Víctimas de violencia de género hay muchas más de las que aparecen o aparecerán nunca en las estadísticas. Se calcula que un 30% ni siquiera llega a denunciar. Sin embargo, un medidor de cómo evoluciona esta lacra en Castilla y León sobre víctimas que obtienen al año una orden de protección que les aleje de su agresor. Son los casos más graves, los que requieren medidas. Son historias con nombres y apellidos de mujeres cuya seguridad corre riesgo. Cada día cuatro castellanas y leonesas consiguen una orden de protección o una medida cautelar.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, cuenta ya con medidas de protección tras haber recibido amenazas desde que anunció su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han indicado a Efe fuentes del Ministerio del Interior, que han explicado que como se ha hecho con otros diputados, se han evaluado las amenazas que ha recibido y en función d

Las cifras son alarmantes. En los últimos diez meses, se registraron 216 femicidios en el país, y el 93% de los casos fueron cometidos por personas del círculo íntimo de la víctima, según datos del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio del Colectivo MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). El 22% de las mujeres que fueron asesinadas habían realizado denuncias y el 12,5% tenía alguna medida judicial de protección por ese motivo. En diez años, murieron 2.679 mujeres en la Argentina por violencia de género.

Es muy importante que tengamos presente que no estamos ante un problema de orden público sino de alerta sanitaria en el que no cabe suspender ninguno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución como: derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15); derecho a la intimidad (artículo 18.1), inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2), secreto de las comunicaciones (artículo 18.3); libertad de residencia y circulación (artículo 19); libertad de expresión y libertad de información (artículo 20.1, a y d), derecho de

Un supermercado de Torrevieja (Alicante) toma la temperatura corporal antes de entrar a todos los clientes, la mayoría británicos, alemanes, noruegos y españoles de avanzada edad a los que se intenta dar confianza y proteger de la pandemia del coronavirus.

Los clientes tendrán que dar sus datos cuando consuman en el interior de un restaurante y los establecimientos deberán instalar medidores de la calidad del aire

ha realizado esta reflexión en el II Congreso Internacional de Intervención e Prevención da Violencia de Xénero, celebrado en Santiago, donde también ha recordado a las 45 mujeres "asesinadas" en España a manos de sus parejas o exparejas. De hecho, ha precisado que, de estas 45 mujeres, sólo 14 habían denunciado a sus compañeros y, de estas 14, sólo ocho habían obtenido una medida de protección. A este respecto, ha lamentado que, en el momento del asesinato, sólo tres de estas ocho medidas estaban "vigentes".

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, por 341 votos a favor y ninguno en contra, la reforma de la Ley de Protección de Datos, ahora convertida en ‘Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales’, tras haber pasado el trámite en la Comisión de Justicia donde ya había recibido el apoyo de todos los grupos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Tutela Legal María Julia Hernández solicitaron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas de protección, ante una eventual ley que brindaría amnistías en El Salvador.

Las empresas están obligadas a adoptar medidas de limpieza, desinfección y ventilación adecuadas; a poner a disposición de los empleados gel hidroalcohólico, agua y jabón; a reordenar los puestos de trabajo y el uso de zonas comunes para garantizar una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros (o si no es posible, dar equipos de protección a los empleados); tomar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios; y la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo

Los médicos se han cansado de pedir el material de protección al Ministerio de Sanidad y han acudido a los tribunales al reclamar lo que la OMS considera que necesitan para desempeñar su labor, sin poner en riesgo su vida

El número de víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares que se inscribieron en 2017 subió por tercer año consecutivo y es la más elevada desde 2012. En total, se inscribieron 29.008 mujeres, un 2,6% más que en 2016, según el INE. Pese a la introducción de una ley específica sobre violencia de género 2004 y la firma de un pacto de Estado al respecto en 2017, decenas de mujeres siguen muriendo cada año a manos de sus parejas o exparejas: 51 el año pasado de las cuales sólo 12 había denunciado.

Permite la entrada durante 15 minutos de un único familiar, que podrá tocar al ser querido “exclusivamente la mano”, cumpliendo fuertes medidas de protección contra el coronavirus

La Agencia Española de Protección de Datos también ha detectado esta tendencia a tomar la temperatura “aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos”. En un comunicado publicado este jueves, la Agencia quiere mostrar “su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias”.

En el contexto de la pandemia es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas.

La progresiva salida del confinamiento y recuperación de la actividad económica y social está acelerando la implantación de medidas y el uso de tecnologías para detener el avance de la enfermedad; pero ¿puede cualquier persona tomarnos la temperatura y en cualquier lugar? No siempre. Tomar la temperatura o usar tecnologías de reconocimiento facial supone un tratamiento de datos personales y una injerencia tan intensa en los derechos de los afectados que debe estar perfectamente ajustada a la legislación.

La Federación Española de Protección Animal (FEPA), está compuesta por nueve entidades de protección animal unidas por un fin común: trabajar en un marco legislativo de protección animal y de concienciación ciudadana que sitúe a España en la vanguardia de la defensa de los derechos de los animales y garantice su protección efectiva de una manera homogénea en todo el país.

En agosto de 2020, la empresa Glovo fue multada con 25.000 euros, pero esta vez, el asunto no tenía nada que ver con los riders. Y es que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le sancionó por no tener un delegado de Protección de Datos (DPO) al que dirigir las reclamaciones. Hay que recordar que esta figura, que puede ser una persona física o jurídica, viene establecida en el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El fallo del recurso administrativo 1439/2020 fue dictado el 18 de noviembre de 2022.

El Reglamento General de Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de Mayo de 2.016 ("Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE"), trae consigo un giro copernicano de la Protección de Datos Personales tal y como la hemos conocido hasta ahora

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó hoy que Washington se reserva el derecho a ser proteccionista, si el comercio no es libre y justo. "No queremos ser proteccionistas, pero nos reservamos el derecho a ser proteccionistas si pensamos que el comercio no es libre y justo", dijo Mnuchin a los medios al término de la reunión de Finanzas del Grupo de los siete países más industrializados del mundo (G7) celebrada en la ciudad italiana de Bari.

Desde el 4 de abril, en la pagina de entidades certificadoras de Delegados de Protección de Datos (dPD) o DPD en inglés, que gestiona la Agencia Española de Protección de Datos ya no figura AENOR, al cumplir su acreditación provisional por un año y no lograr la definitiva. El asunto afecta directamente a 103 delegados de Protección de Datos, certificados por esta entidad, por lo que, en estos momentos, dicha acreditación no tendría validez legal.

El comienzo de la Desescalada ha reflotado una de las principales preocupaciones del siglo XX con la llegada de las tecnologías: la protección de datos. ¿Hasta qué punto puede el gobierno controlar o no nuestros movimientos o datos personales mediante el uso de las nuevas tecnologías? Estos sistemas deben cumplir una serie de requisitos para poder implantarse, sea el motivo que sea el que los justifique.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, propietaria del servicio ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa. En un comunicado, la AEPD explicó que la semana pasada solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) –del que la AEPD forma parte junto a otras autoridades de protección de datos– que ChatGPT se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), José Luis Rodríguez Álvarez, ha asegurado que "la normativa de protección de datos no impide publicar datos de morosos" con la Hacienda Pública, en relación con una de las medidas contra el fraude fiscal incluidas en el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley General Tributaria —incluida en la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015—.