Desde hace ya unos años por estas fechas se empieza a hablar de que peligra la Sanidad Privada que ofrece el Estado a los funcionarios, a través del régimen especial de Muface. Es un caso curioso que tenemos en España y es que los funcionarios que están acogidos a Muface (no son todos) pueden elegir entre la Sanidad Pública y Privada (pero no ambas). El año pasado se congelaron las primas y este año parece que va a ser igual, con lo que las aseguradoras dicen (quizá para presionar) que puede que nadie se presente al concurso.

El secretario de Acción Sindical de CSIF, Eliseo Moreno, ha señalado este miércoles que el remanente de tesorería de la mutualidad de funcionarios del Estado Muface está "prácticamente a cero", después de que desde 2009 se haya visto mermado en 1.052 millones de euros. Además, en rueda de prensa, en la que también han participado el presidente del sindicato, Miguel Borra, y el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Antonio Labrado, Moreno ha precisado que "una hucha de más de 30 años de buena gestión se ha consumido..

La escasa financiación de Muface, el seguro de salud de los funcionarios del Estado, para el próximo año ya tiene su primera consecuencia: los beneficiarios de este modelo dejarán de poder ir a los mejores hospitales que hasta ahora ofertaban las dos grandes aseguradoras que cubren este seguro, Adeslas y Asisa.

Declara el ministro Montoro y el director general de MUFACE que los funcionarios que estamos en es esta entidad seguimos teniendo una sanidad plenamente garantizada y de calidad. Desde el primero de enero de 2015 se nos ha expulsado de los hospitales donde hasta ahora se nos venía tratando a los enfermos oncológicos, lo que nos está generando una gran inquietud y una gran dosis de estrés y ansiedad.

Desgraciadamente, el pasado 14 de septiembre nos comunicaban la muerte de una maestra en el Vallés Occidental por cáncer. En CCOO Educació detectamos que se trataba de un caso flagrante de desprotección de la beneficiaria de MUFACE y la mutua DKV, que recibió un trato inmoral hasta el mismo día de su muerte. Aportamos la carta del claustro de su centro...

El Gobierno ha preparado en la Ley de Presupuestos Generales aprobada en junio de este año (Disposición final sexta, pág. 196 y 197) algunas ayuditas a la centrifugadora de riesgos de Muface. La norma permitirá aumentar el colectivo mutualista pescando en el caladero de funcionarios autonómicos y de organismos autónomos. Estos funcionarios pertenecían hace años, décadas, a Muface pero en un momento determinado quedaron excedentes voluntarios y, por tanto, de baja en Muface.

Más de 11.000 recetas sin comprobante médicos, facturas duplicadas, pagos con sobrecostes. Son algunas de las irregularidades más flagrantes que el Tribunal de Cuentas detecta en la mutualidad de funcionarios Muface para el año 2015. En un informe que fiscaliza las prestaciones farmacéuticas gestionadas la aseguradora médica destaca el pago de más de 11.000 recetas irregulares, ya que requerían el visado de la inspección sanitaria.

Los funcionarios podrán elegir entre sanidad pública y privada gracias a cambios en el MUFACE.

Se trata de un funcionario jubilado que está asegurado por esta empresa a través de Muface, el organismo del Estado que gestiona las prestaciones sociales de los trabajadores públicos. Muface facilita la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios a través de conciertos que suscribe con el Sistema Sanitario Público o con seguros privados como en este caso. Un cargo de 175 euros en concepto “atención de urgencia” que DKV se niega a abonar porque el hospital de Alcalá no está concertado con la compañía y porque considera que el benefic

Vox propone un modelo mixto en la atención sanitaria, es decir, que el Gobierno dé la posibilidad de que el ciudadano, independientemente de si es funcionario o no, pueda elegir seguir siendo atendido por la sanidad pública o pasarse a la privada. El que decida seguir siendo atendido en el sistema público, continuará pagando sus impuestos para financiar la Seguridad Social como hasta ahora, mientras que el que lo haga a través de conciertos con aseguradoras, se beneficiará de una ventaja económica, a través de una desgravación.

Las mutuas estatales Muface, Mugeju e Isfas, a las que pertenecen obligatoriamente algunas funcionarias, militares, guardias civiles y juezas, no financian estos medicamentos en el caso de mujeres que no tienen pareja varón.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ya maneja los datos sobre el primer periodo de cambio de aseguradora de sus mutualistas en 2018. En esta ocasión han sido 47.815 los funcionarios que han decidido probar los servicios sanitarios de una entidad diferente a la que venían frecuentando en el último año, según los datos a los que ha tenido acceso en exclusiva Redacción Médica. El 80% de los mutualistas (de un total de 1.458.750 funcionarios) eligió la sanidad privada, mientras que en torno al 20% prefirió el SNS.

El Gobierno ha confirmado este lunes que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, permanece ingresada desde el domingo por la noche en la clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria y está a la espera de conocer el resultado del test de coronavirus que ya le ha sido realizado.Calvo, explican fuentes del Ejecutivo, acudió al centro privado de acuerdo "con los convenios de Muface, la mutualidad pública a la que pertenece" por ser funcionaria de carrera.

La vicepresidenta ha demostrado que confía más en los servicios y profesionales de la sanidad privada que en la pública que tanto defiende en sus discursos.

Tres mutuas ofrecen a más de 2 millones de funcionarios y sus familiares atención sanitaria privada pagada con fondos públicos. Muface tiene acuerdos con aseguradoras como Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV, cuyos proveedores son Quirón, Vithas, HM y otros grupos hospitalarios. Los mutualistas pueden elegir si quieren recibir atención en la sanidad pública o en la privada, aunque sólo pueden cambiar cada seis meses. Los defensores del modelo destacan la "satisfacción" de los usuarios, mientras los detractores denuncian que drena recursos públicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia su intención de eliminar el sistema de pensiones de más de 900.000 empleados públicos mediante el desmantelamiento de estas prestaciones a partir del día 6 de octubre. Este nuevo sistema de pensiones provoca, de momento, reacciones dispares. La idea es derivar las competencias de Muface, Isfas y Mugaju a la Seguridad Social, de forma que las competencias de la Seguridad privada pasen a manos de la Administración pública.

El colectivo de empleados y empleadas públicas dependientes del mutualismo administrativo (Muface) recibirán la vacuna del Covid-19 a partir del próximo mes de marzo, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. La vacunación se realizará desde las comunidades autónomas, con la creación de un registro único de control y seguimiento.

El año 2020, que se ha saldado con la destrucción de 360.000 empleos y ha dejado a 755.000 personas en ERTE, no ha sido tan negativo para el sector público, cuyo número de trabajadores -entre funcionarios y personal laboral- ha crecido un 6,22%. Las Administraciones Públicas se componen de empleados públicos afiliados a la Seguridad Social y de los trabajadores que no están dados de alta porque pertenecen a alguna de las tres mutualidades existentes: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE),