El giro inesperado de los socialistas avala el mecanismo de arbitraje entre inversores y países (IDS) La principal crítica a estos tribunales internacionales de arbitraje se dirige a su composición: la última palabra la suele tener un experto en comercio internacional del sector privado.

El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. “Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos”, subrayan desde Ecologistas en Acción.

Los orígenes de los tribunales de arbitraje se remontan al primer tratado de protección de la inversión entre Alemania y Pakistán en 1959.Su origen es colonialista.“Son un pilar fundamental de la lex mercatoria que da mucha seguridad jurídica a las multinacionales,pero al que no pueden acudir las pequeñas y medianas empresas o la propia sociedad civil”.No hay igualdad ante la ley,algo incompatible con el Estado de derecho,ya que comunidades o estados agraviados por estas empresas no pueden denunciarlas ante estos tribunales.Hasta 2018 ha habido

Al menos 24 países ya han sido demandados en tribunales de arbitraje por inversores extranjeros en más de 40 litigios relacionados con la fiscalidad.

Bankia ha ganado un arbitraje, en el que también participaban entidades como BBVA o Abanca, contra Sareb, en relación a los bonos emitidos por el 'banco malo' para hacer frente al pago de determinados activos transmitidos y por el que la sociedad presidida por Jaime Echegoyen daba por hecho que se aceptaría un cupón negativo. Concretamente, el tribunal de arbitraje ha concluido que el cupón trimestral de los bonos sénior de las Emisiones 2017-3 y 2018-1 no puede ser negativo y debe quedar limitado al 0%.

Aunque la tendencia al norte de los Pirineos es la contraria, favoreciendo y fomentando el uso del arbitraje para resolver problemas entre las empresas, en España, como siempre, somos diferentes, y las empresas en mayor medida acuden a los Tribunales, saturando todavía más si cabe los Juzgados.

Se cuenta que un gobierno, por una circunstancia o por otra, a veces se ve obligado a romper un compromiso adquirido. Por poner un ejemplo, imaginemos que un gobierno como el de Argentina que debido a una compleja situación financiera, no puede hacerse cargo de su deuda, y se obligado a hacer una especie de suspensión de pagos y renegociar esa deuda mediante una quita.

España continúa batallando en los arbitrajes internacionales por el recorte a las renovables. Y hasta ahora, con escaso éxito. La última actuación ha sido recusar a un tribunal de arbitraje entero, incluyendo el árbitro que había designado España, en uno de los arbitrajes pendientes más importantes, el que enfrenta a España con un grupo de bancos regionales alemanes (Landesbanken, similares a las cajas de ahorros) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.

El proceso de litigios por la resolución de Banco Popular inicia una nueva dimensión. El grupo mexicano que lidera Antonio del Valle, ex consejero del banco, ha iniciado el proceso de arbitraje internacional contra el Estado español. Los abogados del magnate alegan una falta de protección a las inversiones internacionales, El objetivo de este grupo es obtener una compensación por reparación de su inversión y daños causados por el Gobierno de España. La solicitud de arbitraje ya ha sido comunicada a España, que tendrá 30 días para responder,

Estos tribunales internacionales compiten entre sí para que las grandes compañías y los estados decidan llevar sus conflictos a sus cámaras y que sean los árbitros suscritos los que dicten los laudos. Estas reclamaciones por laudos internacionales son un ejemplo de los miles de casos que cada año se litigan, al margen de los tribunales de justicia, en algunas de las cortes de arbitraje más importantes del mundo. De París a Estocolmo y de Washington a Singapur, estos son los principales tribunales de arbitraje donde las grandes corporaciones y l

A diferencia de lo que ocurrió con las preferentes, el Gobierno no tiene intención de poner en marcha un arbitraje para que los afectados por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) recuperen sus ahorros, cuando se cumplen casi tres años y medio desde que fue intervenida la entidad alicantina. Se da la circunstancia de que el actual ministro de Economía,Luis de Guindos,y entonces máximo responsable en España de Lehman Brothers,fue el encargado en persona de presentar en Alicante las cuotas participativas de la CAM

