Los últimos datos publicados por el Ministerio de Función Pública en julio de 2022 revelaron que en España hay 2.731.117 de funcionarios públicos. Esto supone un 17,2% de los ocupados en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Clasificándolos por tipo de administración, 515.449 pertenecen al sector público del Estado; 1.617.142 a las comunidades autónomas y 598.526 a las entidades locales.

Creo que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad histórica que les exige airear todos los fenómenos de corrupción documentados que puedan pasar por sus mesas u ordenadores. Si todos lo hicieran los políticos sucios hervirían de inquietud y ya no podría seguir ejerciendo la delincuencia organizada. ...haciendo que los documentos comprometedores cayeran en manos de la prensa.

Durante una reunión con trabajadores de las empresas públicas, el Consejero de Gobierno ecuatoriano, Santiago Cuesta, lanzó una amenaza a todos los funcionarios que salieron a protestar en contra del régimen: Serán separados de sus cargos con visto bueno. “Todos quienes hayan salido, que no sean sindicalistas, que haya ido a una manifestación, al día siguiente, este jueves, se le está presentando el visto bueno”, advirtió. En un video, Cuesta reclamó al sector de los trabajadores por “verles la cara” y por ofender al Presidente Lenín Moreno.

Lo que sigue es una muestra de los ásperos juicios de valor efectuados por un profesor interino sobre determinados jefes o compañeros suyos en un centro de enseñanza pública y su entorno administrativo (el director del instituto, varios inspectores y los miembros de un tribunal de oposiciones).

Un nuevo informe del grupo de trabajo de la OCDE sobre el soborno revela importantes brechas en el castigo de los funcionarios públicos. Alerta de que corren poco riesgo de ser castigados.

...la increíble, pestilente, desvergonzada y repulsiva marejada de negocios sucios, de trato de favor, necesitan del silencio de los funcionarios porque toda esa basura les es perfectamente conocida. España se cae a pedazos. Los políticos, con ayuda de sus amigos jueces, la están destruyendo y tenemos la responsabilidad de impedirlo. Si todos lo hicieran los políticos sucios hervirían de inquietud y ya no podría seguir ejerciendo la delincuencia organizada.

El presonal de la alta dirección vinculado a la Administración General del Estado (AGE) –presidentes de agencias estatales, secretarios generales técnicos, directivos del sector público empresarial, etc.–, tendrá una subida salarial del 3,4% en 2016, frente al 1% aprobado con carácter general para el resto de los empleados públicos, según denuncia UGT. "La subida salarial del 1% será prácticamente imperceptible para el bolsillo de los 2,3 millones de empleados, que han visto cómo su poder adquisitivo disminuía un 9,2% durante la legislatura".

Encuesta de Población Activa (EPA), Agencia Tributaria, afiliación a la Seguridad Social, Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas... ¿Qué estadística tener en cuenta para saber cuántos empleados públicos hay en España?

Los zombies están llegando a las oficinas públicas mexicanas, aunque no se trata de una ficción y es la mera realidad. Ocurre que un reciente informe revela que el 30% de los empleados mexicanos son considerados como unos zombies laborales. "Por lo general son amigos, parientes o allegados de los jefes, que, usualmente, no fueron contratados por sus habilidades y conocimientos profesinales"

En 2009, por ejemplo, se eliminó lo que se denominaba abono de reyes [..] el banco de España pagaba, subvencionaba, los regalos que iban a recibir los hijos de los empleados el día de Reyes, es como si tú ahora trabajas para una empresa y la empresa paga los regalos que tú les vas a hacer a tus hijos por el día de Reyes sea lo que sean. La diferencia dentro del banco de España es todo con dinero público, tuyo y mío, entonces encontrándonos con estos 20 millones de subvención con el bono de reyes que se ha eliminado, las vacaciones pagadas, las

La reciente aprobación del Real Decreto Ley de Función Pública en España ha marcado un antes y un después en el panorama laboral para los funcionarios públicos. Esta nueva normativa, esencial para recibir los fondos Next Gen europeos, implica un cambio sustancial en la evaluación del desempeño de los funcionarios, alineándolos más estrechamente con prácticas comunes en el sector privado. Este será el fin de una era de estabilidad laboral para Funcionarios.

