Registro de lobbies y Consejo de Transparencia con funcionarios, entre las 450 enmiendas a la ley de transparencia PP, Podemos y Ciudadanos han presentado esta semana más de 450 enmiendas a la Proposición de ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad de Madrid del PSOE entre las que se incluyen incorporar a los ayuntamientos, crear un registro de 'lobbies' y un Consejo de Transparencia integrado por funcionarios. "Es un borrador en el que trabajar", señaló el diputado socialista José Cepeda

El pasado 10 de diciembre se cumplía el plazo de dos años que se dió a los ayuntamientos para adaptarse a la famosa la Ley de Transparencia. Desde ese día todos los Ayuntamientos de España están obligados por ley a tener publicados en sus webs "de manera clara, estructurada y entendible" los presupuestos municipales; los salarios de sus altos cargos; los contratos firmados, las subvenciones concedidas, y otra multitud de datos. A día de hoy la mayoría de los Ayuntamientos siguen fuera de la ley ¿Que consecuncias tiene esta ilegalidad?

La nueva Ley, bautizada “Ley de Transparencia”, entra en vigor solo en el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales dispondrán de otro año más para implementarla. La Ley ha sido criticada por diversos expertos por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental y por no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones como documentos accesibles al público, entre

Casi dos tercios de los periodistas consideran que la ley de transparencia no es una herramienta útil en su trabajo diario. La gran mayoría apenas visita el Portal de la Transparencia y considera poco útil la información que contiene. Solo uno de cada seis periodistas ha trasladado preguntas al Gobierno usando las herramientas de esta ley, y solo uno de cada doce ha elaborado información utilizando las respuestas. El presente artículo recoge las principales conclusiones de la encuesta de valoración sobre esta norma.

Todos los expertos consultados sostienen que la ley de transparencia tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real. Según las últimas resoluciones del Consejo de Transparencia a las que ha accedido este medio, el organismo justifica las desestimaciones de las peticiones porque actualmente Juan Carlos I forma parte de la familia real y no de la Casa Real, que es la institución

Una enorme mayoría de los 211 municipios de la provincia, el 87%, no ofrece ningún dato de transparencia, incumpliendo tanto la ley nacional como la autonómica. Casi cincuenta no tienen Portal de Transparencia e incluso cuatro de ellos no disponen ni de página web.

Entra en vigor la segunda fase de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un cambio “tibio” según los expertos.Casa Real, a medias tintas en la ley

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha adelantado a las previsiones de la Ley de Transparencia y ha puesto en práctica desde hoy diversas medidas en este ámbito que incluso llegan más allá de la norma, que entrará en vigor en diciembre. La vocal ha detallado que el portal permitirá acceso a todo tipo de datos, desde facturas de gastos menores a costes y motivos de los viajes de los vocales o contratos y resoluciones de la Mesa de Contratación. [Nota: Enlace al portal y enlace a la presentación del servicio en #1]

El partido de Pablo Iglesias califica de “ampliamente insuficiente” la Ley de Trasparencia aprobada por el...

Departamento de Comunicación de TVE, dirigido por Ignacio Corrales que, protagonizando una pirueta insólita, nos negó acceder al derecho de la información: “La cifra no la vamos a dar”. La Ley de Transparencia que rige a los organismos públicos determina claramente que toda Corporación de Derecho Público debe informar sobre: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación"

Una resolución de la Comisión de Transparencia de Castilla y León obliga a la Universidad leonesa a generar una normativa sobre el acceso a las notas o expediente por parte de los progenitores. De trasfondo, la disputa jurídica sobre transparencia o datos personales.

Cuatro años después de la aprobación de la (mala) ley 19/2013 de Transparencia nuestros gobernantes aún no han sido capaces de elaborar un reglamento para su aplicación. En 2015 el Ministerio de Presidencia lanzó una consulta pública sobre un borrador de reglamento en la que Xnet ya participamos enviando recomendaciones y enmendando el borrador propuesto. Ahora, en 2017, la Dirección General de Gobernanza Pública lanza otra consulta y vuelve a pedir participación

El índice que mide el nivel de apertura informativa de las diputaciones provinciales, a cargo de Transparencia Internacional, encuentra mejoras en 2015 respecto a la anterior edición: la nota media sobre un total de 80 indicadores de las 45 diputaciones sube a 81 sobre 100, frente a los 69 de 2013. Además, el índice bianual de la ONG pro transparencia recuerda que 15 diputaciones no pasan del aprobado en el área de cumplimiento con la Ley de Transparencia.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El 28 de abril de 2006 el de aquella portavoz del PP en el Parlamento, José Manuel Barreiro, registraba una enmienda a la totalidad del texto de la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. Según los conservadores, ya presididos por Alberto Núñez Feijóo, aquella norma no acercaba "novedad ninguna". Pese a aquella enmienda a la totalidad y pese a llegar a calificarla de "ridícula" el PP acabó votando a favor de la norma que, por primera vez, le imponía a la Junta obligaciones como la publicación de los salarios.

