Las obras no supondrán de momento el cierre de esa parte de la línea y costarán 3,6 millones de euros, que se suman a los 21,4 que ya se gastado la Consejería de Transportes en un problema que es endémico y que ha provocado un litigio judicial entre el Ejecutivo autonómico y la empresa que en su día realizó las obras: Dragados.