Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, organizaciones de defensa el patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos han creado una plataforma ciudadana denominada ‘No a este Plan Urbanístico’, que se presentará esta tarde en Madrid y cuyo objetivo es impedir que se apruebe el nuevo aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid capital en el que está trabajado el equipo de Gobierno de Ana Botella y dar a conocer a la ciudadanía lo que se pretende hacer con el municipio madrileño”.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar antes de las próximas elecciones municipales de 2015 avanza lento pero inexorable. La redacción del texto ha sido de muy largo recorrido, pero en el proceso por el que se ha hecho público e introducido modificaciones no todos se han sentido incluidos...

El nuevo plan urbanístico para Madrid, rechazado por la mayoría de partidos políticos y asociaciones vecinales, puede dar pie a la privatización de las dotaciones públicas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Plan Parcial del Área Homogénea 1 “Prado Palacio”. La sentencia anula un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid adoptado in extremis el último día con vigencia de la antigua Ley de Urbanismo, para intentar evitar que dicho Plan Parcial tuviera que justificar su necesidad e idoneidad. El TSJ lo justifica en que “no existe en el municipio necesidad para ampliar el suelo con destino residencial”.

EQUO Madrid ha calificado de vergonzoso que se siga alimentando la especulación inmobiliaria cuando hay casi 180.000 viviendas vacías en Madrid y reclama un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que recupere los espacios públicos y conserve el patrimonio histórico y cultural.

El Ayuntamiento se había propuesto aprobar un nuevo plan de ordenación urbana esta legislatura. Sin embargo, a falta de cinco meses para las próximas elecciones municipales, aún no lo ha aprobado inicialmente y el Consistorio ya ha asumido que no llegará a tiempo porque los "plazos van muy ajustados". Aun así, "la revisión del Plan General no se ha retirado; se sigue trabajando aunque no se llegue a la aprobación inicial", según han asegurado fuentes del Área de Urbanismo.

La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en la investigación del PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas urbanizables de la ciudad.

El alcalde de Alicante, Miquel Valor, ha anunciado este lunes que renuncia a seguir con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "dejar a un lado controversias" a un proyecto que se inició hace 14 años y por cuya tramitación están imputados los ex primeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

Tres son los espacios clave que se verán afectados por el plan: la ermita de Vera, el cementerio de Benimaclet y Sant Miquel dels Reis, declarado Bien de Interés Cultural. Josep Gabalda, integrante de Per L’Horta, asociación que defiende la huerta y que ha conseguido que todo el tejido social valenciano se haya movilizado para conseguir que la alcaldesa, Rita Barberà, retire el plan, explica lo “desastroso” del PGOU. “Desconectaría, por ejemplo, los parques naturales del río Turia con la Albufera, o bloquearía en sus dos extremos el pulmón ve

La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (APCV) han tildado de "vago, obsoleto y perezoso" el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valencia y han asegurado que la reducción de suelo urbanizable y aumento de las cargas de urbanización que recoge supondrá "incrementar los precios de la vivienda" en la ciudad.

El magistrado quiere saber qué parcelas y cuántos metros cuadrados de superficie pertenecen en realidad a Ortiz, pues las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esta pieza separada del caso Brugal revelaron en su día que también se refería a aprovechamientos urbanísticos y recalificaciones de otros terrenos dentro del futuro planeamiento propiedad de otras empresas o entidades como la extinta Bancaja.

El planeamiento se inició hace 14 años y, por su tramitación, están imputados los exprimeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

El tribunal desestima los recursos contra la anulación de la planificación urbanística dictaminada por el TSJA e impone las costas al Ayuntamiento y el resto de los recurrentes. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo fechada el 6 de mayo desestima los recursos de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), de 28 de febrero de 2011, que anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, por el que se aprueba definitivamente el PGOU de la localidad

El Tribunal Supremo ha ratificado la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gijon de 2011, que fue aprobado por el gobierno municipal de la socialista Paz Fernández Felgueroso. El fallo reafirma la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento de Gijón y varios constructores.

