El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado este miércoles que "es evidente que se está abusando de la acusación popular en algunos procesos" y se ha mostrado partidario de arbitrar medidas para modificar esta figura. Durante un desayuno organizado por Europa Press el fiscal general ha sido preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular.

Cuando conoces el sistema es fácil distinguir cada punto del proyecto de LOPJ que ha sido diseñado para disciplinar y sojuzgar la independencia del Poder Judicial y, por ende, asegurar una mayor impunidad para aquellos a los que el poder político determine. Un misil al centro mismo de la democracia.

Todas las Asociaciones Judiciales (con la sola excepción de la APM) denuncian el paso atrás en la Administración de Justicia que supondría la entrada en vigor del Anteproyecto de LOPJ. Incrementa el número de aforados. No favorecerá la persecución de los delitos de corrupción. Limita la libertad de expresión a los jueces. Supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, etc

El ministerio de justicia pretende eliminar todos los partidos judiciales y dejar juzgados solo en las capitales de provincia. Lejos de ahorrar, tal medida supondrá un coste inasumible para los españoles. Con la LOPJ las capitales de provincia perderán las Audiencias, las ciudades los Juzgados y los pueblos todo.

Seis vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado un escrito solicitando que este órgano consultivo inste al Gobierno a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por considerar que la nueva regulación "choca frontalmente" con los mandatos de la Constitución como la independencia y la inamovilidad de los jueces y su sumisión únicamente al imperio de la Ley.

El alto tribunal critica el anteproyecto de LOPJ. El informe elaborado por los miembros del tribunal rechazan la idea de prohibir a los jueces y a sus asociaciones valorar asuntos pendientes. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) elaborado por el Ministerio de Justicia en el que se plantean dudas de constitucionalidad respecto de algunos preceptos, como el de jurisprudencia vinculante de este órgano, y otros condicionan la independencia.

En el texto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)aprobado de forma definitiva este miércoles por el Congreso se incluye que los puestos de trabajo de secretarios judiciales del Tribunal Supremo sean todos de libre designación, según ha denunciado el sindicato de representación de este colectivo SISEJ. La modificación fue introducida a instancias del Gobierno a última hora mediante enmienda en el Senado.

La PCIJ insta al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los vocales del CGPJ por el Parlamento,para que los 12 vocales jueces sean elegidos por los 5.500 componentes de la carrera judicial bajo la máxima “un juez,un voto”,para acabar con la politización del órgano de gobierno de los jueces; advierte del grave riesgo que para la separación de poderes entraña régimen jurídico actualmente vigente, pues entrega a la política la totalidad del gobierno del Poder Judicial. No sólo ha redundado..

El objetivo, a falta de concretarse, podría ser cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que los 12 miembros propuestos previamente por los jueces no requieran de una mayoría cualificada de tres quintos y valga sólo con mayoría absoluta.

El texto que negocian PSOE y Podemos permite renovar el máximo órgano de los jueces con menos votos. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos impone a ambos socios que las propuestas de ley se presenten conjuntamente, o al menos, con el acuerdo del otro partido. La formación de Pablo Iglesias tiene lista desde hace semanas una propuesta para reformar la LOPJ, pero no la ha presentado a la espera de consensuarla, o al menos consultarla, con los socialistas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) asigna a las salas de gobierno, que son órganos que cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. Entre sus funciones está aprobar las normas de reparto de los asuntos, proponer al CGPJ magistrados suplentes, actuar en materia disciplinaria o elaborar la memoria anual, pero no realizar análisis de contenido político o informes relativos a proyectos legislativos, sostienen magistrados y juristas consultados por elDiario.es. En este caso se trata de una crítica al…