Todo lo que aprendimos de Mercedes Alaya está en lo mejor y lo peor del ser humano, el haz y el envés, su tozuda valentía y su endiosada vanidad

Como es bien sabido, la jueza Alaya emprendió hace años una cruzada judicial basada en la idea preconcebida de que en torno a ciertos dirigentes del Partido Socialista andaluz se había organizado una trama de corrupción y favores que habría supuesto malversación de dinero público por miles de millones de euros.

El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha elevado una queja ante el CGPJ por los dos autos emitidos por la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante irregularidades por "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento". La queja se justifica "en defensa de las funciones del Parlamento andaluz gravemente lesionadas por la actuación" de la juez Alaya.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha considerado que el escrito remitido por el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, al Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en lo que respecta a este órgano autonómico, "era una actuación necesaria", "desde IU nos gustaría ver esto desde la normalidad, poniendo a cada uno en su sitio, y delimitando de manera adecuada los poderes públicos".

La juez Mercedes Alaya ha cumplido con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La Audiencia de Sevilla, en un auto cuya ponencia ha correspondido a la juez Mercedes Alaya, ha ordenado al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que tome declaración como investigado por presunta falsedad en documento público al notario A. S. F., que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de una ayuda de 2,5 millones al ex líder de Vox Francisco Serrano para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena, cuyas ayudas están siendo investigadas.

El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un inmueble a la federación estatal de Consumo y Hostelería de CCOO a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 60.471 euros que impuso de manera solidaria a dos sindicalistas.

La magistrada ha acusado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de proponer el refuerzo del Juzgado con dos jueces "sin tener el menor conociemiento de la situación actual" y alega que "la solución no son más jueces, sino más funcionarios". Así lo pone de manifiesto la magistrada en el informe que elevó el día 29 de abril al Alto Tribunal Andaluz para solicitar una comisión de servicio vinculada a las tres macrocausas, como son los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

Voy a decirlo de otra manera: el gobierno andaluz solo ha podido recuperar 1,2 millones de euros de los 855 millones que, en teoría, iban destinados a ayudar a empresas obligadas a despedir o a prejubilar trabajadores. La jueza Mercedes Alaya es quien ha calculado esa cantidad de destino incierto. El mayor fraude de la historia de España sigue sin resolverse y encima no aparece el dinero. Es una de las peores noticia del año.

Agrupación Justicia y Cultura, en colaboración con la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Con...

La 'Operación Barrado' de la Guardia Civil que ha destapado una red de "clientelismo político" en la Junta de Andalucía que propició un fraude masivo en los cursos de formación tiene como principales protagonistas a cuatro exalcaldes y seis antiguos concejales socialistas.

Los fiscales del caso ERE parecen compartir con la jueza el relato de lo sucedido, pero no su inverosímil hipótesis de que todo fue ideado y sostenido durante diez años por Chaves y una veintena de sus altos cargos.

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías...

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la empresa Fitonovo tenía "en nómina" a "multitud" de funcionarios "corruptos" que habrían recibido durante varios años "contraprestaciones sustanciosas" por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa "que han reportado a la empresa pingües beneficios".

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considera que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011. Relacionada: www.meneame.net/story/alaya-amplia-investigacion-ayudas-junta-durante-

¿Elige la jueza Alaya los momentos políticos oportunos para lanzar sus autos? Es la pregunta que siempre sobrevuela cada vez que la magistrada que investiga el caso ERE marca un nuevo paso en su dilatada instrucción, como ocurrió en distintas campañas electorales e incluso en la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz. “Alaya es una experta en marcar los tiempos políticos”, afirmó ayer el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.

Alaya busca en el edificio emblema de la Junta ayudas ilegales a UGT y CCOO La juez Mercedes Alaya busca en Torretriana, el mayor edificio con funcionarios de la Junta de Andalucía, nueva documentación que aclare posibles ayudas irregulares concedidas por el Gobierno andaluz al sindicato UGT

Daniel Alberto Rivera, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía e imputado en la indagación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar en la nueva ronda de comparecencias promovida por la juez Mercedes Alaya por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, aunque ha entregado un escrito en el que achaca a la juez Mercedes Alaya "omisiones y ocultaciones" de documentos

La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir "vulneración del principio de juez natural"... Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros

La jueza Mercedes Alaya niega cualquier tipo de relación entre su marido, Jorge Castro, y el administrador judicial del Betis Francisco Estepa. Según apunta la Cadena SER, la magistrada argumenta en sus anotaciones que "la imaginada relación está basada en bulos periodísticos". El citado medio ha aportado los documentos que demuestran que Estepa fue abogado del marido de Alaya, en la época que Jorge Castro estuvo imputado por cuestiones referente a su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez.

Alaya embarga 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta.El Juzgado de Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un total de 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía a fin de cubrir fianzas de responsabilidad civil que suman un total de 3.677.450 euros.