La sentencia afirma que no se comprende cuál puede ser la justificación de la modificación en un municipio con excedente de viviendas que no ha ejecutado las previstas en el planeamiento vigente y cuyas previsiones no tienen respaldo en un posible incremento poblacional.

Luis Álvarez Aller, el arquitecto imputado en el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid ha conseguido consolidar plaza como funcionario en el puesto de “técnico en políticas urbanísticas”, adscrito a la secretaría ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento. Álvarez Aller, para quien la Fiscalía pide una pena de cuatro años de cárcel por el citado caso de corrupción urbanística, es uno de los funcionarios (grupo A1, nivel 26) que participó del Concurso Específico de Méritos para la

Una empresa compra terreno rústico por 811.365 euros. Ayuntamiento modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la edificación. Un tribunal falla que la modificación del PGOU resulta ilegal. La empresa no puede construir y demanda al Ayuntamiento pidiendo una compensación de 17 millones de euros por lucro cesante. Nueva sentencia dicta que el Ayuntamiento debe compensar a la empresa pero deja en manos de un pericial la valoración "justa y proporcionada" de esa indemnización.

La asociación hace un llamamiento a la sociedad y a los colegios profesionales para obligar al Ayuntamiento a desarrollar un nuevo modelo de ciudadAdvierte que recurrirá de nuevo a los tribunales si se aprueba una modificación de la Ley del Suelo que mantenga vivo este PGOU, como ha pedido el PP

El titular del juzgado de Instrucción número 5, Manrique Tejada, ha citado hoy a las partes para darles traslado del auto de procesamiento por el que da por cerrada la investigación y plantea la apertura de juicio oral para los principales imputados. Además de Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz, entre ellos figura el hermano de Castedo, Jose Luis, su socio también abogado, Javier Gutiérrez, y el arquitecto que estuvo al frente de la redacción del PGOU, Jesús Quesada.

Este enlace es un reportaje en el que la página #AdoptaunCorrupto explica de forma sencilla, con documentos y con vídeos todas las claves de uno de los principales casos de corrupción de Alicante como es el amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Por este caso han sido imputados dos de los antiguos alcaldes que están todavía a espera de juicio.

Los exalcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se enfrentan a 10 años de cárcel por amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del constructor Enrique Ortiz, que se iba a aprovechar de un 'pelotazo' global de hasta 42 millones de euros. Los delitos de los que se les acusa son revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias

La denuncia por la alteración del Plan General de Ordenación Urbana se produjo en 2008 y el proceso judicial se ha demorado una década. Lo aprobado en el Pleno no coincidía con lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia: se habían manipulado planos para beneficiar a promotores. Había 88 artículos y cinco planos que cambiaban edificabilidades, calificaciones, normativa… y siempre en beneficio de constructores y promotores, la mayoría conectados entre sí a través de diferentes sociedades mercantiles.

El caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid ha pasado de tener 14 acusados a cuatro. El tribunal que enjuicia los hechos ha comunicado hoy el sobreseimiento libre por prescripción de delitos para 10 acusados, todos ellos constructores y promotores beneficiados por la alteración del documento. La herramienta más importante del planeamiento urbano de los municipios fue alterada intencionadamente para favorecer los intereses de los empresarios encausados.

La idea es modificar el documento urbanístico para permitir la edificación de un nuevo centro comercial en la misma parcela en la que está enclavada la fábrica de anchoas, también próxima a la ría de Brazomar. Sin embargo, desde Equo Cantabria han presentado alegaciones contra esta modificación, al entender que se han desoído importantes informes sobre el terreno que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y lo presentó el pasado mes de septiembre. El informe advierte de que el área es “de riesgo potencial significativo

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) ha recusado a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial designado para juzgar el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, donde está investigada y donde se cree que benefició al promotor Enrique Ortiz. Se trata de una de las 17 piezas separadas de la denominada operación Brugal.