El latigazo de la crisis sigue dejando su huella en Euskadi, a pesar de que la economía registra un tenue crecimiento tras una prolongada recesión y de que el mercado laboral ofrece síntomas de ligera mejoría, aunque muy inferiores a los del resto de España. La persistencia de un elevado nivel de paro y las serias dificultades económicas que atraviesan crecientes colectivos sociales han vuelto a situar en máximos históricos el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Los perceptores de RGI denuncian los recortes de las prestaciones que en “muchas ocasiones” se deben a fallos del personal de Lanbide al que culpan de “desinformación o información errónea”. Recriminan la retirada inmediata de la RGI en procedimientos judiciales por despido improcedente que no se resuelven hasta seis u ocho meses, “un tiempo en el que la gente tiene que vivir de la nada”.

¿No se le cae la cara de vergüenza con la noticia publicada hoy? "El yihadista vasco fallecido en combate en Siria cobró ayudas sociales hasta después de muerto", "El jóven marroquí Redouan Bensbih, empadronado en Barakaldo, percibió la RGI durante cinco años, en los que no residió en Euskadi durante largas temporadas. Lanbide le siguió ingresando 836 euros mensuales cuando ya había perdido la vida". ¿En base a qué cobraba este "vasco de adopción" los 836 euros mensuales, cuando viudas de cotizantes de más de 40 años no cobran ni la mitad?.

El periodista Alex Grijelmo recomienda diferenciar entre el significado de las palabras que decimos y el sentido que estas palabras adquieren al ser entendidas por un receptor. Según uno de los ejemplos que él mismo propone, si decimos “le dio una patada al balón y se rompió el cristal”, lo más probable es que quien escuche esta afirmación deduzca que el cristal se rompió como consecuencia de la patada, aunque esa relación no aparezca formulada en el enunciado. El cristal pudo haberse roto por cualquier otra causa

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, volvió a cargar tintas contra los colectivos de inmigrantes. «Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse», declaró el dirigente del PP y señaló «el escandaloso» caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que llegan al País Vasco. Según el último observatorio

Los titulares y beneficiarios de ayudas sociales que no trabajen podrán salir del País Vasco, incluso de España, durante un periodo máximo de 30 días. Es decir, el doble de lo establecido anteriormente, según adelantó EL CORREO el pasado domingo y el jueves anunció el líder de SOS Racismo en Álava, Fede García. El representante de este colectivo de inmigrantes dijo que habían llegado a un acuerdo «de sentido común» con Lanbide.

Hace unas semanas casi un centenar de personas, en su mayoría magrebíes y subsaharianos, beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -ayuda mensual que va desde los 662 euros hasta los 1.100 en casos puntuales- entregaron 2.000 firmas para que el Servicio Vasco de Empleo ampliara el límite para que los beneficiarios de esta ayuda puedan alargar dos semanas más el periodo de vacaciones, de 15 días hasta un mes.

El Gobierno vasco ha denunciado el uso de las redes sociales para difundir "rumores falsos" sobre el dinero que perciben personas inmigrantes a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de ayudas a familias, unas prestaciones a las que -según ha recordado- pueden acceder todas aquellas personas en situación de necesidad económica que cumplan con los requisitos exigidos, "sea cual sea su origen".El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a través de un comunicado, ha recordado que la cuantía máxima que puede cobrar una familia con

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, ha confirmado que el Gobierno Vasco ha reclamado a 10.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que devuelvan 56 millones de euros pagados de más. El Departamento de Juan Mari Aburto evita hablar de fraude y define estas anomalías como "cobros indebidos". Como ejemplos de estas irregularidades, las fuentes de este área del Gobierno Vasco se refieren a perceptores de la RGI que "trabajan tres días, un fin de semana o un mes y no se lo comunican a Lanbide"

El orden del día del pleno del Parlamento autonómico incluía el debate en torno a una moción del PP cuyo encabezamiento hablaba de la necesidad de «combatir el fraude en las ayudas sociales»..No obstante, el PP ha optado por «posponer» esta propuesta. Después de la retirada de este punto, se ha conocido que PNV, EH Bildu y PSE habían llegado a un acuerdo para no participar en el debate de esta propuesta, al considerar que estaba planteada en términos «trucados» y que forma parte de la campaña del PP para utilizar este debate para «estigmatizar»

Parodia de las medidas para cambiar la RGI presentadas por el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto.