El M. de Economía está estudiando la puesta en marcha de un proceso de arbitraje “para dar una salida ágil y seria” a aquellos pequeños inversores que se vieron afectados por la salida a Bolsa de Bankia, tras la sentencia del Supremo que confirma que el banco entonces presidido por Rodrigo Rato salió a Bolsa con un folleto que no reflejaba su realidad económica.El 15MpaRato, plataforma personada en la causa de la Audiencia Nacional contra el banco, rechaza cualquier tipo de acuerdo extrajudicial y aconseja a los minoristas demandar..

El Estado español ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, indicaron fuentes cercanas al proceso.El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy.Al realizar las inversiones..

El auge del arbitraje como medio de resolución de disputas en las últimas décadas se debe en gran medida a los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo internacional entre dos o más Estados que tiene por objetivo incentivar el intercambio comercial y las inversiones económicas entre ambos países. Esto se consigue en gran medida mediante la liberalización recíproca de varios sectores económicos y la reducción o eliminación de aranceles a los productos provenientes de los países suscriptores.

El pasado 31 de octubre, un grupo de empresas alemanas y suizas presentaron la que ocupa el lugar número 29 de las demandas de arbitraje instadas contra España...

El arbitraje por los recortes a las renovables que perdió España a mediados de febrero no era el primero, ni tampoco el más cuantioso. Sin embargo, su casuística particular le convierte en una amenaza para los casi 30 pleitos que está librando el Gobierno contra inversores internacionales. La preocupación por este asunto es de primer nivel. La Abogacía del Estado tiene la difícil tarea de contener a fondos que reclaman más de 7.500 millones de euros.

La Comisión Europea (CE) considera ilegales los mecanismos de arbitraje entre Estados e inversores previstos en tratados bilaterales entre países de la Unión Europea o en la Carta de la Energía, lo que llevaría a la anulación de los laudos por las renovables a favor de inversores europeos en España.

Dicho arbitraje se desarrollará bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Unicitral), han confirmado hoy a Efe fuentes conocedoras de la situación. Según la misma fuente, Sacyr considera que las actuaciones de Panamá contravienen sus obligaciones, según el acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, y con esta vía busca reforzar la protección de sus derechos.

La propuesta de descalificación solicitada por España del árbitro Eduardo Zuleta, presidente del tribunal en el arbitraje de la alemana Steag GmbH contra España administrado por el Ciadi, ha sido rechazada por el resto de los componentes de la terna.

La vía judicial no siempre es una necesidad para resolver un conflicto, especialmente cuando estos conflictos intervienen entre un consumidor y una empresa. Una buena alternativa, en este caso, es el arbitraje de consumo.

En los últimos meses se han conocido varias sentencias contra España emitidas por tribunales internacionales de arbitraje al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo de inversión multilateral, que abarca específicamente el sector de la energía, fue firmado por medio centenar de países de Europa y Asia en 1994 con el objetivo de facilitar a las empresas transnacionales europeas el control de la integración de los mercados energéticos de Europa Oriental y Asia Central y asegurar los suministros.

La descentralización forma parte de la propia naturaleza de este mercado y las fluctuaciones de valor no se ven afectadas por la crisis ya que si bien los criptoactivos han tenido una menor cotización, la volatilidad no hace más que favorecer las estrategias de arbitraje.

Ahora que se ha anulado el laudo contra España en el asunto #Eiser (128 millones de euros) de energías renovables, por la parcialidad de Alexandrov, conviene recordar que no es un caso aislado sino que las puertas giratorias son una clave del sistema. Aquí va un artículo sobre los árbitros en los arbitrajes de inversiones

La Comisión Europea ha iniciado este lunes una investigación en profundidad sobre el laudo arbitral por el que España debe pagar una compensación a Antin, por el caso de los recortes en las renovables, después de que el CIADI le reconociera en 2018 una indemnización de 112 millones de euros. Las dudas de Bruselas se centran en la conformidad del arbitraje a los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE.