El PP contradice la Constitución y admite que su cadena perpetua trata de evitar la reinserción de algunos presos, los de los "crímenes espeluznantes".Rafael Hernando pide desde la capilla ardiente del menor asesinado que el resto de grupos apoye la cadena perpetua ya en vigor que no evitó este crimen.Ciudadanos reclama "no derogar en caliente" la prisión permanente,a tres días de votar su resolución y la del PP contra la iniciativa del PNV para tumbarla.Esa modificación cambió el catálogo de penas -que en España ya eran de las más estrictas..

La ola de populismo punitivo obliga a acudir a los datos. La información disponible parece negar la utilidad de la cárcel. ¿La sociedad es más segura gracias a las prisiones o a pesar de ellas?

¿La cárcel debe tender a la desaparición? ¿Debe reducirse de manera drástica hasta quedar irreconocible? Quedar irreconocible, sin embargo, llegado el caso, requeriría a día de hoy una condición que no se cumple: que los ciudadanos supieran cómo es el recipiente al que van a parar los condenados. A unos metros de los “que se haga justicia” y “que se pudra en la cárcel”, hay un lugar al que casi nadie mira. El Estado, por su parte, cuando se fija, lo hace con los dos ojos estrábicos, concentrado en el populismo o el negocio.

Se podría describir brevemente el populismo punitivo como la utilización electoralista del Derecho Penal. Proponer modificaciones en las penas aplicadas a algunos delitos teniendo en cuenta las emociones y la alarma social que desatan determinados casos concretos en lugar de basarse en pruebas empíricas y datos.

...De nada sirve poner sobre la mesa estadísticas que demuestran, sin sombra de duda, que el aumento de penas (en España ya se pueden cumplir 40 años) no hace descender en absoluto el número de los peores delitos, por lo que el endurecimiento de castigos no protege ni más ni menos. Sin embargo, estos cambios impuestos en caliente y a golpe de emociones siempre terminan desprotegiendo a los segmentos más vulnerables de la población (las cárceles están pobladas de gente pobre), favoreciendo la impunidad del poder y recortando libertades básicas.

La derecha se entrega al populismo punitivo, mientras expertos y estudios desmontan su discurso sobre las supuestas bondades de la prisión permanente revisable. En España se dan las penas más duras de la UE; hay un 34% de personas encarceladas por encima de la media, pese a que la tasa de delincuencia es un 27% más baja.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre la inmunidad de Oriol Junqueras supone un nuevo “baño de realidad” para el Tribunal Supremo español. Son ya varias las ocasiones en las que distintas instancias judiciales europeas han pinchado la burbuja política-jurídica en la que se encuentran el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. En cada ocasión que esto ha sucedido, nuestro poder judicial ha puesto un parche y ha vuelto a inflar el globo.

Las navidades a las puertas y nos encontramos en una situación complicada: la incidencia acumulada ha superado con creces los 400 casos por cada 100 000 habitantes y la ocupación en las UCI va también en aumento. Con un escenario en el que las celebraciones ya están en marcha, nos invade el miedo y las preguntas al pensar en los días marcados en que nos juntaremos (¿nos juntaremos?) también con las personas más vulnerables.

En adición a los 4.1 millones de dólares del jueves pasado, el jurado ha decidido que Alex Jones deberá pagar adicionalmente 45 millones de dólares como daños punitivos. Wesley Ball, abogado de las víctimas, había pedido al jurado una suma de 150 millones de dólares para evitar que Alex Jones pueda reconstruir su plataforma mediática de difamación.

En todo el debate envenenado sobre la ley del ‘solo sí es sí’ hay una premisa errónea que conviene descartar: que una reforma penal solo es mejor si garantiza condenas más duras a prisión. En España eso que llaman ‘populismo punitivo’ goza de una salud excepcional. Es un planteamiento hegemónico. En los últimos años, todas las reformas del Código Penal se han hecho a golpe de titular. Casi siempre en una dirección: subir las penas, como una forma de demostrar que el Gobierno respondía ante ese difuso concepto de la “alarma social”.