Estos datos han sido facilitados por el consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, como respuesta a las preguntas formuladas por el parlamentario y alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), que desde hace meses ha abierto una polémica por el supuesto fraude en el cobro de las ayudas sociales, especialmente entre el colectivo magrebí. Un total 65.337 personas perciben en Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Alrededor de 80 personalidades del ámbito de la cultura y el deporte de Gasteiz, entre ellos Bernardo Atxaga, Toti Martínez de Lezea, Juanito Oyarzábal y los hermanos Pou, han firmado una declaración contra la campaña «discriminatoria» del alcalde, Javier Maroto (PP), hacia las personas inmigrantes.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha citado a declarar el próximo jueves al alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), por la denuncia que presentó SOS Racismo, que le acusa de los delitos de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros, entre otros.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz Javier Maroto, se ha ratificado en sus palabras sobre el supuesto fraude de la RGI en los inmigrantes. Dice que no va a pedir perdón.

Lo que ocurre es que no os lo quieren decir.

Casi 3.000 ciudadanos vascos tuvieron que recurrir a lo largo de este año a la renta de garantía de ingresos (RGI) como medio de subsistencia a pesar de disponer de un empleo remunerado

Patxi Gómez, el empresario que lidera la plataforma Ayudas+Justas, que recoge firmas para endurecer la RGI (Renta de garantía de ingresos), ha anunciado que deja la portavocía de la plataforma, tras desvelar GARA que tanto el Inem como la Seguridad Social le investigan por cobros indebidos de la prestación de desempleo e impagos.

Euskadi no ha escapado al fenómeno de los trabajadores pobres. Aquellos empleados que a pesar de tener un sueldo no pueden llegar a fin de mes. Cada vez son más los trabajadores que se encuentran en esta situación debido a la profundidad de la crisis. En un intento de que no se descuelguen del mercado de trabajo y traten de subsistir solo con las ayudas sociales, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) cuenta con los estímulos al empleo, es decir, que complementa esos bajos ingresos de los trabajadores.

Un macroperativo de la Ertzaintza peinó el domingo la ciudad de Vitoria a la caza de los presuntos miembros de la red que trae menores de Pakistán para vivir de las instituciones, una trama cuya existencia adelantó EL CORREO. Asimismo -confirmaron fuentes policiales- existen «suficientes indicios» de que esta organización también falsea documentos oficiales para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), las ayudas sociales mensuales destinadas a personas sin recursos, y que van desde los 616

Esta estafa, destapada por El Correo, por un lado falsificaba documentos para poder cobrar varias veces la RGI, llegando a estafar hasta 395.000€. Por otro lado, traían a menores desde Paquistán, a los que cobraban hasta 6.000€, y una vez en España los derivaban a los servicios sociales, donde se debían hacer cargo de ellos.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, cree que empezar a aplicar el sistema de huella digital a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es "estigmatizarles". A su juicio, "hay que partir del supuesto de que, no sólo son inocentes, sino que son personas a proteger y respetar", y hay que tratar de paliar su situación, mientras que ha destacado que "sospechosos son los que no reciben rentas y viven muy bien". Toña se ha referido, de esta forma, al planteamiento realizado por el parlamentario del PP y alcalde d

40 argelinos han sido detenidos en Álava por falsificaciones para cobrar ayudas sociales.

Un vecino de Gasteiz de 51 años ha presentado una denuncia contra el alcalde de la ciudad, Javier Maroto (PP), ante la Fiscalía de la CAV al considerar que el regidor le amenazó por no querer apoyar la campaña de «Ayudas+Justas», que busca endurecer el acceso a las ayudas sociales. El alcalde le puso la mano en el hombro y le dijo: «Majo, te van a caer 350 euros de multa. Ya verás que bien te sientan…».