La galopante corrupción en España está siendo objeto de estudio en uno de nuestros países vecinos: Francia. Hasta tal punto que el Instituto Francés de Geopolítica (IFG) ha realizado un informe pormenorizado por comunidades autónomas, algo así como un mapa de la España negra de las corruptelas, en el que Murcia tiene el infausto honor de aparecer como la región española con un mayor porcentaje de municipios afectados por casos de corrupción urbanística (casi un 60 por ciento).

“Nos pidieron que falseáramos el planeamiento, cuando esto estaba expresamente prohibido. Me negué yo y se negó mi equipo. Fui destituida y mi cargo fue ocupado por el funcionario que se atrevió a firmar el informe favorable”, afirma Maite Morao ex jefa de Planificación Urbanística en el Ayuntamiento de Sabadell.

Un juzgado de Sabadell ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad a indemnizar con 25.000 euros a una funcionaria por haber sufrido acoso laboral. El Consistorio cesó a la trabajadora denunciante.

El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha dejado caducar tres expedientes, que multaban a la obra, a pesar de que las obras “amenazan” la flora protegida, han destruido un yacimiento y comenzaron sin evaluación de impacto ambiental. Uno de ellos por la destrucción de un yacimiento arqueológico, con una multa de 600.000€ por infracción “muy grave” contra el patrimonio. También se archiva el expediente sancionador por empezar las obras sin contar con una evaluación de impacto ambiental, anulando sanción de 110.000€ y tumbando la paralización cautelar.

Hace justo una semana el Ayuntamiento de Madrid anunciaba el primer Plan de Inspección Urbanística de la capital, un documento que marca la estrategia de la Agencia de Actividades en materia inspectora y define sus prioridades. Estará vigente en 2024 y 2025. En el documento remitido para su aprobación no se da un solo detalle de cómo se va a acometer esa actividad inspectora, en qué plazos y con qué presupuesto