Los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra fueron condenados en costas judiciales a pagar un total de 15,85 millones de euros en diez años, entre 2005 y 2015, por el empeño de la Conselleria de Hacienda de revisar las autoliquidaciones de los impuestos cedidos que hacían los valencianos. Según datos de la Conselleria de Hacienda, la Generalitat perdió un total de 12.800 pleitos en estos años por un método de comprobación de valores en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos.

El PSOE ha registrado una proposición de ley que propone limitar el pago de las costas judiciales a que la parte vencida en el procedimiento "haya actuado de manera dolosa o culposa, es decir, con mala fe o temeridad" para que las personas con menos recursos no teman acceder a los tribunales. Se pretende que la Ley de Enjuiciamiento Civil recoja que "las costas de primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, siempre que el tribunal aprecie y así lo razone que se ha litigado con temeridad".

El NHS inglés trata de reclamar 120.000 libras esterlinas en costas judiciales a la organización benéfica BHA (Asociación Británica Homeopática), argumentando que los contribuyentes no deben pagar la cuenta del "agua del grifo disfrazada de medicina".

Los bancos deberán abonar las costas judiciales de las dos instancias previas al recurso de casación en materia de cláusulas suelo abusivas, según ha acordado en pleno el Tribunal Supremo, que ha adoptado dicha medida para evitar que los gastos del proceso causen un "efecto disuasorio" en el consumidor.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la imposición de costas de las instancias anteriores, con la consiguiente obligación de restitución de la totalidad de las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula suelo declarada nula, con completo efecto retroactivo, tras ajustar la sala su doctrina a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Argumenta que si el consumidor, a pesar de ganar el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las primeras instancias se produciría un efecto disuasorio.

Con el aumento de las facturas legales por su batalla legal con Virginia Giuffre, el Príncipe Andrés está en una carrera contra el tiempo para recaudar fondos para pagarlas. Y el Duque está intentando forzar la venta de su chalet suizo de 17 millones de libras esterlinas, al salir a la luz que la Reina no pagará sus crecientes costes. Andrew podría saber el viernes si se enfrentará a un juicio civil completo en Nueva York por las acusaciones de que abusó sexualmente de la Sra. Giuffre en 2001 en tres ocasiones cuando ella sólo tenía 17 años,

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apoyado hoy la iniciativa del Ministerio de Justicia de que se prohíba a los jueces, magistrados y asociaciones judiciales opinar sobre las causas judiciales de actualidad para preservar "la independencia e imparcialidad de la justicia". De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón que pretende que los jueces y magistrados no puedan verter opiniones de ningún tipo en los medios de comunicación sobre los procedimientos judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia. Un presidente, que será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia.

La asociación de jueces Foro Judicial Independiente pide a los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial que retiren su candidatura como lo ha hecho el juez Manuel Marchena para denunciar la falta de independencia judicial.“La decisión conocida hoy demuestra que los jueces no podemos ser cómplices en este sistema. No podemos avalar,con nuestros actos o con nuestro silencio,esta grave situación”.A su juicio, el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ es “un grave atentado a la independencia judicial, al principio de

Tras la declaración de constitucionalidad de la tasa judicial catalana realizada por el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados de Barcelona ha hecho público un comunicado por el que rechaza frontalmente que los ciudadanos que viven en Cataluña estén sometidos a una doble imposición, es decir, al pago de la tasa judicial catalana y estatal para poder reclamar justicia ante los tribunales.

Tres asociaciones de jueces y una ONG de defensa de los derechos civiles piden a Naciones Unidas que frene los ataques del Gobierno que están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder judicial como el estado de derecho.Los jueces denuncian la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político y piden que la ONU que se dirija al Gobierno

Cerca de 10 años después, el Centro Social Okupado y Autogestionado l'Estella de Mataró llevará a juicio al secretario judicial responsable de la inutilización del espacio liberado. El 18 de febrero de 2005, el secretario judicial del Juzgado de Instrucción numero 1, con Carlos Agueda Holgueras al frente, tenía ordenes de identificar y notificar a los ocupantes del CSOA l'Estella de Mataró que se iniciaba un proceso judicial contra ellos. Sólo tenía que identificar y notificar, no tenía, en ningún caso, que efectuar el desalojo. traducción #1

El otro día se publicó que el Tribunal Constitucional había “tumbado” las tasas judiciales que impuso hace ya cuatro años (que se dice pronto) el Partido Popular. Por supuesto, la realidad es un poquito más complicada, así que hoy le vamos a dedicar un poco de espacio al asunto de las tasas judiciales y de su inconstitucionalidad. ¿Qué eran las tasas judiciales? Se trataba de un tributo impuesto por la Ley 10/2012 que había que pagar antes de que te dejaran iniciar un procedimiento judicial. Las había en la jurisdicción […].

Los nombres femeninos no se repiten, pero se dicen pronto: Gloria, Adela, María Emilia, Encarnación y Elisa. Estas cinco mujeres son un retrato a pequeña escala de un problema que se extiende a toda la la cúpula judicial de España. En 2015, en lo más alto los órganos del Poder Judicial había 173 hombres y 27 mujeres.

El Poder Judicial no es enteramente independiente al menos por tres razones: porque el poder ejecutivo y el legislativo tienen una influencia decisiva en la composición de su órgano de gobierno,el Consejo General del Poder Judicial; porque la Fiscalía queda fuera de éste:el gobierno designa al Fiscal general del Estado,el cual nombra a los fiscales jefes de las audiencias,en una organización fuertemente jerárquica; y el Poder Judicial tampoco es enteramente independiente porque carece de una policía judicial propia:la que tiene depende orgánica

En respuesta a la resolución registrada, los colectivos Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente recuerdan que “la función primigenia” del CGPJ “es amparar a los jueces y juezas de cualquier ataque recibido que afecte al ejercicio de su función jurisdiccional”, como entienden que está haciendo el PP,y abogan por la defensa de la independencia judicial como "ejercicio efectivo por parte del Consejo”.Las asociaciones judiciales destacan

El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el expresidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP

Tres asociaciones judiciales han criticado la "intromisión" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado para interceder en favor de Juana Rivas.Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria es "una muestra más de la falta de respeto que el Poder Judicial le merece al Ejecutivo". La Asociación Profesional de la Magistratura ha reaccionado con incredulidad y el Foro Judicial Independiente expresa su "rechazo" a la actuación de la ministra. Sólo una asociación no ha criticado a la ministra, se trata de Juezas y jueces para la democracia.

El último informe del World Economic Forum (WEF) adjudica al Estado español un 4,2 en su indice de Independencia Judicial, y lo sitúa en un preocupante puesto 58, por detrás de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Kenia, Lituania o Botswana. Otras importantes deficiencias del sistema judicial español son la falta de medios, tanto humanos como materiales, la escasa prevalencia de métodos de mediación y arbitraje, la sesgada composición del Consejo General del Poder Judicial, o la falta de transparencia e información clara y comprensible.

La justicia no es perfecta. El sistema judicial falla.El ordenamiento jurídico español no ha sido ajeno a la existencia del error judicial en el desarrollo común de los procedimientos. Así, la Constitución Española de 1978, en su art. 121, señala que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

Revuelta en el Poder Judicial español, en un enfrentamiento descarnado de los representados nombrados por el PP contra los del PSOE y el Gobierno. Ocho vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) han solicitado formalmente este lunes la celebración de un pleno extraordinario que se celebrará el miércoles a partir de las 19.00 horas, para fijar una respuesta de este organismo contra su reforma. Los promotores del pleno consideran que le quieren restar atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial.

En España el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia en España pone límites a la publicidad de las sentencias judiciales