El sistema penitenciario chileno sufre sin lugar a dudas de una profunda crisis que se ve evidenciada en los altos índices de delincuencia, en la nula reinserción y en la paupérrima seguridad y condiciones de vida de los privados de libertad. Esto ha sido fruto principalmente de la desidia estatal y de políticas públicas deficientes que se han centrado en gran medida en la tercerización de las cárceles en manos de privados y en la mera inyección de recursos a un sistema que se cae a pedazos.

Puede ser útil recordar algunos datos básicos sobre delincuencia y población reclusa en España hoy: El índice de criminalidad es el tercero más bajo de la Unión Europea:solo Grecia y Portugal bajan de los 44 delitos e infracciones por cada 1.000 habitantes de España. La tasa de homicidios es la segunda más baja de la Unión Europea,con 0,63% por cada 100.000 habitantes.Solo Austria mejora nuestra nota. Además,la evolución reciente es muy positiva:criminalidad ha caído 7,4 puntos desde 2005 y las muertes violentas en 2016 son un 43% menos..

Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha presentado el 'Informe sobre la Información Reclusa en la Comunidad Valenciana a 1 de junio de 2015' según los datos oficiales facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que desvela que las cárceles valencianas están al 163,60% de ocupación, muy por encima de su capacidad, con una población reclusa de 7.119 internos en los centros valencianos.

El término "iatrogenia" es utilizado en medicina para significar que una intervención médica resulta más gravosa que la misma enfermedad. En el siguiente post podrás ver como este término es perfectamente aplicable al sistema penitenciario chileno y al de muchos países de latinoamérica.

Entrevista a Lourdes Barón Jacques, Paula Hormigón y Altamira Guelbenzu pertenecen a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ). Su objetivo es la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, tales como el derecho a la libertad, igualdad, seguridad e integridad corporal. Trabajan asimismo por la erradicación de la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, y la abolición de los sistemas penitenciarios represivos

Sin DNI, sordomudo de nacimento, sin casa, sin historial sanitario, sin ayuda. Tiene entre 45 y 50 años y no consta en registro oficial alguno salvo para la administración de justicia. Los recientes intentos por darle identidad por parte de Cáritas Docesana de Sevilla se ven constatemente interrumpidos por sus continuas entradas y salidas de prisión pese a que, por muchas razones, la organización piensa que debería ser considerada como persona inimputable. Sufre ostracismo por parte de su propia familia.

La emergencia fue declarada con el “propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria”, señala el decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta. Al menos una docena de personas, de ellos cuatro menores, han muerto durante motines registrados en cárceles de “máxima seguridad” y centros de internamiento para menores en los últimos dos meses.

Siete de cada diez presos de cárceles españolas no vuelven a delinquir cuando salen en libertad y tres vuelven a ingresar, según ha informado este viernes el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que a su juicio refleja el buen funcionamiento del sistema

La Constitución española blinda la reinserción como la base del sistema penitenciario. Interior defiende que solo el 19% de los reclusos reincide, pero ¿es realmente ese número un éxito o hay margen para hacer mejor las cosas?

67 cárceles de España (incluyendo todas las más importantes de España) contarán a partir de hoy con vigilancia privada en el exterior (perimetral, control de cámaras y accesos), generalizándose así la experiencia piloto que inició Interior el año pasado. En el 2013 se contrató por parte del Ministerio del interior a 250 vigilantes privados para hacerse cargo de la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, incrementando dichos efectivos a partir de mañana, con un total de 800 vigilantes privados que cobran por horas.

Más de cuarenta Estados de USA albergan prisiones de "super-máxima seguridad" para convictos particularmente violentos o de mala conducta. Pero el gobierno federal dirige una única "Supermax", la notoria instalación penitenciaria de máxima seguridad en Florence, Colorado.

El consumo de sustancias ilegales y la victimización, es decir, las agresiones verbales y físicas, son dos fenómenos frecuentes y relacionados estadísticamente en los centros penitenciarios, donde más del 50 % de los reclusos lo padecen. Así lo revela una encuesta a más de 400 internos en cárceles de Castilla-La Mancha. Los autores plantean adoptar medidas preventivas y mejorar la vida en prisión.

Por el momento, parece que su sistema está funcionando. El 84% de los que han pasado por la isla no vuelven jamás a violar la ley. Según datos del instituto noruego de criminología, la tasa de reincidencia es del 16%. En Europa el promedio se sitúa en el 70/75% y en EEUU bordea el 80%.

Los medios de control dentro como fuera de las prisiones están siendo cada vez más sutiles y efectivos. ¿Para qué instalar cámaras de video vigilancia? ¿Para qué contratar más carceleros y policías? Si tenemos a muchos que realizan el trabajo gratis. Con gran votación ciudadana están ahí para mantener el actual orden imperante, están en todas partes; puede ser tu vecino de casa o celda de al lado el posible delator.

Cinco años después de que ETA abandonase la violencia, el gobierno del PP se niega a mover fichas en las cárceles. Uno de los ejemplos más notorios se traduce en kilómetros: la política de dispersión, puesta en práctica a principio de los años noventa, sigue tan vigente como entonces. Tampoco ha habido cambios en torno a los reclusos gravemente enfermos, que continúan en prisión. De los 351 presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale que existen actualmente, sólo dos están en cárceles del País Vasco.

Fuente: Consejo Europeo.

Dado que los empleadores de todo el mundo se enfrentan a una escasez de mano de obra provocada en parte por el regreso de los trabajadores migrantes a sus países de origen, algunos buscan una alternativa: los prisioneros.

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por el 'caso Naranjax', ha obtenido su primer permiso penitenciario, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las víctimas de los delitos más graves podrán desde este miércoles, con la entrada en vigor del Estatuto que regula sus derechos, exponer su opinión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria antes de que éste decida sobre la libertad condicional, el cambio de grado o los beneficios penitenciarios de sus agresores. Permite, además, que se recurra la decisión final del magistrado en delitos de terrorismo, homicidio, aborto, lesiones, torturas, trata de seres humanos, robo con violencia, contra la integridad moral o contra la la libertad sexual.

Instituciones Penitenciarias ha asignado a los hermanos Ignacio y Pablo González la misma celda en la prisión Madrid V de Soto del Real, han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. Ambos hermanos se encuentran en el módulo adaptado para internos de mayor edad, sin medidas antisuicidio y sin comunicaciones intervenidas.

Soraya Durey Lafuente, mujer presa en el Centro Penitenciario Puig de les Basses, en Figueres ha iniciado una huelga de hambre y líquidos debido a las condiciones inhumanas a las que las presas están sometidas diariamente. Hoy es su sexto día. Soraya y el resto de presas afirman que Puig de les Basses es con gran diferencia el peor centro penitenciario por el que han pasado. Se encuentran sometidas a cacheos constantes, escasa por no decir nula programación de actividades socioeducativas, se sienten en una situación abandono total y soledad

Instituciones Penitenciarias ha ordenado que los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución ingresen en cinco centros penitenciarios, aunque ninguno de ellos es Soto del Real. Junqueras y Forn ingresarán en Estremera; Turul y Romeva en Valdemoro; Rull en Navalcarnero; Mundó y Vila en Aranjuez; Bassa y Borras en Alcalá Meco