Mientras en los últimos días hemos visto grandes manifestaciones en oposición a la denominada " ley mordaza”, poco se ha dicho del anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre. Hasta la fecha la información y los comentarios sobre este anteproyecto se han centrado en la posibilidad de que la policía realice intervenciones telefónicas sin previa autorización judicial, lo cual resulta, evidentemente, inconstitucional. Sin embargo...

La nueva LECrim prevé la posibilidad de que los agentes puedan instalar “troyanos” o cualquier otro tipo de programas espía en nuestros artefactos informáticos. Este novedoso medio de investigación supondría una vuelta de tuerca más en la desprotección de los derechos fundamentales frente a los poderes gubernativos.

El Consejo de Ministros aprobará mañana un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".

El Senado aprobará en su Pleno de este miércoles la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial "imputado", que pasará denominarse "investigado" en una primera fase y "encausado" si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación. rel: www.meneame.net/story/juristas-critican-congreso-plazos-limitan-instru

Después de ser aprobada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Senado, la nueva terminología de ‘investigado’ y ‘encausado’ sustituirá a la de imputado antes de final de año. Dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La inmediata aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ausencia de medios adicionales en la justicia despiertan una amenaza inquietante: la posibilidad de que muchos casos se archiven por falta de pruebas y tiempo para investigar

El episodio ocurrido en febrero de este año cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena devolvió el escrito presentado por la representación procesal de Carles Puigdemont, indicándole que no se le tenía por personado en tanto en cuanto no fuera hallado -a pesar de que se sabía que tenía su residencia en Waterloo- o se pusiera a disposición del tribunal, suponía la puesta de largo de un nuevo concepto jurídico, el del “huido”, del que sin embargo no existe una sola referencia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ministro de Justicia ha destacado que por primera vez la norma regula las comunicaciones con los medios y garantiza su acceso a informaciones de interés social. Del mismo modo, Campo ha explicado que la nueva LECrim establece importantes limitaciones, como son aquellas dirigidas a la protección de la intimidad de las víctimas menores de edad, así como la protección de la integridad, el honor y la intimidad de investigados, testigos, peritos o demás intervinientes, limitando la difusión de sus imágenes cuando no revisten interés informativo o

La normativa para proteger la libertad sexual de las mujeres esconde una disposición que habilita a todo juez a que retire cualquier contenido en Internet, se trate del presunto delito que se trate. El intento de proteger a la imagen de las víctimas de violación es indudablemente necesario pero, entonces, ¿por qué no se especifica? Esto es así porque no se especifica claramente delitos concretos, sino "delitos cometidos a través de Internet" y otras tecnologías de la información. Es decir, en la norma propuesta, que está en el Senado en su…

Las activistas protestan por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación” aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificado la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas.