Hubo un tiempo en que el 90% de los hogares que accedían a una primera vivienda en España lo hacían gracias a una Vivienda de Protección Oficial (VPO). En 2023, ya no se trata de que comprar un piso sea complicado, es que ni siquiera el alquiler es una opción para muchos. La estrategia para dar respuesta al drama habitacional ha dado un giro de 180 grados. El ambicioso objetivo de que la bolsa de alquiler social sea el 20% del parque de vivienda implicaría apostarlo todo al alquiler, lo que difícilmente dejaría hueco para la VPO en propiedad.

Algunos pisos construidos antes de 2003 pueden venderse como libres, como un polémico caso en Atotxa, en San Sebastián. Eso sí, conviene asegurarse de que estén libres del derecho de superficie para evitar perderlos en el futuro

Vecinos de Pino Montano pidieron la intervención de Fomento ante la opción de compra "impuesta" por la empresa arrendadora de las viviendas, que amplía a septiembre el plazo si la quieren ejercitar

El fondo buitre Fidere, filial de la firma estadounidense de capital riesgo Blackstone, hizo un negocio redondo en 2013 en España. Cerró operaciones de compra de vivienda pública gestionada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP. El mayor negocio fue con el Consistorio madrileño, cuya alcaldesa era Ana Botella: 1.860 viviendas por 130 millones de euros. Según la propia empresa, "El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias al cierre del ejercicio 2017 ha ascendido a 1.011.293.608 euros".