La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicación de la Ley de Transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de información, pero nada más hacerlo reciben un aviso: los plazos están suspendidos. Nadie va a tramitar esa petición hasta que el país recupere la normalidad.

El diario El País califica de "histórica" la Ley de la Transparencia, y hace suyo "el espíritu de la norma" para ofrecer a los lectores un canal más cómodo y rápido para tramitar las preguntas que estimen oportunas al Gobierno. "El acceso" al "portal de transparencia del Gobierno por ahora, resulta complicado", dice el diario de Prisa; por ese motivo, "para eliminar esas dificultades", El País ofrece una "herramienta sencilla en la que los lectores pueden hacer sus preguntas".

Las trabajadoras alemanas podrán a partir de este fin de semana conocer el sueldo de sus compañeros varones que realicen el mismo trabajo en aplicación de la ley de transparencia aprobada el pasado marzo por el Parlamento con el objetivo de reducir la brecha salarial. Denominada "ley para el fomento de la transparencia en las estructuras salariales", el grueso de la norma entró en vigor el pasado julio, pero su principal herramienta se aplicará desde este sábado. Es el derecho de los empleados, tanto hombre como mujeres, a pedir información

El martes, 13 de enero, la Mesa del Congreso estudiará un informe de la Secretaría General de la Cámara Baja sobre las posibles normas a aplicar al amparo de la Ley de Transparencia, para hacer de Las Cortes un lugar más accesible y abierto a los ciudadanos. Según fuentes consultadas, en dicho informe se planteará, entre otras medidas, la posibilidad de dar a conocer públicamente una parte de los Presupuestos del Congreso, lo que no ha ocurrido en toda la etapa democrática.

94 personas han presentado recursos ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) para mantener en secreto sus sueldos e identidades. TMB ha incumplido los plazos marcados por la GAIP para dar acceso a este diario a información contemplada en la Ley de Transparencia. La empresa pública de transportes desestimó llevar la resolución al Tribunal Superior, aunque no prevé cumplirla hasta cerrar el convenio del metro. rel: www.meneame.net/story/publicados-sueldos-directivos-tmb

El culebrón continúa y lleva camino de convertirse en el símbolo por excelencia de la cultura de la opacidad y del amiguismo que domina la Administración del Sr. Rajoy. Como recordarán nuestros lectores, la Fundación Hay Derecho preguntó al Ministerio del Interior, al amparo de la Ley de Transparencia, “qué personas habían sido nombrados en el último año comisarios honorarios”. El Ministerio respondió que siete personas ajenas al cuerpo sin precisar quienes eran. O

Página 33 del programa electoral del PSOE para las elecciones del 10 de noviembre. «Aprobaremos una reforma de la ley de Transparencia, sobre la base de la experiencia acumulada en sus seis años de vigencia, y aprobaremos su Reglamento para hacerla efectiva». Las buenas intenciones del PSOE en periodo electoral chocan con los hechos

El edil de Turienzo Castañero, Víctor Manuel Núñez Tercero llegó a mentir al Comisionado de Transparencia asegurando que había facilitado la información al club deportivo que la requería, pero una grabación de la reunión con el colectivo demostró lo contrario

Al amparo de la Ley de Transparencia, lamarea.com solicitó a Defensa los expedientes por diferentes comportamientos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas. Al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería, en 2019. Un año después, y después de que lamarea.com lo desvelara, el Ministerio de Defensa sancionó a tres militares por una falta leve.

La publicación de los datos de patrimonio está contemplada en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, pese a su entrada en vigor el 10 de diciembre pasado, no se ha hecho pública ninguna relación de bienes. Ese retraso ha motivado una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Meritxell Batet y una ofensiva de la izquierda para asegurar la ‘transparencia’ en el Gobierno de Rajoy.