Desde que el juez Salvador Alba tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para sustituir a la diputada Victoria Rosell, cometió distintos delitos dirigidos a poner en cuestión el deber de imparcialidad de su antecesoraLa sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí: los hechos probados de la sentencia establecen que la conspiración permitió al exministro alimentar la querella que interpuso ante el Tribunal Supremo contra Rosell, que era entonces su rival políticaEl juez Salvador Alba, condenado a seis a

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado Salvador Alba a una pena de seis años y medio de prisión por conspirar contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, el juez Alba ha sido condenado también a 18 años de inhabilitación y a pagar una multa 60.000 euros a Rosell por daños morales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba ha negado haber ofrecido favores judiciales al presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para ‘acabar’ con la trayectoria de la ex diputada de Podemos y juez en excedencia Victoria Rosell. Estos hechos han sido negados por el magistrado en un comunicado donde asegura que “nunca” ha tenido encuentro privado “de ninguna clase con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso, los mismos han sido en todo caso públicos y en sede judicial”.

En el reservado de la segunda planta de ese local junto al parque de Santa Catalina, una treintena de seguidores se dan cita con el líder de Vox. Entre ellos, el juez Alba, acusado por el Tribunal Superior de Justicia canario de cometer cinco delitos, con el fin de acabar con la carrera política y profesional de la jueza Victoria Rosell, por entonces diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas también cuestiona que el juez Salvador Alba presida el juicio del caso Faycán, otro de los grandes casos de corrupción que juzga el magistrado en Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha admitido la petición del magistrado Salvador Alba para declarar nulas las actuaciones en su contra y ha optado por mantener como pruebas las grabaciones que le hizo el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La jueza asegura haber vivido “una pesadilla” por las maniobras de un magistrado que le infunde “dolor y temor” y que, a su juicio, participó en una conspiración que tenía como finalidad última contribuir a la querella que el exministro había interpuesto contra ella. "Jamás nos dieron explicaciones de cómo un informe reservado de Alba acabó en manos de Soria", cuestionó la testigo y víctima del procedimiento..

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia condenatoria contra el magistrado Salvador Alba, que había sido penado a seis años y medio de prisión por haber conspirado contra la también jueza Victoria Rosell. Alba fue también penado a 18 años de inhabilitación por tres delitos que fueron los de prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial.

Salvador Alba tendría que haber ingresado el pasado viernes en prisión por su intensa labor ilícita contra su antecesora en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. El lunes efectivos de la Guardia Civil irán en su busca. Hay quien cree que ha huido. Su víctima confía en que no sea así.

La diputada de Podemos asegura ante el CGPJ que el juez Alba mantiene una "investigación inquisitorial" que el exministro Soria aprovecha. Alba se prestó voluntario a sustituirla, prescindió del juez de apoyo e insiste en una supuesta incompatilidad que el Poder Judicial ha rechazado. El Supremo debe pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella de Soria, defendido por un íntimo amigo del juez que presidirá el tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó en octubre de 2015 que Salvador Alba reemplazara a Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a pesar de que el magistrado, con plaza en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ya había superado el periodo legal establecido para poder desempeñar una sustitución voluntaria, los 180 días al año que fija la disposición adicional quinta del Real Decreto 700/2013 sobre el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

El juez Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presidirá los juicios de dos de las piezas de la considerada mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias, el caso Unión.

El comentario de Rosell, enlazado a una noticia difundida por la Cadena Ser el 14 de enero, un día antes del comienzo de la vista oral, era el siguiente: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste (Faycán) con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”.

El abogado Nicolás González-Cuellar es la última coincidencia en el complejo entramado que se ha trazado en torno al magistrado investigado, que presidirá los juicios de dos piezas del caso Unión y el caso Stratvs. La asociación Jiménez de Asúa, vinculada a uno de los acusados a los que deberá juzgar Alba, ha pedido personarse en la causa contra el juez.

La magistrada ordena limpiar de ruidos para una correcta transcripción el audio de una hora y 17 minutos descubierto por la Guardia Civil. Da traslado también de la nueva prueba al juzgado de la querella de Alba contra Ramírez y a la querella del exministro Soria contra la exdiputada Rosell. El informe pericial remitido al alto tribunal canario no constata que se añadieran secuencias ni sonidos ajenos.

El juez Salvador Alba, investigado por presuntas negociaciones prohibidas y prevaricación, se mantiene en la sala que juzgará el caso Faycán, y a día de este martes sigue designado como ponente de la sentencia. El presidente de la Sala, Emilio Moya, ha presentado su abstención por amistad con uno de los acusados.