(...) La imposición del sistema marginalista a la fijación de los precios de la electricidad, al menos en el caso español, invalida los esfuerzos e inversiones, tanto públicos como privados, realizados a favor de la producción a bajos costes y reducido impacto ambiental a través de las energías renovables. En el caso de otros países europeos que, o bien no tienen suficientes recursos renovables, o no están suficientemente accesibles, o no han hecho inversiones en tecnologías renovables.
