El expresidente de la Generalitar Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán el próximo día 17 de noviembre ante el tribunal que deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega que ha emitido contra ellos al Audiencia Nacional.

Su intención es utilizar el ejemplo de lo que ha ocurrido con la euroorden emitida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hacer ver que se trata de un sistema, en vigor desde hace ya 15 años, que no resulta "ágil" y no funciona como se esperaba, y por tanto debería ser sometido a revisión.

España tiene previsto plantear una reflexión a nivel europeo para poner de relieve que la euroorden no funciona después del 'caso Puigdemont'. Será el ministro Rafael Catalá quien acuda este viernes al Consejo de Ministros de Justicia (CMJ) europeo que se celebra en Bruselas y allí quiere proponer a sus colegas la necesidad de revisar el sistema de euroórdenes.

La negativa ha sido contundente, sin nada del lenguaje diplomático que se usa habitualmente en la Unión Europea. La comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, ha rechazado de plano este viernes la petición del Gobierno español de revisar la euroorden a raíz de los fallos en el sistema que a su juicio ha revelado el caso del expresidente catalán, Carles Puigdemont. Los socios de la UE ni siquiera están dispuestos a examinar las propuestas del ministro de Justicia, Rafael Catalá: no ven problemas graves de funcionamiento.

"Me parece tremendamente injusto culpar a Bélgica por errores cometidos en Madrid, especialmente porque esos errores hubiesen llevado al mismo resultado en cualquier otro país europeo. Lo que debemos hacer es revisar las actuaciones, comprender que los problemas políticos no se deben resolver en los Tribunales y reconducir estos procedimientos a un ámbito de respeto de los derechos fundamentales de conformidad con nuestro ordenamiento".

La Fiscalía General del Estado ha confirmado este domingo que activará "inmediatamente" la euroorden internacional de detención contra el expresident Carles Puigdemont si este viaja finalmente a Dinamarca, donde ha sido invitado a participar en un debate este lunes en la universidad de Copenhague.

La jugada de Puigdemont ha puesto a la Justicia española ante un dilema. Pese a que el juez Pablo Llarena decidió el pasado 5 de diciembre desactivar la euroorden en la que se pedía su detención, el viaje sorpresa del expresidente ha provocado la reacción inmediata de la Fiscalía, que tiene previsto solicitar de urgencia que se vuelva a requerir su arresto. Este hecho obliga al juez a decidir y revisar su orden de diciembre, pero activar la euroorden en este momento lleva aparejados varios riesgos.

El juez Pablo Llarena ha rechazado cursar una orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont ante Dinamarca, tal y como le ha solicitado esta mañana el fiscal ante el Tribunal Supremo.En un auto publicado hoy el magistrado le dice al fiscal que encuentra razonable su petición, pero añade que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta.

La razón por la que el juez Llarena ha decidido no cursar la euroorden no es otra que la imposibilidad de convencer a ningún juez en un Estado de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Puigdemont es constitutiva del delito de rebelión.El delito de rebelión en que se sustenta la querella admitida a trámite por la AN y posteriormente por el TS es un delito imaginario,un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas.. en el caso de haber cursado la euroorden y no ser atendida

La exconsellera Clara Ponsatí se entregará este miércoles a las autoridades escocesas, según ha adelantado este martes TV3. "A los tribunales no les gusta sentir que otro miembro de la Unión Europea no respeta las leyes ni la Convención Europea de los Derechos Humanos. No es una batalla cualquiera, lo aceptamos. Sabemos que tenemos delante una batalla muy difícil", ha dicho el abogado Aamer Anwar.

Hay motivos jurídicos para rechazar total o parcialmente la euroorden por la que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido la extradición del presidente Carles Puigdemont a las autoridades alemanas. Diversos juristas alemanes los han explicado a la agencia Bloomberg y al diario económico alemán Handelsblatt y también han aclarado así por qué la jueza de primera instancia de Neumünster (estado alemán de Schleswig-Holstein) expresó dudas sobre el fondo de la petición española.

Así lo relata el magistrado en esa euroorden en la que recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión), dos infracciones penales por las que pidió su detención.

La respuesta es sí. La decisión del tribunal alemán no cuestiona si están o no probados los hechos alegados en el auto del juez Llarena. Se limita a verificar si estos tienen o no correspondencia en el Código penal de aquel país y a obrar en consecuencia

En una sala de la corte de Edimburgo esta semana y la próxima Escocia se involucrará una vez más en un conflicto de otro país. La euroorden de arresto a través de la cual el gobierno cada vez más desquiciado y reaccionario de España está tratando de extraditar a la profesora Clara Ponsatí para hacer frente a cargos de rebelión violenta, se está encontrando con una importante resistencia escocesa.

Un análisis desapasionado sobre el presunto "bofetón" de la Justicia alemana a la española, que ayuda a considerar el problema con algo de perspectiva. "Suscribir el Convenio de Europa supone adscribirse a la idea de que los derechos humanos necesitan una instancia "lejana" para su mejor protección. La lejanía favorece la lógica de los derechos humanos y neutraliza la razón de Estado"

Bruselas defiende la decisión de la justicia alemana de rechazar la entrega del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el delito de rebelión.

En un poder legislativo intervenido por el judicial, como ocurre en el caso catalán, cualquier movimiento de un tribunal puede suponer un cambio inesperado en un parlamento. Así ha ocurrido con la reactivación de las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena, que puede tener como efecto colateral que la suma de JxCat y ERC vuelva a disponer de mayoría simple y, por tanto, de capacidad para investir un candidato sin ayuda de la CUP. Esta situación paradójica tiene que ver con la capacidad de los que no asisten a las sesiones de delegar su voto.

"Deberíamos avanzar en esa materia y lo mismo que el juez de Zamora no cuestiona a un juez de San Sebastián cuando le pide una cooperación judicial, así debe pasar entre juez de Munich y uno de Guadalajara", ha explicado. "Esta es una línea de cooperación y confianza en la que deberíamos avanzar para que el día de mañana Europa sea un espacio de seguridad y justicia fuerte", ha añadido Sánchez Melgar.

La comisaria de Justicia Vera Jourová ha respondido a los eurodiputados de ERC Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé y al eurodiputado de PDCat Ramón Tremosa que ni la Comisión Europea ni los gobiernos "pueden interferir o influir" en decisiones judiciales relacionadas con órdenes europeas de detención y entrega.

Bruselas dice que "la euroorden funciona" y pide "no generalizar ni dramatizar" sobre procedimientos en curso. El portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que la euroorden es un instrumento que "funciona porque hablan los jueces y cuando hablan los jueces los Ejecutivos se callan". Ante quienes opinan que el sistema no está funcionando, ha señalado que "no hay que generalizar ni dramatizar procedimientos que están en curso".