Intentaré responder, pero antes conviene hacer una clarificación: los datos se refieren a asalariados públicos (funcionarios y contratados), aunque por mor de brevedad utilizaré la palabra funcionarios en lugar de asalariados públicos, que es muy larga. Pero cuidado: no es lo mismo. Muchos funcionarios se han quejado de recortes al mismo tiempo que aumentaba el número de contratados.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ya maneja los datos sobre el primer periodo de cambio de aseguradora de sus mutualistas en 2018. En esta ocasión han sido 47.815 los funcionarios que han decidido probar los servicios sanitarios de una entidad diferente a la que venían frecuentando en el último año, según los datos a los que ha tenido acceso en exclusiva Redacción Médica. El 80% de los mutualistas (de un total de 1.458.750 funcionarios) eligió la sanidad privada, mientras que en torno al 20% prefirió el SNS.

En 2002 había 2.303.076 millones de funcionarios, según el primer boletín estadístico sobre empleados públicos, publicado por Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta julio de 2017 la cifra era de 2.535.493 empleados públicos, un 10,09% más.

El empleo en el sector público ha permanecido prácticamente invariable desde finales de 2007 e incluso ha experimentado importantes incrementos durante los primeros años de la crisis, según el 'Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas' y la 'Encuesta de Población Activa' (EPA). Desde 2007 la EPA evidencia un recorte de 3,1 mill. de empleos privados. El Boletín señala que en enero de 2008 había 2.582.846 funcionarios, frente los 2.547.720 en julio de 2013. Sanidad y educación, con mucho, los más afectados.

“Ahora fantaseamos con ser funcionarios”, apunta la periodista Beatriz Serrano en una reciente entrevista en elDiario.es sobre su último libro en el que habla de la difícil relación de los jóvenes con las estructuras del mercado de trabajo. Más allá de esta idea, los datos muestran que el sector público adolece de un problema generacional, pero no por la base de los jóvenes, sino por los de mayor edad. La reciente actualización de la base de datos de los trabajadores del sector público constata que en apenas cinco años se jubilará casi el 22%..

En algunos países basta una sospecha de corrupción para que un ministro o secretario de estado dé un paso al costado. En otros, se aferran al cargo pase lo que pase. La corrupción es habitual en cualquier parte del mundo. En todos los países hay funcionarios que violan la ley y abusan de su poder para beneficiarse. Lo que varía notoriamente de una sociedad a otra es cómo se lidia con este fenómeno cuando alcanza estado público. En todos los casos interviene la justicia, que investiga y decide si el acusado es culpable o inocente..

El documento de trabajo del Ministerio de Sanidad desvelado por Invertia en el que se propone la supresión de las mutualidades de atención sanitaria de funcionarios, militares y personal de Justicia no ha gustado ni en el sector de la salud ni en los usuarios. Se trata de una iniciativa que, además, tendría un importante impacto económico, puesto que la sanidad pública tendría que asumir una millonaria alza del gasto sanitario. La causa de este aumento está en la eficiencia.

.. de nivel 30 y antigüedad Simón cobra lo que le corresponde a un funcionario por oposición de su categoría, de nivel 30 en la administración, y por los trienios que le corresponden por su antigüedad.Hay otros sueldos superiores de los fondos públicos a cargos como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que cobra un total de 7.821 euros brutos mensuales.La diferencia entre los cargos políticos, como Miguel Ángel Rodriguez o los delegados del Gobierno, con Simón es que el responsable del CCAES no es un puesto político

El estudio distingue que el concepto de empleado público no equivale al de funcionario. El primero se refiere a las personas que trabajan para la administración pública bajo un contrato, ya sea eventual o indefinido. Por otro lado, los funcionarios son los que gozan de un trabajo ganado mediante una convocatoria pública y que, salvo renuncia o sanción grave, es de por vida. Asimismo, la investigación aclara que "no existe una correlación muy fuerte que apoye que a más o a menos personal público, mejor o peor funciona un país.

La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha acusado este sábado al PP de ser el culpable de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto que fijaba en 35 horas semanales la jornada de los funcionarios y de las consecuencias negativas que ese fallo judicial tendrá en el empleo. "Hay que apuntar al PP y hay que recordar a la gente quién les ha robado el derecho a recuperar su jornada", ha dicho a los periodistas la dirigente de Podemos, que ha asistido en Cádiz a un encuentro municipalista de su partido.