Hay 'negocio' con la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Un negocio no legítimo y que abraza el triple fraude, pero que es toda una práctica actual. Es obvio que la protegida no contempla en el espíritu de su ADN sacarle partido económico más allá de lo que fija la ley. No obstante, los sobreprecios han brotado en las últimas fechas. Quienes venden, perfiles de personas entre los 45 y 50 años, en su mayoría, marchan a una vivienda libre. Son los mismos que, hace dos décadas, se beneficiaban de unas cualidades especiales para acceder a

Durante el primer trimestre de 2016, una vivienda protegida fue de media un 34,2% más barata que una libre, según datos del Ministerio de Fomento. Es decir, la diferencia entre el precio de una VPO y el de una vivienda libre cada vez es mayor. Sin embargo, como recoge Idealista, hay 12 provincias de España y una comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) donde, aunque sorprenda, la vivienda protegida acaba siendo más cara que la vivienda libre.

La cuestión que está en el aire es por qué se edifican tan pocas viviendas sociales destinadas a las rentas más bajas cuando ayudarían a cubrir la necesidad de muchas personas que todavía tienen muy difícil conseguir un hogar a precios asequibles, especialmente tras el alza desorbitada de los alquileres. Una asignatura pendiente, la de la vivienda protegida, que “el Gobierno no aborda en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,, que se cierra en falso en lo referente a la vivienda social, de la que prácticamente casi no dice nada”...

El acceso a la vivienda está siendo uno de los principales ejes de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Pese a ello, la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) revela que en 2022 apenas 9.221 viviendas protegidas de planes estatales y autonómicos obtuvieron la calificación definitiva en España, es decir, 19 por cada 100.000 habitantes.

Euskadi es la única comunidad autónoma con la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. En el resto de España, la duración del período de calificación (tras el cual las viviendas protegidas se convierten en pisos libres) más extendido es de 30 años, aunque hay comunidades que lo dejan en 20

La creación de un parque público de vivienda en alquiler es uno de los principales objetivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que este lunes, además de impulsar la nueva Ley la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, ha hecho hincapié en la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo del 50% para esta tipología dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

El acceso a la vivienda representa un problema de estado en España. Sobre todo, para las generaciones jóvenes. Ante esta situación, las miradas se vuelven a la vivienda protegida.

Después de reducir la inversión en vivienda protegida en un 90% desde el 2009, el gobierno gallego insiste en querer liquidar un proyecto de vivienda protegida para jóvenes en el centro de Santiago; para construir en la parcela (a 400m de la Catedral) pisos de promoción privada y llevar las protegidas a las afueras de la ciudad. Para justificar esa medida, la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, ahora niega que los apartamentos proyectados destinados a alquiler para jóvenes sean viviendas.

La Comisión Europea acepta la denuncia presentada por el PSOE a primeros de octubre contra la venta de más de 1.800 viviendas protegidas a un fondo ‘buitre’ por la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP).

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella testificará el próximo viernes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión de Blackstone en una operación en la que supuestamente no se aplicó la normativa vigente de contratación.

El alto tribunal da la razón a la Comunidad de Madrid frente a una pareja con tres menores a su cargo que no pudo pagar el alquiler, después de que Encasa Cibeles comprara miles de viviendas sociales al gobierno regional. El alto tribunal fija jurisprudencia y establece que cuando te toca por sorteo una vivienda de protección, la administración no te reconoce "un derecho abstracto e indefinido a tener una vivienda pública en arrendamiento con opción a compra".

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid denuncia los planes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para las viviendas de protección. Según la organización, los precios máximos que el Ejecutivo pregende fijar para estos inmuebles supera, en muchos municipios, el valor de mercado medio por el que se puede comprar una casa.

El pliego de condiciones dice que el adjudicatario "se compromete a destinar todas las parcelas a la construcción de vivienda protegida" en virtud de un convenio firmado en 2008 con Defensa, su anterior propietario. Sin embargo, la mayoría de la superficie que se va a enajenar, un 62% del total, será para pisos sin ningún tipo de protección; el comprador asume "cualquier responsabilidad" derivada del incumplimiento del acuerdo con Defensa.

Los miembros de la cooperativa Vitra piden a la Entidad Pública Empresarial de Suelo que les dejen pagar el proyecto para comenzar a construir su casa. El plan de viviendas en un barrio madrileño lleva atascado desde hace casi un año, después de que la anterior dirección del organismo estatal presentara una demanda para recuperar la titularidad del suelo.

Realia se hace con otras 195 viviendas de protección pública para alquiler en el municipio madrileño de Tres Cantos

El Consistorio de Las Rozas otorga un contrato de 3,4 millones de euros a una empresa para construir 29 chalés; hay que aportar, de entrada, casi 200.000 euros para participar en la cooperativa. La fórmula elegida para hacer pasar por asequibles chalés de más de medio millón euros es la de Vivienda con Protección de precio Limitado (VPPL), una previsión legal de los tiempos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para que no solo las rentas más humildes optasen a rebajas inmobiliarias.

El decreto, que de este modo entra en vigor este mismo viernes, se produce tras las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía, en Sevilla, y que ayer provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación que se retomará este viernes.

Fidere-Blackstone adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público en Torrejón de Ardoz a finales de 2014 y su gestora eleva ahora el canon para calentar el agua un 246%, La empresa encargada, que pide una fianza y una cuota fija mensual nueva, asegura que los inquilinos "estaban pagando por debajo de costes porque la propietaria subvencionaba los precios". Los vecinos explican que cuentan con placas solares que apoyan la producción de calor para estos suministros.

A la Sareb solo le quedan seis años y medio para desprenderse de todos los suelos e inmuebles que tiene en su poder, heredados de las quebradas cajas de ahorro españolas. Ese es el plazo oficial dispuesto para conseguir disolver el bautizado como «banco malo», que nació con el objetivo de recuperar el dinero de los contribuyentes gastado en el rescate de las entidades. ¿Cómo? Vendiendo los activos inmobiliarios embargados. La gestión ha sido un fiasco.

El 22 de mayo se publicitaron cuatro operaciones para subastar parcelas por 11 millones que se resolverán con el nuevo equipo de Gobierno. Los terrenos están diseñados para vivienda protegida y de mercado libre, tanto en régimen colectivo como casas unifamiliares. Madrid convoca concursos también a última hora para la gestión del mobiliario urbano durante 12 años y la compra de cascos para la Policía .