amañar el contrato

El juez Eloy Velaco, instructor del caso 'Púnica', sospecha que el que fuera presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, pretendía "amañar" los contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de obtener influencias en Génova con la intención de hacerse con la presidencia del PP leonés...

La UDEF investiga a filiales de ACS por amañar los contratos públicos en Cádiz. El juez imputa a dos funcionarios del consistorio y cuatro directivos de las mercantiles por repartirse las adjudicaciones del alumbrado público de la ciudad y otros servicios vinculados.

El Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid ha imputado a dos tenientes coroneles por delitos continuados contra la hacienda militar por supuestamente amañar contratos en el Ministerio de Defensa a cambio de dinero, invitaciones al palco del Santiago Bernabéu, al tenis y regalos. Según un auto del citado Juzgado Togado Militar facilitado hoy, también estás imputados otro tercer militar, el teniente Sebastián G.M., y los empresarios Manuel R.A. y Lázaro B.M. como presuntos autores de un delito de cohecho en esta causa

Las 4 empresas que se repartieron durante 15 años los contratos de suministro del administrador ferroviario Adif se pusieron de acuerdo para eliminar la competencia en los concursos que ganaron. Según el expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los directivos de las compañías recurrieron a los números de la Lotería Nacional agraciados en los sorteos como referencias numéricas de los tramos a la hora de organizar los amaños.

El denunciante aporta una grabación del director de contratación de Urbaser en la que afirma que "se ha hecho un falseamiento de la competencia en grado extremo" para tratar de hacerse con este contrato de más de 50 millones de euros. La denuncia, que ahora está recurrida, fue archivada por un juzgado de Majadahonda sin hacer ninguna diligencia de investigación. El sistema de amaño lo explica en la grabación el directivo de Urbaser: localizar un criterio en el que las empresas ajenas al grupo Urbaser que también compiten por el contrato puedan…

La Audiencia Nacional procesa al exconseller Serafín Castellano por el amaño de contratos del 'cártel del fuego. El ministerio público atribuye al exdirigente popular valenciano los delitos de falsedad en documento público, cohecho, malversación y asociación ilícita en una causa en la que están implicados empresarios y cargos públicos de diferentes autonomías

El número tres de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, participó en el amaño de contratos públicos para favorecer a empresas que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Así lo confirmó al menos J.G.V, ex director del gobierno autonómico que declaró como testigo en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, y cuyo testimonio ha permanecido secreto hasta ahora.

El partido de Jordi Pujol destinó a sus fundaciones más de un millón de euros de apenas 24 contratos. Era una "conducta sistémica" de manipulación de los contratos